El Congreso mexicano debe aprobar una reforma al Código de Justicia Militar que obligaría al personal militar implicado en violaciones de derechos humanos contra civiles a enfrentarse a una investigación y un juicio dentro del sistema de justicia civil , declaró hoy Amnistía Internacional.
La reforma propuesta, fue aprobada la semana pasada por el Senado y será debatida y votada esta semana por la Cámara de Diputados, justo antes de que termine la actual legislatura.
“Aprobar esta reforma del Código de Justicia Militar sería una decisión histórica. Hasta ahora, la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia militar ha garantizado la impunidad, alejando a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército mexicano”, dijo Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.
Con los años, personal de las Fuerzas Armadas sospechosos de haber cometido malos tratos y tortura, homicidios, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos, han escapado a la justicia de forma rutinaria.
“El proyecto de ley representa un importante avance en la protección de los derechos humanos, y es el resultado de años de campaña y el litigio por las organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas”, dijo Rupert Knox.
“El sistema de justicia civil está lejos de ser perfecto, pero ofrece mejores garantías para las víctimas y sus familiares garantizándoles la verdad, la justicia y la reparación, en línea con las normas internacionales de derechos humanos”.
La reforma es parte de las medidas de México para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Rosendo Radilla, Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y Teodoro Montiel – Rodolfo Cabrera, quienes sufrieron una serie de graves violaciones de derechos humanos a manos de personal militar en las últimas décadas.
Sin embargo, Amnistía Internacional cree que la reforma no alcanza el pleno cumplimiento de estos juicios dado que las violaciones de derechos humanos cometidas contra el personal militar por otros miembros de las fuerzas armadas no están cubiertas por la reforma y se mantendrán dentro de la jurisdicción de los tribunales militares.
También existe la preocupación de que la reforma deja la puerta abierta a los fiscales militares y policías que llevan a cabo las investigaciones de delitos comunes a aumentar su papel en el sistema de justicia penal.
“En las reformas posteriores, instamos al gobierno mexicano y la legislatura a aceptar que las víctimas militares también merecen igual protección de la ley y a que se haga frente a estos problemas”, dijo Rupert Knox.