Debe anularse la sentencia dictada contra un destacado activista saudí condenado hoy por denunciar la situación de los derechos humanos en su país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, en plena oleada de represión contra los grupos que defienden los derechos.
Fowzan al-Harbi, miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, fue condenado a siete años de prisión y a un periodo de igual duración de prohibición de viajar por un tribunal de la capital, Riad, tras haber sido declarado culpable de una serie de cargos falsos relacionados con su trabajo de derechos humanos.
“Fowzan al-Harbi ha sido acosado implacablemente por atreverse a cuestionar el historial de derechos humanos de las autoridades saudíes”, ha manifestado Said Boumedouha, director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Su condena debe anularse de inmediato, y Fowzan al-Harbi debe salir libre del juzgado. Para empezar, no debería haber sido juzgado.”
Al-Harbi fue declarado culpable de varios “delitos”, entre ellos “quebrantar la lealtad” al gobernante al convocar protestas, criticar a las autoridades y participar en la fundación de una “organización no autorizada” (que se entiende que es la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos).
Este activista, de 36 años y padre de dos hijos, llevaba detenido arbitrariamente desde el 26 de diciembre de 2013, cuando un juez ordenó su detención sin ofrecer motivo alguno.
Quedó en libertad el 23 de junio, un día antes de ser declarado culpable, y en estos momentos está libre en espera del resultado de su apelación.
Sin embargo, el juez insistió en que firmara una declaración en la que se comprometía a no publicar nada en los medios sociales ni relacionarse con otras personas hasta que la sentencia se considere definitiva tras la apelación. Fowzan al-Harbi permanece en peligro de detención arbitraria.
Arabia Saudí ha procesado repetidamente, con total impunidad, a activistas de derechos humanos, y la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos es la que más ha sufrido la represión.
La organización, establecida en octubre de 2009, desató las iras del gobierno al informar sobre violaciones de derechos humanos y ayudar a familias de personas detenidas sin cargos a entablar causas judiciales contra las autoridades.
Desde entonces, muchos de sus miembros fundadores han sido encarcelados.
“La persecución a la que el gobierno saudí somete a la Asociación y a sus miembros ilustra su cruel desprecio por los derechos humanos. En lugar de castigar a los activistas, las autoridades deben abordar de manera constructiva sus críticas al historial gubernamental de derechos humanos y los defectos del sistema de justicia. El gobierno debe trabajar con los activistas para cumplir su compromiso de realizar una reforma fundamental del sistema de justicia del país”, ha manifestado Said Boumedouha.
“La injusta declaración de culpabilidad y condena de Fowzan al-Harbi, que le impide no sólo escribir en cualquier medio sino también relacionarse con otras personas, está pensada para enviar a otros activistas un mensaje de advertencia: que en Arabia Saudí no tienen cabida la disidencia, la libertad de expresión o las críticas a la injusticia.”
Información complementaria
Fowzan al-Harbi había estado siendo investigado por la Oficina de Investigación y Enjuiciamiento desde el 11 de mayo de 2013.
Su juicio comenzó el 4 de diciembre de 2013, y en él se enfrentó, entre otros cargos, a los de “incitar a la desobediencia al gobernante al convocar manifestaciones”, “firmar documentos que incitan a la opinión pública contra las autoridades”, “describir Arabia Saudí como un ‘Estado policial’”, “acusar al poder judicial de ser incapaz de administrar justicia”, “ser cofundador de una organización no autorizada” (que se entiende que es la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos) y “hacer caso omiso de las decisiones judiciales que ordenan su disolución”.
Fowzan al-Harbi es, hasta el momento, el último miembro de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos condenado por el gobierno saudí por cargos similares.
Dos cofundadores de la Asociación, el Dr. Abdullah al-Hamid y el Dr. Mohammad al-Qahtani, fueron condenados el 9 de marzo de 2013 a 10 y 11 años de prisión, respectivamente, seguidos de prohibiciones de viajar de la misma duración.
El tribunal también ordenó el desmantelamiento de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, la confiscación de sus bienes y el cierre de sus cuentas en redes y medios sociales.
Otro miembro fundador, Issa al-Hamid, hermano del Dr. Abdullah al-Hamid, está siendo juzgado actualmente ante el Tribunal de lo Penal de Buraydah, en el norte de Riad, por cargos similares.
Un tercer hermano, el Dr. Abdulrahman al-Hamid, fue detenido el 15 de abril de 2014. Primero estuvo recluido en régimen de incomunicación, antes de ser trasladado a la prisión de Al Qassim, en Buraydah, donde actualmente permanece recluido sin cargos ni juicio.
El miembro más joven de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, Omar al-Sa’id, de 22 años, fue condenado el 12 de diciembre de 2013 por un tribunal penal de Buraydah a cuatro años de prisión y 300 latigazos. También se le impuso una prohibición de viajar durante cuatro años, que se empezará a aplicar cuando haya cumplido su condena.
Abdulaziz al-Shubaily, quien, además de Issa al-Hamid, es el único miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos que aún no ha sido condenado y encarcelado, ha sido convocado por la Oficina de Investigación y Enjuiciamiento en varias ocasiones.
Se teme que los dos sean pronto condenados a largas penas de prisión.