El 21 de diciembre, integrantes de la Policía Nacional allanaron las instalaciones de la Federación Interprovincial de Centros Shuar – Ficsh en Morona Santiago y detuvieron a su director Agustín Wachapá.
Su detención se suma a una serie de hechos de violencia, hostigamiento y presión por parte de las autoridades estatales hacia miembros del pueblo indígena Shuar en razón de su oposición a un proyecto de explotación de cobre en la zona de Morona Santiago.
Además de la detención del defensor Agustín Wachapá, el 20 de diciembre el Ministerio del Interior presentó una denuncia en contra de la organización local Corporación Acción Ecológica acusándole de hechos violentos al promover en sus redes sociales información sobre los posibles impactos medioambientales que se derivarían de las actividades extractivas en la zona y, también, al poner de manifiesto las posibles violaciones de derechos humanos que dicho proyecto implicaría.
Bajo ese procedimiento administrativo, Acción Ecológica corre el riesgo de ser clausurada antes de que acabe el año.
“El gobierno ecuatoriano debe proteger a los Shuar frente los ataques a su comunidad, no imponer estados de emergencia ni detener a los líderes indígenas. Estos actos de intimidación sólo contribuyen a aumentar la tensión y poner en riesgo la vida de más personas”, señaló María José Veramendi, investigadora para América del Sur de Amnistía Internacional.
El gobierno ecuatoriano debe proteger a los Shuar frente los ataques a su comunidad, no imponer estados de emergencia ni detener a los líderes indígenas. Estos actos de intimidación sólo contribuyen a aumentar la tensión y poner en riesgo la vida de más personas
María José Veramendi, Investigadora para América del Sur para Amnistía Internacional
Amnistía Internacional llama a las autoridades ecuatorianas a respetar escrupulosamente el debido proceso legal a Agustín Wachapá y las insta asimismo a cesar el estado de emergencia y los actos de hostigamiento en la localidad de Santiago Morona. La organización también insta al Ministerio del Interior a que desista de su solicitud de extinción y disolución de Acción Ecológica; a garantizar su debido proceso en sede administrativa y a cumplir con las recomendaciones formuladas en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre “Protección de los defensores de los derechos humanos, ya sean personas, grupos o instituciones, que trabajan en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales”.