Según un informe de Amnistía Internacional Luxemburgo publicado hoy, la existencia de normas y políticas insuficientes e incompletas sobre la financiación del sector armamentístico hace difícil impedir que los bancos financien, e inviertan en, la producción y transferencia de armas prohibidas internacionalmente o empleadas para cometer violaciones graves de derechos humanos.
El informe, titulado Banks, arms and human rights violations, analiza las deficiencias del sector financiero de Luxemburgo a la hora de establecer normas, políticas y procedimientos destinadas a frenar eficazmente el apoyo financiero a las actividades relacionadas con las armas.
Al mismo tiempo que los bancos luxemburgueses están en el punto de mira, las conclusiones y recomendaciones del informe son también aplicables a otros países de la Unión Europea y de otras regiones.
“La financiación y la inversión no son actividades neutrales; determinan y facilitan la actividad económica, incluso en el sector armamentístico. Los bancos y otras instituciones financieras desempeñan un papel crucial en los esfuerzos globales para frenar la fabricación, transferencia y uso de armas prohibidas internacionalmente y el uso de armas convencionales autorizadas para cometer violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”, afirmó David Pereira, presidente de Amnistía Internacional Luxemburgo.
La financiación y la inversión no son actividades neutrales; determinan y facilitan la actividad económica, incluso en el sector armamentístico. Los bancos y otras instituciones financieras desempeñan un papel crucial en los esfuerzos globales para frenar la fabricación, transferencia y uso de armas prohibidas internacionalmente y el uso de armas convencionales autorizadas para cometer violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
David Pereira, presidente de Amnistía Internacional Luxemburgo
El derecho internacional prohíbe estrictamente la fabricación, almacenamiento, transferencia y uso de ciertos tipos de armas, como las armas biológicas y químicas, las minas terrestres antipersonal y las municiones de racimo, consideradas ilegales de forma permanente y en cualquier circunstancia. También prohíbe la transferencia y uso de armas convencionales para cometer violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y crímenes de derecho internacional como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
“Los Estados tienen obligaciones y responsabilidades en virtud del derecho internacional de garantizar que no son cómplices en la comisión de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluso en la financiación de la producción de armas. Los bancos podrían incurrir asimismo en responsabilidad cuando proporcionan financiación o hacen inversiones que respaldan actividades relacionadas con armas prohibidas internacionalmente y armas empleadas para cometer crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos”, añadió Gabriela Quijano, asesora jurídica de Empresas y Derechos Humanos del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional.
Conclusiones clave
El informe muestra que, pese a sus obligaciones internacionales, Luxemburgo no ha prohibido expresamente todas las operaciones financieras relacionadas con armas prohibidas internacionalmente o armas convencionales empleadas para cometer crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos. Las únicas excepciones son las restricciones a las actividades de financiación relativas a las municiones de racimo y armas destinadas a actividades terroristas.
La investigación muestra también la falta de transparencia en las políticas y procedimientos del sector financiero sobre las actividades financieras relacionadas con las armas. Sólo dos de los siete bancos principales que operan en el país con los que se puso en contacto Amnistía Internacional Luxemburgo facilitaron a la organización una política pública sobre financiación e inversiones en el sector armamentístico.
Aparentemente, a menudo los bancos objeto del estudio no entendían del todo sus obligaciones legales y responsabilidades en materia de derechos humanos. Incluso cuando las obligaciones legales no están aún implementadas en la legislación nacional, los bancos que operan en Luxemburgo deben cumplir las normas internacionales vigentes. Las empresas deben respetar los derechos humanos con independencia de las obligaciones y leyes del Estado en esta materia.
“Una legislación nacional insuficiente no es excusa para que el sector financiero de Luxemburgo no adopte y aplique políticas y procedimientos adecuados sobre la financiación del sector armamentístico”, declaró David Pereira.
El informe identifica asimismo lagunas significativas en los procedimientos de control interno de los bancos para las transacciones relacionadas con las armas. Las deficiencias detectadas por Amnistía Internacional Luxemburgo (como la inadecuada diligencia debida respecto del cliente y la falta de formación de los empleados) concuerdan con las observaciones realizadas por la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo. Toda política responsable sobre financiación e inversión en el sector armamentístico exige unos procedimientos de control interno eficaces para detectar y prevenir transacciones relacionadas con armas prohibidas internacionalmente o de armas que llegan a usuarios finales no autorizados y que se están usando para cometer o facilitar la comisión de violaciones graves de derechos humanos o crímenes de derecho internacional.
“Este informe ha revelado la ausencia de salvaguardias que impidan que los bancos financien armas prohibidas internacionalmente o armas empleadas para cometer violaciones graves de derechos humanos o crímenes de derecho internacional. Confiamos en que nuestras conclusiones impulsen un debate firme entre el sector financiero, las autoridades y la opinión pública en general, tanto en Luxemburgo como en otros países, sobre cómo abordar este grave desafío y garantizar que los bancos no son cómplices de estas violaciones”, concluyó Stan Brabant, director de Amnistía Internacional Luxemburgo.
Confiamos en que nuestras conclusiones impulsen un debate firme entre el sector financiero, las autoridades y el público en general, tanto en Luxemburgo como en otros países, sobre cómo abordar este grave desafío y garantizar que los bancos no son cómplices de violaciones graves de derechos humanos o crímenes de derecho internacional.
Stan Brabant, director de Amnistía Internacional Luxemburgo
Recomendaciones
Amnistía Internacional pide a Luxemburgo que prohíba estrictamente las actividades financieras relacionadas con armas cuya fabricación, almacenamiento, transferencia y uso violen el derecho internacional. También deberá adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar la aplicación y el cumplimiento eficaces de esta prohibición y, en concreto, definir las obligaciones profesionales aplicables a los bancos y sanciones por el incumplimiento de estas obligaciones.
Los bancos que operan en Luxemburgo deben reforzar sus políticas y procedimientos:
- comprometiéndose, en políticas que deberán hacerse públicas, a poner fin a todas las actividades financieras ligadas a armas prohibidas internacionalmente o empleadas para cometer o facilitar la comisión de violaciones graves de derechos humanos o crímenes de derecho internacional;
- adoptando todas las medidas adecuadas para cumplir las obligaciones internacionales, mediante la implementación de procedimientos de diligencia debida para detectar riesgos y prevenir la financiación de armas prohibidas internacionalmente y garantizando que sus actividades financieras no contribuyen a que se comentan violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional; y
- reforzando las obligaciones contractuales con sus clientes y proveedores para garantizar que todas las transacciones cumplen las obligaciones y normas internacionales relativas al control de armas.
Información complementaria
La organización se puso en contacto en el curso de esta investigación con los siguientes siete bancos: Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Banque Internationale à Luxembourg, Banque de Luxembourg, Banque Raiffeisen, BGL BNP Paribas, ING Luxembourg y KBL European Private Bankers.
El ámbito del informe fue limitado debido a la información disponible y a las políticas sobre comunicaciones de los bancos incluidos en la muestra. La información se recabó por medio de entrevistas y de correspondencia a través de servicios de mensajería y del correo electrónico entre febrero de 2013 y marzo de 2015.
La investigación de Amnistía Internacional no trató en esta fase de corroborar o confirmar si la información facilitada por los bancos coincidía con las prácticas reales de inversión y financiación.
Luxemburgo fue uno de los primeros países que firmaron y ratificaron el Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014. Además, es Estado Parte en la Convención sobre las Armas Químicas, la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal y la Convención sobre Municiones en Racimo. Sin embargo, Luxemburgo no ha implementado aún muchos compromisos internacionales clave sobre control de armas.