A pesar de las devastadoras consecuencias del ciclón Nargis, que ha matado a decenas de miles de personas y desplazado a casi un millón más, el gobierno de Myanmar ha anunciado que seguirá adelante con sus planes de celebración de un referéndum nacional sobre una nueva Constitución el 10 de mayo. Aunque centenares de miles de sus ciudadanos luchan por conseguir refugio, alimentos y atención médica básicos, el gobierno ha dado prioridad a la aprobación de la nueva Constitución, documento que Amnistía Internacional ve como un esfuerzo por menoscabar los derechos humanos y afianzar el poder militar y la impunidad. El gobierno ha anunciado que ha aplazado las elecciones al 24 de mayo en las zonas más afectadas por la tormenta, incluida Yangón (Rangún), antigua capital y la ciudad más populosa del país.
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Myanmar que coopere con la comunidad internacional en el envío de socorro inmediato a las poblaciones más necesitadas si atender a consideraciones políticas. En este contexto, la organización insta a la comunidad internacional, particularmente a los Estados vecinos de Myanmar, a que presten atención a la necesidad de ayudar a la atribulada población del país y entiendan que el proceso de referéndum constitucional es otro signo más de la falta de interés del gobierno por el bienestar de su ciudadanía. Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a no aprobar en absoluto el proyecto de Constitución, que no se atiene a las normas internacionales de derechos humanos y debe ser, por tanto, modificado radicalmente o sustituido, en un proceso transparente, verdaderamente integral y libre de intimidaciones, por otro que proteja plenamente los derechos humanos. Hasta que no se tome esta medida, el proyecto de Constitución y el proceso que lo acompaña sólo servirán para perpetuar las violaciones de derechos humanos, por lo que no deben ser reconocidos por la comunidad internacional como un avance.
El gobierno de Myanmar anunció en febrero de 2008 que había terminado de elaborar un proyecto de Constitución e iba a celebrar un referéndum el 10 de mayo de 2008 para su aprobación. Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación que, en vez de emprenderse para intentar establecer en Myanmar el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, este proceso constitucional tenga por objeto perpetuar y legitimar los continuos abusos del gobierno contra los derechos humanos y garantizar la impunidad de las violaciones pasadas y futuras de derechos humanos. A la organización le preocupa además que, a pesar de las manifiestas deficiencias del proyecto de Constitución y de su proceso de elaboración, en varias ocasiones se haya calificado de positivo y significativo tanto en ámbitos regionales como en el de la comunidad internacional en general. Amnistía Internacional ve con preocupación que tanto el contenido sustantivo del proyecto de Constitución como los aspectos de procedimiento adolecen de graves deficiencias, por lo que no cumplen las normas internacionales de derechos humanos y no deben aceptarse.
Para Amnistía Internacional es motivo de honda preocupación que el proyecto de Constitución contenga disposiciones totalmente inadecuadas para la protección de muchos derechos humanos o que carezca por completo de ellas, así como que tenga también muchas disposiciones que podrían facilitar la impunidad de las violaciones de derechos humanos. La organización no tiene ninguna opinión sobre los sistemas y estructuras políticos, pero, dado que el ejército (o tatmadaw) es responsable desde hace décadas de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad, considera motivo de especial preocupación las atribuciones concedidas al ejército en el proyecto de Constitución, atribuciones que pueden prolongar la impunidad de las violaciones de derechos humanos.
