Las 40 condenas a muerte impuestas hoy en Irak tras un juicio colectivo con graves irregularidades ilustran un temerario desprecio por la justicia y la vida humana, según ha manifestado Amnistía Internacional, y hacen que el total de condenas a muerte dictadas en 2016 se acerque al centenar.
Los tribunales iraquíes han impuesto al menos 52 condenas a muerte desde el 1 de enero de 2016. Hoy, otras 40 personas han sido condenadas a muerte al dictarse la sentencia de un destacado juicio antiterrorista en Bagdad.
“El hecho de que los tribunales iraquíes hayan impuesto 92 condenas a muerte en tan sólo seis semanas es un sombrío indicador del actual estado de la justicia en el país”, ha manifestado James Lynch, director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“La inmensa mayoría de los juicios han sido flagrantemente injustos, y muchos de los acusados afirman haber sido torturados para hacerles ‘confesar’ los crímenes. Es preciso investigar con urgencia estas denuncias, y ordenar un nuevo juicio que cumpla las normas internacionales sobre juicios justos.”
El hecho de que los tribunales iraquíes hayan impuesto 92 condenas a muerte en tan sólo seis semanas es un sombrío indicador del actual estado de la justicia en el país.
James Lynch, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África
El juicio de hoy afectaba a 47 personas acusadas de estar implicadas en la masacre de Speicher, en la que al menos 1.700 cadetes del campamento militar de Speicher, cerca de Tikrit, fueron brutalmente masacrados por integristas del grupo armado autodenominado Estado Islámico en junio de 2014.
La Autoridad Judicial Federal iraquí confirmó que 40 personas habían sido condenadas a muerte en virtud de la ley antiterrorista de 2005, y que 7 habían sido puestas en libertad por falta de pruebas.
Las autoridades iraquíes dictaron más de 600 órdenes de detención en relación con la masacre de Speicher. El Tribunal Penal Central de Irak anunció a continuación que agruparía todos los casos relativos a los crímenes de Speicher en un solo caso, y abrió así la puerta a juicios colectivos.
En julio de 2014, 24 hombres fueron condenados a morir ahorcados, en virtud de la ley antiterrorista de 2005, en relación con la masacre.
“Estos juicios colectivos y acelerados suscitan serias dudas sobre si las autoridades iraquíes desean realmente descubrir la verdad sobre estos abominables ataques, o si simplemente quieren crear la ilusión de que se ha hecho justicia. Una vez más, vemos cómo los derechos humanos fundamentales se pisotean en el afán de las autoridades por eludir los juicios justos en nombre de la seguridad nacional”, ha manifestado James Lynch.
Amnistía Internacional insta a las autoridades iraquíes a detener la ratificación de las condenas a muerte, y a declarar de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte.
Una vez más, vemos cómo los derechos humanos fundamentales se pisotean en el afán de las autoridades por eludir los juicios justos en nombre de la seguridad nacional.
James Lynch
Información complementaria
En Irak, para que se pueda ejecutar una condena a muerte, el presidente del país tiene que ratificarla. El ex presidente Yalal Talabani se negó a ratificar ninguna condena a muerte, lo que generó una acumulación de más de 600 casos pendientes.
El año pasado, el nuevo presidente, Fuad Masum, se vio sometido a considerables presiones por parte de parlamentarios y de la opinión pública para que ratificara condenas a muerte, especialmente tras la masacre de Speicher. En la Oficina de la Presidencia se creó un comité especial para gestionar los casos pendientes. En julio de 2015 Amnistía Internacional pidió al presidente iraquí que detuviera la ratificación de condenas a muerte que prepararía el terreno a las ejecuciones. Muchas de las personas condenadas a muerte han sido juzgadas en juicios flagrantemente injustos.