El gobierno afgano debe impedir que los servicios de inteligencia del país, la Dirección de Seguridad Nacional, repriman la libertad de los medios de comunicación, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 31 de julio de 2008.
El lunes 28 de julio, agentes de la Dirección de Seguridad Nacional tuvieron brevemente detenido a Mohammad Nasir Fayyaz, presentador del popular programa The Truthon, de Ariana TV.
Al día siguiente, martes 29 de julio, agentes de la Dirección de Seguridad Nacional detuvieron de nuevo a Fayyaz y lo dejaron en libertad al cabo de una noche. Según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, fue detenido por haber “dado una idea falsa” de las autoridades del gobierno en su programa del domingo 27 de julio.
De acuerdo con Ariana TV, la Dirección de Seguridad Nacional detuvo la emisión del programa, en el que Fayyaz preguntó al ministro de Desarrollo Urbano, Youssef Pashtun, y al supuesto emir de Herat y actual ministro de Agua y Energía, Ismail Khan, por la participación de autoridades del gobierno en casos de apropiación ilegal de tierras.
Según la información publicada en los medios de comunicación, Fayyaz ha sido acusado de pedir electricidad para su casa durante las 24 horas a Ismail Khan y “extorsionar” al ministro de Comercio, Mohammed Amin Farhang. Su caso se ha remitido a la Fiscalía General. De acuerdo con los informes recibidos, Abdul Qadir Mirzir, portavoz de Ariana TV, ha calificado estas acusaciones de infundadas.
“La Dirección de Seguridad Nacional no tiene derecho a inmiscuirse en este caso; su actuación constituye una intromisión injustificada en las actividades de los medios de comunicación de Afganistán –ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional-. El gobierno no debe servirse de ella para intimidar a quienes lo critican.”
Oficialmente, la Dirección de Seguridad Nacional sólo tiene autoridad para ocuparse de las amenazas contra la seguridad del país, si bien los motivos por los que puede ejercer legalmente sus atribuciones y el alcance de éstas no se han hecho públicos.
Amnistía Internacional ha instado al gobierno afgano a que cumpla los Principios de Johannesburgo sobre seguridad nacional, libertad de expresión y acceso a la información, normas de 1995 que fueron elaboradas por juristas internacionales y que cuentan con la aprobación de los relatores especiales de la ONU sobre la libertad de expresión y la independencia de jueces y abogados.
El principio 2.b de los Principios de Johannesburgo dispone que “una restricción que se procurara justificar por motivos de seguridad nacional no será legítima si su propósito genuino o su efecto demostrable es el de proteger intereses inconexos con la seguridad nacional, incluso, por ejemplo, el de proteger a un gobierno de una situación embarazosa o de la revelación de algún delito, o el de ocultar información sobre el funcionamiento de sus instituciones públicas”.
En 2007, la Dirección de Seguridad Nacional detuvo a Kamran Mir Hazar, director del sitio web de noticias kabulpress.org, aparentemente por haber publicado artículos en los que se criticaba la actuación del gobierno. En abril de 2007, a instancias del ex fiscal general Abdul Sabit, unos agentes de policía irrumpieron en las oficinas de Tolo TV para detener al periodista Hamed Haidary, así como al director de la cadena, por informar “incorrectamente” de declaraciones de Sabit en un boletín de noticias.
En junio de 2006, la Dirección de Seguridad Nacional emitió una directiva en la que pedía a los medios de comunicación que restringieran su actividad informativa, incluida la información sobre lo que se describía de manera general y poco precisa como “en contra del interés nacional”.
“Parece que la detención de Fayyaz no tiene nada que ver con la seguridad nacional, sino con el hecho de que las autoridades violen derechos humanos en beneficio de intereses personales y, posiblemente, ilegales –ha señalado Sam Zarifi-. Cada vez que ocurre algo así, un escalofrío recorre la espalda de los periodistas afganos, muy vulnerables ya a la violencia y la intimidación.” Información general Los periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación de Afganistán son objeto de crecientes amenazas y agresiones de agentes estatales y no estatales, y algunos incluso han sido víctimas de homicidio. El gobierno, en particular la Dirección de Seguridad Nacional y el Consejo de Ulemas, ha intentado reducir la independencia de los medios de comunicación.
El universitario y periodista Perwiz Kambakhsh fue condenado a muerte por blasfemia en un juicio ante un tribunal provincial de Mazar-e Sharif, provincia de Balkh, el 22 de enero de 2008, aparentemente por haberse descargado de Internet información sobre el papel de las mujeres en el islam.
La libertad de los medios de comunicación de Afganistán podría verse aún más restringida si se aprueba una ley de prensa revisada, pendiente actualmente de la aprobación del presidente Karzai y que contiene ambiguas disposiciones que podrían utilizarse para restringir la libertad de expresión más de lo que permite el derecho internacional de los derechos humanos, entre ellas la prohibición de los contenidos “contrarios a los principios del Islam”.
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