La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuya virtud tres británicos que afirman que fueron torturados en prisión en Arabia Saudí no pueden reclamar a través de los tribunales británicos es un paso atrás que frustra toda esperanza de justicia, ha declarado Amnistía Internacional.
La sentencia bloquea toda oportunidad para nuevas acciones legales. Una cuarta víctima murió antes de que se dictara la resolución.
“Esto es un paso atrás. Salvo que el gobierno británico entable negociaciones diplomáticas con Arabia Saudí para pedir una indemnización, esta decisión frustra la esperanza de las víctimas de que se haga justicia”, dijo Tawanda Hondora, director adjunto del programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.
“Nunca existió la posibilidad de obtener justicia en Arabia Saudí, por lo que la única opción para estos hombres era reclamar a través de los tribunales británicos. Este es un golpe importante no sólo para estos hombres, sino para las víctimas de la tortura en todo el mundo.”
Tras más de 10 años de pleitos, la sentencia es un golpe definitivo para los trabajadores expatriados que fueron detenidos en Riad en 2000 y 2001. Ronald Jones, Alexander Mitchell, Leslie Walker y William Sampson fueron detenidos en Riad y acusados de participar en una campaña de atentados con bomba iniciada por grupos de oposición. Permanecieron recluidos por periodos de entre 67 días y más de dos años y medio.
Según los trabajadores, durante el tiempo que estuvieron detenidos fueron sometidos a periodos continuados de torturas que incluyeron la reclusión en régimen de aislamiento, palizas, suspensión, privación de sueño, violaciones y el uso de drogas psicotrópicas.
Los hombres llevaron su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que la Cámara de los Lores resolviera que no podía actuar porque no se podía demandar a Arabia Saudí y a sus autoridades ante los tribunales británicos en aplicación del principio del derecho internacional de la inmunidad de los Estados.
“El derecho internacional nunca ha tenido como fin proteger a los torturadores. Si el gobierno británico lidera realmente la lucha contra la tortura, debe modificar la legislación para garantizar que las víctimas pueden iniciar actuaciones judiciales ante los tribunales británicos”, añadió Tawanda Hondora.
“Todos los Estados, incluido el de Reino Unido, deben tomar más medidas para erradicar la lacra mundial de la tortura. Negar la justicia a las víctimas sólo sirve para propagar esta censurable práctica y brinda apoyo a los torturadores.