“La ejecución de José Ernesto Medellín Rojas por el estado de Texas es una violación del derecho internacional”, ha afirmado Amnistía Internacional hoy, 6 de agosto de 2008. “Menoscaba la autoridad de la Corte Internacional de Justicia, que había fallado a favor de la suspensión de la ejecución.”
Uno de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos, al oír ayer la apelación de última hora en la que se pedía la suspensión de la ejecución, sostuvo que permitir que la ejecución siguiera adelante dejaría a Estados Unidos en una “situación irremediable de violación del derecho internacional y de incumplimiento de nuestras promesas en virtud de los tratados”. La apelación se desestimó por 5 votos contra 4 y la ejecución tuvo lugar poco después.
La ejecución se ha llevado a cabo a pesar de los llamamientos emitidos desde todo el mundo para que se conmutase la condena a muerte de Medellín, incluso del secretario general de las Naciones Unidas, que había pedido a los Estados que respeten las decisiones y las órdenes de la Corte Internacional de Justicia.
Esta ejecución hace el número 1.116 en Estados Unidos desde que se reanudaron los homicidios judiciales en ese país en 1977. Texas ha sido responsable de 410 de ellas. En el periodo trascurrido del año 2008 se han consumado ya 17 ejecuciones en Estados Unidos, cinco de ellas en Texas.
Amnistía Internacional se opone incondicionalmente al uso de la pena de muerte en todos los casos y en toda circunstancia, ya que viola el derecho a la vida y por su misma naturaleza constituye una pena cruel, inhumana y degradante.
Información complementaria El 4 de agosto de 2008, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas decidió por unanimidad no recomendar que el gobernador del estado conmutase la condena a muerte o concediera una suspensión de la ejecución de la sentencia. El recurso de última hora presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos el 5 de agosto de 2008 fue infructuoso. La ejecución se llevó a cabo poco después, casi a las 10 de la noche, unas cuatro horas más tarde de la hora prevista.
El 16 de julio de 2008, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Estados Unidos que adoptase “todas las medidas necesarias” para garantizar que José Ernesto Medellín Rojas y otros cuatro ciudadanos mexicanos no fueran “ejecutados […] a menos y en tanto que los casos de estos cinco nacionales mexicanos reciban revisión y reconsideración”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también había dictado “medidas cautelares” en las que se pedía a Texas que no ejecutase a José Medellín hasta que la propia Comisión hubiera resuelto su petición, en la que alegaba que se le había privado de un juicio con las debidas garantías.
El 25 de marzo de 2008, en la causa Medellín v. Texas, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió por unanimidad que la decisión de la Corte Internacional de Justicia “constituye una obligación de derecho internacional por parte de Estados Unidos”.
José Medellín fue condenado a muerte en 1994 por su participación en el asesinato de dos adolescentes, Jennifer Ertman, de 14 años de edad, y Elizabeth Pena, de 16, en Houston en 1993. Las autoridades de Texas nunca informaron a José Medellín de su derecho a solicitar asistencia consular como ciudadano extranjero privado de libertad, tal como exige el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
La Acción Urgente de Amnistía Internacional, emitida en julio de 2008, motivó que cientos de personas de todo el mundo enviasen llamamientos a Texas; véase https://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/081/2008/es