Un mes después de la declaración de la ley marcial en Tailandia no parece vislumbrarse el final de las violaciones de derechos humanos , ha advertido hoy Amnistía Internacional.
Desde que el ejército declaró la ley marcial el 20 de mayo de 2014 se han restringido con dureza los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y la ampliación de las facultades de detención ha desembocado en la detención arbitraria de unas 511 personas, activistas políticos entre ellas, aunque la mayoría estuvieron detenidas sólo unos días.
“Sacrificar derechos humanos por motivos políticos nunca es un precio que valga la pena pagar; el Consejo Nacional para la Paz y el Orden de Tailandia debe garantizar que se protegen los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Debe poner fin a las detenciones arbitrarias y al enjuiciamiento de quienes hacen críticas pacíficas”, ha declarado Richard Bennett, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“Ya es hora de que el ejército de Tailandia anule las órdenes represivas de redacción imprecisa que ha dictado, muchas de las cuales vulneran las obligaciones contraídas por Tailandia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.
La suspensión de las protecciones constitucionales y salvaguardias sobre detenciones ha ido en detrimento del respeto a los derechos humanos y del Estado de derecho, y podría haber contribuido a la desaparición forzada de al menos una activista.
No se tienen noticias de Kritsuda Khunasen, destacada activista política, desde que, según informes, fue detenida en la provincia de Chonburi, al sureste de Bangkok, la capital, el 28 de mayo.
Se emplean cada vez más la detención arbitraria, la denegación de la libertad bajo fianza y el enjuiciamiento como medidas para impedir a la gente que denuncie la situación política. Cientos de personas —más del 90 por ciento de las cuales son aliados políticos o simpatizantes del gobierno anterior, así como intelectuales y periodistas— han sido detenidas arbitrariamente tras ordenárseles que se presentaran ante las autoridades.
No presentarse ante las autoridades constituye ahora un delito, y quienes se han presentado y han sido puestos en libertad son amenazados con el enjuiciamiento si realizan actividades que se perciban contrarias a la toma del poder por los militares.
Las autoridades han acusado formalmente a sus detractores de actos de disidencia pacífica en aplicación de la legislación de seguridad y de leyes que restringen severamente los derechos humanos, lo que vulnera las obligaciones internacionales contraídas por Tailandia. El uso de las redes sociales para convocar manifestaciones e incluso indicar con un “me gusta” ciertas publicaciones en Facebook podría ser considerado delito.
Las autoridades también están acelerando los enjuiciamientos en aplicación de la ley de lesa majestad —que penaliza las críticas a la monarquía— y niegan la libertad bajo fianza a quienes están acusados formalmente en virtud de esta ley.
Más allá de silenciar directamente a los medios de comunicación, las restricciones están creando un ambiente de autocensura e incertidumbre sobre la libertad de expresión que no contribuye a la libre participación en los debates sobre la reconciliación y el futuro político de Tailandia.
“La serie de medidas represivas impuestas en Tailandia ofrece una sombría perspectiva de la situación de los derechos humanos bajo la ley marcial. Las autoridades militares deben revocar inmediatamente estas restricciones y dejar de detener y enjuiciar a activistas por ejercer pacíficamente sus derechos humanos”, añadió Richard Bennett.
Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades para que hagan públicos la identidad y el paradero de todas las personas detenidas en aplicación de la ley marcial. La organización pide la libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas sólo por ejercer pacíficamente sus derechos humanos a la libertad de expresión y de reunión. Todas las personas sospechosas de haber cometido un delito reconocible deberán ser acusadas formalmente y enjuiciadas por los tribunales ordinarios en actuaciones que cumplan las normas internacionales sobre imparcialidad procesal.