Todos los envíos de armas pequeñas, armas ligeras y munición pedidos a China por el gobierno de Zimbabue deben ser paralizados, pues existe un riesgo real de que contribuyan al aumento de las violaciones de derechos humanos en Zimbabue, ha declarado Amnistía Internacional. “La comunidad internacional no debe suministrar armas pequeñas a Zimbabue hasta que haya cesado la violencia auspiciada por el gobierno y se haya restablecido el Estado de derecho.” Amnistía Internacional amplió su llamamiento para pedir la paralización de las ventas a Zimbabue de equipos de seguridad como gases lacrimógenos, cañones de agua y otros materiales antidisturbios que la Policía de la República de Zimbabue ha empleado para impedir el ejercicio del derecho a las protestas pacíficas. Desde el año 2000, la policía utiliza la fuerza excesiva contra los defensores de derechos humanos. La organización ha documentado violaciones graves de derechos humanos cometidas por soldados y policías en Zimbabue contra los simpatizantes de la oposición tras las elecciones del 29 de marzo de 2008. Estos abusos, agresiones y torturas son perpetrados por soldados, policías, los denominados “veteranos de guerra” y simpatizantes del partido gobernante, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, contra personas a las que acusan de no haber votado “correctamente”. Aunque algunas víctimas han denunciado estos delitos a la policía, no se ha informado de ninguna detención y parece que los autores continúan cometiendo abusos con impunidad. Amnistía Internacional ha expresado satisfacción por la movilización de la sociedad civil en Sudáfrica y otros países del sur del continente africano para poner fin a la entrega de armas a Zimbabue mediante acciones legales y civiles adoptadas en solidaridad con las víctimas de la violencia auspiciada por el Estado en Zimbabue. La organización acogió con beneplácito la movilización del movimiento sindical, que ha pedido a sus miembros que no desembarquen el cargamento si el buque atraca en algún puerto africano. “La movilización de la sociedad civil ha demostrado ser fundamental, dada la inacción de los gobiernos para poner fin al comercio de armas con países donde existe una constante de violaciones graves de derechos humanos”, declaró Amnistía Internacional. “Todos los líderes políticos del África meridional deben apoyar con carácter urgente los esfuerzos de la sociedad civil y exigir que se ponga fin a la violencia auspiciada por el Estado en Zimbabue y el restablecimiento del Estado de derecho.” El transporte de suministros de armas a Zimbabue por el carguero chino An Yue Jiang pone de relieve la ausencia de un tratado mundial que garantice la adecuada regulación del comercio de armas convencionales. Los Estados miembros de la ONU decidieron, por 153 votos a favor y uno en contra, estudiar la viabilidad, el ámbito de aplicación y los parámetros de un tratado mundial sobre el comercio de armas que impida el comercio irresponsable de armas convencionales. Amnistía Internacional y sus asociados piden que este tratado contenga disposiciones para que se respeten plenamente el derecho internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados que respalden el establecimiento cuanto antes de un tratado mundial sobre el comercio de armas que contenga disposiciones enérgicas que reflejen las obligaciones contraídas los Estados en virtud del derecho internacional y garanticen su incorporación a las leyes nacionales. Información complementaria
El 10 de abril de 2008 llegó a Durban (Sudáfrica) el envío de armas a bordo de un buque carguero chino, el mercante An Yue Jiang. El barco, propiedad de la Chinese Ocean Shipping Company, de carácter paraestatal, transportaba cajas de armas y municiones en seis contenedores. El consignador de las armas era Poly Techonologies Inc de Pekín (China), en los documentos de expedición figuraba como destinatario la Fuerza de Defensa de Zimbabue, en Harare, y en el manifiesto de cargamento se expresaba que el punto de origen era Pekín (China). El cargamento en cuestión estaba integrado por 3.080 cajas de armas en seis contenedores. La notificación de llegada describía así el contenido: Balas de 7,62 x 54mm: 1.000 cajas que contienen 1 millón de unidades Balas de 7,62 x 39mm: 1.331 cajas que contienen 2 millones de unidades Cohetes RPC7, 40mm: 250 cajas que contienen 1.500 unidades Bombas de mortero de 60 mm: 227 cajas que contienen 2.703 unidades Bombas de mortero de 31mm: 176 cajas que contienen 581 unidades Tubos de mortero de 31mm: 93 cajas que contienen 31 unidades El 18 de abril, un grupo de ciudadanos sudafricanos, con el apoyo de organizaciones jurídicas de derechos humanos, adoptó medidas judiciales para detener este envío de armas chinas, en un intento de evitar que las autoridades permitieran el paso del cargamento de armas por Sudáfrica con destino Zimbabue. La solicitud se presentó ante el Tribunal Superior de Durban, y estaba basada en la legislación nacional sudafricana, que prohíbe las transferencias de armas que puedan contribuir “a la represión o supresión de derechos humanos y libertades fundamentales” o que estén destinadas “a gobiernos que violan o reprimen sistemáticamente los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Pese a que el tribunal dictó el 18 de abril una resolución provisional que ordenaba que las armas permanecieran en el puerto de Durban hasta que se celebrara una vista judicial definitiva, el barco zarpó. En la actualidad, muchos gobiernos, incluidos algunos de la región de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, y organizaciones de todo el mundo piden que se impida la transferencia de armas a Zimbabue, aunque se teme que el cargamento ya haya sido entregado en este país empleando otra ruta.