A continuación se enumeran parcialmente los elementos del proyecto de Constitución que son motivo de especial preocupación para Amnistía Internacional porque menoscaban las normas internacionales de derechos humanos y hacen posible la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos. Son los siguientes: * El proyecto de Constitución no respeta ni protege derechos humanos clave. No hay disposiciones en él que garanticen que no se sufrirá tortura ni otros malos tratos, ni tampoco garantías esenciales de juicio justo; por ejemplo, no hay disposiciones relativas al derecho de las personas detenidas a ser informadas con prontitud de la naturaleza y la causa de las acusaciones formuladas contra ellas y a ser sometidas a un juicio justo y público, y su derecho a comparecer ante un tribunal en el plazo de 24 horas no se aplica en caso de “medidas preventivas” tomadas por razones de seguridad o similares. Otras disposiciones, como las relativas a la libertad de expresión, asociación y reunión, están restringidas por imprecisas condiciones acerca de la “paz y tranquilidad de la comunidad” (capítulo VIII). Algunas disposiciones son discriminatorias, como las que prohíben votar a los miembros de órdenes religiosas y a las personas “indigentes” (capítulo IX). * Se conceden al ejército atribuciones para suspender todos los “derechos fundamentales” si es necesario en una situación de emergencia. La facultad del Tribunal Supremo para dictar mandatos, incluidas órdenes de hábeas corpus, también se suspende en épocas de emergencia (capítulo VI). El presidente puede declarar un estado de excepción en el que el comandante en jefe del ejército, asistido por el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional (6 de cuyos 11 miembros son militares; capítulo V), asume los “poderes legislativo, ejecutivo y judicial” (capítulo XI). Estos poderes de excepción son prorrogables al menos un año. * El 25 por ciento de los miembros de las dos Cámaras del Parlamento nacional y la tercera parte de los miembros de las asambleas estatales y regionales serán militares, designados por el comandante en jefe del ejército (capítulo IV). * Uno de los tres candidatos a presidente, que elegirá el Parlamento, será militar, y este candidato será como mínimo uno de los dos vicepresidentes (capítulo III). * En los gobiernos nacional, estatales y regionales, los ministros de “defensa, seguridad y asuntos internos, y asuntos de fronteras” serán militares. También podrá nombrase a militares para otros ministerios (capítulo V). * El Parlamento no tiene comisión permanente de seguridad ni de defensa. Si es necesario se formará una comisión especial por un periodo limitado y que estará compuesta sólo de militares, incluyéndose en ella a civiles únicamente “si es necesario” (capítulo IV). * El ejército tendrá su propia administración, independiente de los demás órganos del Estado (capítulo VII). El Tribunal Supremo no tendrá atribuciones sobre los tribunales militares (capítulo VI), y las decisiones finales sobre cuestiones de justicia militar las tomará el comandante en jefe del ejército (capítulo VII). * El presidente no rendirá cuentas ante ningún tribunal ni ante el Parlamento en el ejercicio de sus funciones (capítulo V). * No se entablarán acciones judiciales contra “quienes cumplieron oficialmente con su deber de acuerdo con sus responsabilidades” durante el periodo de los gobiernos militares (capítulo XIV). El proyecto de Constitución es fruto de un proceso deficiente de elaboración, que ha durado nada menos que 16 años y que ha acusado las severas restricciones de los derechos humanos que la población de Myanmar sufre desde hace decenios. Las consultas previas a la elaboración del proyecto estuvieron limitadas a los partidos y grupos que apoyaban al gobierno, y fueron en gran medida simbólicas, ya que el actual proyecto es esencialmente idéntico a los presentados a mediados de la década de 1990. Los partidos de la oposición, entre ellos la Liga Nacional para la Democracia, dirigida por Daw Aung San Suu Kyi, y los partidos que representan a las minorías étnicas, se vieron marginados en la práctica durante el proceso de elaboración del proyecto. En 1996, el gobierno aprobó la Ley 5/96, que permitía imponer hasta 20 años de prisión si se consideraba que el acto cometido “menoscaba, menosprecia o lleva a malinterpretar las funciones de la Convención Nacional” establecida para redactar la Constitución. Muchos de los alrededor de 1.850 presos políticos que hay actualmente en Myanmar fueron condenados en aplicación de esa ley. El anuncio, el 9 de febrero de 2008, de que pronto se terminaría de redactar la Constitución (lo que ocurrió 10 días después) y se sometería a votación se consideró en general como una respuesta a la preocupación internacional por la violencia con que el gobierno había reprimido en septiembre