“Lanzamos un llamamiento urgente a las autoridades nigerinas para que ordenen inmediatamente a las fuerzas de seguridad que detengan las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas de civiles en el norte del país. El gobierno debe investigar los hechos, poner a los responsables de estos actos a disposición judicial y pagar reparaciones a las familias de las víctimas”, ha dicho hoy, 3 de abril, Véronique Aubert, subdirectora del Programa Regional para África. Al menos ocho civiles fueron ejecutados arbitrariamente entre el 22 y el 25 de marzo de 2008 tras los enfrentamientos entre el MNJ y el ejército nigerino. Varios soldados resultaron muertos en los enfrentamientos y algunos vehículos del ejército saltaron por los aires a consecuencia de la explosión de minas antipersonal. Tras estas bajas y daños materiales, el ejército tomó represalias contra la población, ejecutando y deteniendo a civiles y destruyendo propiedades.
Amnistía Internacional ha sabido que en una ocasión, el 26 de marzo de 2008, en la carretera entre Dabaga y El Meki, el ejército obligó a un civil a conducir por delante de un convoy militar para protegerlo de las minas. Sin embargo, una mina explotó al paso de un vehículo militar, que resultó dañado. Los soldados acusaron al conductor civil y a sus dos pasajeros de conducirlos a una trampa y los golpearon. El convoy siguió por la carretera y, poco después, el vehículo civil explotó al pasar sobre una mina. Los soldados prestaron primeros auxilios a los heridos y los llevaron a un hospital.
Hada Baregha, pastor de 67 años, regresaba de sus campos con sus burros el 25 de marzo de 2008, cuando los militares lo ejecutaron extrajudicialmente en la ciudad de Dabaga, en la región de Agadez.
Otro civil fue torturado antes de matarlo. Un comerciante, Aboubakar Attoulèle, apellidado Kouzaba, fue detenido por el ejército el 26 de marzo de 2008. Según la información recibida por Amnistía Internacional, le cortaron las orejas y le prendieron fuego a su cabeza y su pelo antes de apuñalarlo.
A otro civil lo golpearon brutalmente antes de matarlo. Mohamed El Moctar, jardinero de 66 años, fue detenido en su campo de Tabouhait el 24 de marzo. Los soldados lo golpearon con las culatas de sus fusiles antes de matarlo. Al menos otras tres personas murieron abatidas a tiros, dos el 22 de marzo de 2008, en la aldea de Tamazalak.
«Aunque las fuerzas de seguridad tienen derecho a responder con fuerza legítima y proporcionada a los ataques armados, no pueden llevar a cabo ataques indiscriminados contra poblaciones indefensas”, ha dicho hoy Véronique Aubert, subdirectora del Programa Regional para África.
Además, estas ejecuciones extrajudiciales violan el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. Los seres humanos no pueden ser privados de este derecho en ninguna circunstancia, ni siquiera en el estado de emergencia que actualmente rige en la región de Agadez.
Amnistía Internacional ha sabido también de varios casos de desapariciones forzadas y detenciones. Cuatro personas, entre ellas Al Wali, jefe de la aldea de Tourayat, fueron secuestradas por soldados el 30 de marzo. Sus familias no han podido conseguir hasta ahora noticias de su paradero.
Los soldados también atacaron propiedades y quemaron casas y campos, por ejemplo en Dabaga y Tamazalak. Los habitantes de estas dos aldeas buscaron refugio en Agadez. Otros escaparon a las montañas para evitar las carreteras principales, donde los soldados podrían interrogarlos.
Amnistía Internacional ha sabido también que el ejército ha amenazado a los representantes de la región de Dabaga elegidos en las urnas por comunicar presuntamente información sobre las atrocidades cometidas por el ejército.
A la organización también le preocupa el uso de minas en este conflicto, que enfrenta a las fuerzas de seguridad de Níger con elementos armados del MNJ desde febrero de 2007. Cada bando afirma que el otro es responsable de la colocación de las minas, que ya se han cobrado muchas vidas de civiles y militares. Amnistía Internacional pide a ambas partes del conflicto que dejen de utilizar inmediatamente minas antipersonal. Éstas representan un constante peligro para todos los que están en la zona, incluidos civiles, que pueden perder la vida o quedar lisiados al pisarlas.