La nueva legislación antiterrorista presentada al presidente de Egipto para su aprobación es sumamente deficiente, por lo que se debe eliminar o revisar totalmente, ha manifestado Amnistía Internacional.El 3 de abril se remitieron al presidente provisional de Egipto, Adly Mansur, dos proyectos de ley antiterrorista que podrían aprobarse en cualquier momento y que confieren las autoridades egipcias mayor poder aún para amordazar la libertad de expresión y encarcelar a sus opositores y críticos. “Estas leyes sumamente deficientes pueden utilizarse de manera indebida, porque contienen una definición muy general e imprecisa del terrorismo”, ha advertido Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Estos proyectos de ley violan el derecho a la libertad de expresión, menoscaban las salvaguardias contra la tortura y la detención arbitraria y amplían el ámbito de aplicación de la pena de muerte.” En Egipto se ha producido un mortal aumento de los ataques armados, dirigidos principalmente contra edificios oficiales, puestos militares de control y otras instituciones y personal de seguridad, desde la destitución del presidente Mohamed Morsi el 3 de julio de 2013, particularmente en la inestable región del norte del Sinaí. “El gobierno egipcio tiene el deber de prevenir, investigar y castigar los ataques violentos pero ha de hacerlo cumpliendo con las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional”, ha añadido Hassiba Hadj Sahraoui. En los proyectos de ley presentados al presidente provisional Adly Mansour, se amplía la definición existente del terrorismo para incluir los actos realizados con objeto de “dañar la unidad, los recursos naturales, los monumentos […] nacionales […] entorpeciendo el trabajo de los órganos judiciales […] los órganos regionales e internacionales en Egipto y las misiones diplomáticas y consulares”. Incluye también “toda conducta o preparativo que tenga por objeto dañar las comunicaciones o los sistemas de información, los sistemas financieros y bancarios o la economía nacional”. “El problema de estos “delitos de terrorismo” definidos de manera tan poco precisa es que, en potencia, permiten a las autoridades abrir una causa por terrorismo prácticamente contra cualquier activista pacífico”, ha explicado Hassiba Hadj Sahraoui. “La definición del terrorismo criminaliza potencialmente la huelgas y las manifestaciones pacíficas en los colegios y universidades y a la salida de las mezquitas con la excusa de que tales actividades legítimas perjudican la unidad nacional, entorpecen el trabajo de las instituciones nacionales y dañan la economía.” Muchas de las marchas que se vienen celebrando desde la “Revolución del 25 de enero” se organizan tras la oración, sobre todo entre los partidarios del depuesto presidente Mohamed Morsi. Los proyectos de ley amplían el ámbito de aplicación de la pena de muerte, que puede imponerse incluso si los actos “terroristas” cometidos no causan pérdida de vidas. Están incluidos los delitos de financiación, gestión o administración de un grupo terrorista. “En vez de reducir el número de delitos penados con la muerte, las autoridades egipcias están aumentándolo para incluir actos que no causan pérdida de vidas. Lo preocupante es que tal medida podría dar lugar a más imposiciones masivas aún de la pena capital”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui. Nuevas leyes represivas Otro cambio propuesto es permitir que las fuerzas de seguridad retengan a los detenidos durante más tiempo –72 horas, prorrogables otros 7 días–, lo que constituye una violación del derecho internacional y de la Constitución recién aprobada de Egipto, que dispone que toda persona detenida ha de ser llevada ante un fiscal en plazo de 24 horas. Las investigaciones de Amnistía Internacional muestran que el periodo siguiente a la detención es el momento en que la persona detenida está más expuesta a sufrir tortura y otros malos tratos. En los proyectos de ley no se especifica tampoco expresamente que las “confesiones” obtenidas por medio de tortura no son admisibles como prueba ante los tribunales. Se imponen penas de hasta tres años de prisión por insultar a un funcionario público, un miembro de las fuerzas de seguridad o cualquier persona a cargo de