de 2007 las mayores manifestaciones políticas pacíficas celebradas en casi dos decenios. Desde entonces, el gobierno de Myanmar ha restringido constantemente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión a fin de garantizar la aprobación del proyecto de Constitución. El 26 de febrero proclamó la Ley de Referéndum para la Aprobación del Proyecto de Constitución de la República de la Unión de Myanmar, de 2008, que prevé penas de hasta tres años de cárcel, cuantiosas multas o ambas formas de sanción para quienes sean descubiertos “dando charlas, distribuyendo documentos, utilizando carteles o perturbando la votación de cualquier otra manera en los colegios electorales o cerca de ellos o en lugares públicos o privados para arruinar el referéndum” (artículo 25). Esta ley se ha utilizado para detener o amenazar con detener a muchos activistas que hacían campaña pacíficamente en favor del “no”, por medios como llevar puestas camisetas donde se leía “no”. A finales de abril se detuvo a más de 70 personas por intentar celebrar una manifestación pacífica para pedir el “no”. La Ley de Referéndum podría haber servido de base también a otras formas de hostigamiento o intimidación. Se han recibido informes según los cuales los miembros de la Liga Nacional para la Democracia y otros activistas han sido sometidos a hostigamiento por las autoridades, así como por los grupos respaldados por el gobierno Asociación por la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (dirigida por un general del ejército) y Swan-Ar-Shin (“Poder Popular”), que en algunos casos los han agredido físicamente. También se ha amenazado a funcionarios públicos con despedirlos si votaban “no”, o a estudiantes con impedirles ingresar en un centro de enseñanza, suspenderlos o expulsarlos; a granjeros con confiscarles sus tierras, y a empresarios con cerrarles el negocio. Algunos funcionarios públicos han sido obligados a firmar un documento por el que se comprometen a votar “sí”. Según los informes, en las zonas étnicas se ha amenazado con “consecuencias” a los jefes de los pueblos si en sus distritos electorales gana el “no”. La Ley de Imprentas y Editoriales, de 1962, que prohíbe la publicación y distribución de material impreso sin licencia y sin el consentimiento de la junta de censura, también ha sido utilizada por el gobierno para silenciar las voces disidentes, mientras que la censura ya existente se intensificó aún más el 4 de abril. Se han asaltado oficinas de activistas de la Liga Nacional para la Democracia y otros grupos y se les ha confiscado el material impreso, y a los medios de comunicación se les ha prohibido emitir y publicar información de los partidarios del “no” o sobre ellos. En cambio, el 11 de abril el gobierno emprendió una campaña concertada y financiada con fondos públicos en favor del “sí”, a la vez que continuaba con sus prácticas discriminatorias contra las minorías étnicas del país publicando el proyecto de Constitución sólo en la lengua de la mayoría, el birmano.
A finales de abril comenzó la votación por adelantado en Myanmar y en el extranjero, que se ha caracterizado por los actos de hostigamiento. Una funcionaria pública del municipio de Salin del departamento de Magwe ha contado a grupos de derechos humanos que cuando fue a votar por adelantado, como le habían dicho, le explicaron que ya se había votado “sí” en su nombre y en el de sus familiares. El 30 de abril, unos 700 empleados del Ministerio de Energía Eléctrica de Yangón tuvieron que votar vigilados por las autoridades. En la embajada de Myanmar en Singapur, el 26 de abril se negó la entrada a unos ciudadanos de Myanmar que habían ido a depositar sus papeletas y vestían camisetas con el “no”. El gobierno de Myanmar ha rechazado la recomendación y el ofrecimiento de enviar observadores internacionales que le hizo el asesor especial de la ONU Ibrahim Gambari durante su última visita al país, a mediados de marzo. Se espera que muchos funcionarios públicos voten en presencia de militares, mientras que los obreros de las fábricas con más de 500 empleados tendrán que hacerlo en sus lugares de trabajo. Sigue sin saberse si se permitirá votar a los 500.000 desplazados internos de Myanmar y, en caso afirmativo, si podrán hacerlo.
Es evidente ya que el gobierno de Myanmar está llevando a cabo el referéndum de una manera que niega a las personas el derecho a expresar libremente sus opiniones y a tomar parte en la dirección de los asuntos públicos de acuerdo con el derecho y las normas internacionales.
El proyecto de Constitución de Myanmar y el proceso de su aprobación acusan las violaciones de derechos humanos que continúan cometiéndose en el país y son fruto de ellas. El proyecto no sólo no protege los derechos humanos ni aborda las violaciones de derechos humanos, sino que además perpetúa la impunidad de tales violaciones.