Las autoridades de Bahréin han intensificado de forma radical sus medidas de represión contra personas consideradas críticas al citar en los últimos cinco días para ser interrogadas por la Fiscalía a 32 personas, contra la mayoría de las cuales se han presentado cargos; así lo ha declarado Amnistía Internacional, menos de una semana antes de la sesión de examen de los derechos humanos del país por la ONU en Ginebra, el 1 de mayo.
Entre las personas afectadas hay defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, profesionales del derecho, un periodista y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, lo que suscita el temor de que hayan sido elegidas en un intento deliberado de impedirles criticar a Bahréin antes y durante el próximo examen del país por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de disuadir a otras de hacerlo.
“La intensificación de la represión contra disidentes en Bahréin de los últimos días es muy alarmante y pone de manifiesto los escandalosos extremos a los que están dispuestas a llegar las autoridades bahreiníes para silenciar las críticas a su historial de derechos humanos”, afirmó Samah Hadid, directora adjunta de campañas de la oficina de Amnistía Internacional en Beirut.
“El momento elegido, justo una semana antes de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU examine la conducta del país en materia de derechos humanos, indica sin duda que es parte de un intento deliberado de impedir que quienes expresan críticas de manera pacífica denuncien el historial del gobierno en Ginebra.”
La intensificación de la represión contra disidentes de Bahréin de los últimos días es muy alarmante y pone de manifiesto los escandalosos extremos a los que están dispuestas a llegar las autoridades bahreiníes para silenciar las críticas a su historial de derechos humanos.
Samah Hadid, directora adjunta de campañas de la oficina regional de Beirut
Al menos 24 de las 32 personas citadas fueron acusadas posteriormente de “reunirse ilegalmente” en Duraz, población situada al oeste de la capital, Manama, en octubre de 2016 y marzo de 2017. Algunas de ellas fueron citadas por la unidad para delitos de terrorismo de la Fiscalía. Las acusadas han negado los cargos, declarando que no estaban presentes en Duraz en esas fechas. La mayoría no son residentes de Duraz y desde el 20 de junio de 2016, las autoridades prohíben la entrada en la población de quienes no viven en ella. Aparentemente, estos cargos guardan relación únicamente con su ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y cualquier persona encarcelada por ese motivo sería considerada preso o presa de conciencia.
A ocho de las personas acusadas se les comunicó que se les habían impuesto sendas prohibiciones oficiales de viajar, y hasta el momento se ha impedido salir del país a cuatro.
Desde junio de 2016, se ha prohibido viajar al extranjero a decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos, y Amnistía Internacional considera probable que se impida salir del país a todas las personas citadas y acusadas en la última semana.
“Los cargos formulados contra estas personas carecen de fundamento y no son más que una estratagema para castigar a los defensores y defensoras de los derechos humanos —y a otras personas que expresan críticas de forma pacífica— por denunciar el rápido deterioro de la situación de estos derechos en Bahréin. El mundo no debe quedarse de brazos cruzados mientras Bahréin prosigue con su calculada campaña para perseguir a activistas de derechos humanos, opositores políticos y cualquiera que se atreva a hablar sobre los derechos humanos”, concluyó Samah Hadid.
“La comunidad internacional y, en concreto, los aliados de Bahréin, como Reino Unido y Estados Unidos, deben pedir a las autoridades que garanticen que se retiran los cargos y se levantan las prohibiciones de viajar. Toda persona que desee participar en la sesión sobre Bahréin del Consejo de Derechos Humanos debe poder viajar a Ginebra.”