un servicio público en el desempeño de su función, lo que viola el derecho a la libertad de expresión. Otra nueva ley confiere a las autoridades nuevos poderes para controlar cuentas bancarias y llamadas telefónicas de personas o asociaciones sin la aprobación de una autoridad independiente, como los jueces. Tales atribuciones podría utilizarse de manera habitual para restringir las libertades personales y reprimir a las organizaciones de la sociedad civil. No se dice nada, en cambio, en las propuestas de ley sobre el deber del Estado de reconocer y respetar los derechos humanos de las víctimas de terrorismo, como los cristianos coptos y otras minorías. Los proyectos de ley confieren también atribuciones al presidente para declarar el estado de excepción sin necesidad de solicitar la aprobación del Parlamento. Esta disposición recuerda de manera alarmante el gobierno del presidente Hosni Mubarak, durante el que se recluía a la gente sin cargos ni juicio, a veces durante decenios, en virtud de la legislación para el estado de excepción del país. “La naturaleza draconiana de esta legislación, que constituye un incumplimiento de la obligaciones de Egipto, indica que servirá para preparar el terreno a la adopción de nuevas medidas de represión de la sociedad civil y de quienes se opongan o critiquen al gobierno, en vez de para conjurar la amenaza del terrorismo”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui. “El gobierno debe recapacitar y adoptar un enfoque que respete los derechos humanos y el Estado de derecho.” Información complementaria Uno de los dos proyectos de ley reforma disposiciones del Código Penal relativas al terrorismo, mientras que el otro trata de cuestiones de procedimiento para la lucha contra el terrorismo y de cooperación judicial internacional. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación la definición excesivamente general e imprecisa que se hace de los delitos de terrorismo en la propuesta de ley, que amplía el significado de acto “terrorista” tipificado en el Código Penal tras la aprobación de la Ley 97 de 1992. En la definición actual se incluye todo uso de la fuerza, violencia o amenaza de terror para “alterar el orden público […] retrasar la ejecución de leyes y disposiciones constitucionales […] dañar edificios y bienes públicos y privados [e] impedir o dificultar a las autoridades públicas, o a lugares de culto o instituciones o centros educativos” la realización de su trabajo. Amnistía Internacional ha documentado casos de manifestantes pacíficos detenidos por cargos muy poco precisos, como retrasar la aplicación de disposiciones de la Constitución y las leyes o dificultar el trabajo de las instituciones nacionales. Entre otros delitos por los que cabe imponer la pena de muerte según los proyectos de ley figura la “financiación, gestión o administración” de un “grupo terrorista”. Las autoridades egipcias declararon a la Hermandad Musulmana grupo terrorista en diciembre, pero no hay datos objetivos que indiquen que esté implicada en atentados terroristas. En Egipto es habitual no respetar las salvaguardias de juicio justo que prevé el derecho internacional en las causas por delitos punibles con la muerte, especialmente en los casos de personas acusadas de actividades de terrorismo. Según el proyecto de ley, el fiscal -en vez de un juez independiente- puede autorizar medidas de vigilancia, incluido el control de las cuentas bancarias y las llamadas de teléfono. Sin control independiente de estas atribuciones, las autoridades podrían hacer fácilmente uso indebido de ellas para someter a hostigamiento e intimidación a las organizaciones no gubernamentales, incluidos los grupos de derechos humanos, que realicen actividades críticas con el gobierno. Los proyectos de ley prevén también la imposición de fuertes multas por actos que pueden ser totalmente pacíficos, como pertenecer a un grupo que sea calificado de terrorista, lo cual es punible con hasta 10 años de prisión. Centenares de partidarios del presidente depuesto Mohamed Morsi se enfrentan a este cargo. También se elimina el artículo 17 del Código Penal, que permite al juez reducir la pena por determinados delitos. Con ello podría verse menoscabado el principio de igualdad ante la ley.
