La excarcelación ayer de la artista y activista iraní Atena Farghadani es un paso largamente demorado para reparar la injusticia de que ha sido víctima, y debe venir acompañada de la liberación inmediata e incondicional de otros artistas y activistas pacíficos que permanecen entre rejas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
“La excarcelación de Atena Farghadani constituye una victoria jurídica y moral para ella, y alienta los esfuerzos de los activistas de todo el mundo para hacer campaña por la liberación de otros presos y presas de conciencia en Irán, así como para pedir que se reformen las injustas leyes utilizadas, para empezar, para ponerlos entre rejas”, ha manifestado Magdalena Mughrabi, directora adjunta provisional del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Aunque es momento de celebración, es fundamental que el mundo no olvide que Atena Farghadani no debería nunca haber sido encarcelada, y que muchas otras personas como ella siguen consumiéndose entre rejas o viven bajo la amenaza de la cárcel por ejercer pacíficamente sus derechos.”
Aunque es momento de celebración, es fundamental que el mundo no olvide que Atena Farghadani no debería nunca haber sido encarcelada.
Magdalena Mughrabi, directora adjunta provisional del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional
La excarcelación de Atena Farghadani se ha producido después de que un tribunal de apelación de Teherán redujera drásticamente su condena original de 12 años y 9 meses de prisión a otra de 18 meses, ya cumplidos en su mayoría. No obstante, el tribunal dejó en suspenso durante cuatro años una pena de tres años de prisión impuesta por “insultos al líder supremo de Irán”, lo que significa que, durante ese periodo, la amenaza del encarcelamiento penderá sobre Atena Farghadani. Las autoridades iraníes recurren a menudo a las condenas condicionales para crear un clima de temor y para coaccionar a activistas, periodistas y otras personas con el fin de que guarden silencio o ejerzan la autocensura.
Atena Farghadani fue condenada el 1 de junio de 2015 después de que un Tribunal Revolucionario la declarara culpable, tras un juicio flagrantemente injusto, de cargos tales como “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”, “difusión de propaganda contra el sistema”, “insultos al líder supremo de Irán” e “insultos a miembros del Parlamento mediante pinturas”.
Todos los cargos se derivaban de las actividades pacíficas de esta mujer, entre las que se encuentran reunirse con familias de presos políticos o criticar a las autoridades en las redes sociales y a través de su trabajo artístico (que incluía una caricatura en la que se satirizaba a miembros del Parlamento iraní por examinar proyectos de ley que restringen el acceso a la contracepción voluntaria y los servicios de planificación familiar).
En agosto de 2015, Atena Farghadani, en una nota sacada clandestinamente de la prisión, dijo que las autoridades la habían forzado a someterse a una “prueba de virginidad”. En 2016, las autoridades confirmaron que la habían sometido a esas pruebas. Practicar “pruebas de virginidad” es un acto sumamente discriminatorio, que atenta contra la dignidad de las mujeres y su derecho a la integridad física y mental, y que se ha reconocido como una violación de la prohibición de la tortura y otros malos tratos.
En diciembre de 2014, mientras estaba en libertad bajo fianza, Atena Farghadani publicó un mensaje en vídeo que describía cómo unas guardias penitenciarias de la prisión de Evin la habían golpeado, insultado y obligado a desnudarse para un registro corporal.
“Las autoridades iraníes tienen que compensar 18 meses de espantosa injusticia, y deben empezar investigando la tortura y otros malos tratos infligidos a Atena Farghadani, incluida la ‘prueba de virginidad’ a la que se vio forzada. También deben garantizar que se anulan su declaración de culpabilidad y su condena condicional”, ha manifestado Magdalena Mughrabi.
Otros activistas perseguidos y encarcelados
La excarcelación de Atena Farghadani se ha producido en un momento en el que decenas de personas se enfrentan a duras penas de prisión impuestas por su activismo pacífico de derechos humanos. Entre ellas se encuentran Atena Daemi, Omid Alishenas, Saeed Hosseinzadeh y Asou Rostami, todos ellos detenidos más o menos al mismo tiempo y que han sido condenados a penas de prisión severas tras juicios flagrantemente injustos por cargos similares a los de Atena Farghadani.
“La declaración de culpabilidad y las condenas de todos estos jóvenes activistas deben ser anuladas de inmediato, y las autoridades iraníes deben dejar de usar la amenaza del encarcelamiento para acallar a la nueva generación de activistas iraníes”, ha manifestado Magdalena Mughrabi.
“Como es evidente, la liberación de presos no es más que un primer paso: las autoridades iraníes también deben reformar las represivas leyes del país, que desde hace ya demasiado tiempo vienen utilizándose para reprimir la disidencia. Mientras esas leyes sigan vigentes, los activistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos seguirán en peligro de ser encarcelados por el mero hecho de expresar sus opiniones.”
Información complementaria
En su resolución de abril de 2016, el Tribunal de Apelación de Teherán confirmó la pena de 18 meses de prisión impuesta a Atena Farghadani por “difundir propaganda contra el sistema”, pero absolvió a la artista y activista del cargo de “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”. La pena de nueve meses de prisión por “insultos a miembros del Parlamento mediante pinturas”, “insultos al presidente” e “insultos a funcionarios de prisiones” se conmutó por una multa.
El Código Penal Islámico de Irán, aprobado en mayo de 2013, tipifica como “delitos” actos imprecisos, como “difundir propaganda contra el sistema”, “provocar inquietud en la opinión pública”, “insultar a santidades islámicas” y “pertenecer a un grupo ilegal”. Estos “delitos” se utilizan a menudo para restringir el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Tales leyes y prácticas son contrarias a las obligaciones internacionales de Irán, incluidas las que ha contraído en virtud de los artículos 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.