“Las penas de prisión impuestas por un tribunal militar egipcio contra 25 miembros de la opositora Hermandad Musulmana son una perversión de la justicia”, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 15 de abril. “Este juicio dio la impresión de deberse a motivaciones políticas desde el principio, cuando el presidente Mubarak ordenó el procesamiento de los acusados ante un tribunal militar pese a la resolución anterior de un tribunal civil que ordenaba la liberación de varios de ellos”, ha declarado Amnistía Internacional. “Las condenas de hoy dejan pocas dudas respecto a la determinación de las autoridades egipcias de socavar al que se ha convertido en el principal grupo de oposición del país.” El tribunal militar de Haikstip, en el norte de El Cairo, dictó penas de hasta 10 años de prisión contra 25 acusados, siete de los cuales no se encuentran bajo custodia y fueron juzgados in absentia. Otros 15 acusados fueron absueltos, pero todavía no han sido puestos en libertad. Khairat al Shatir, tercero en el escalafón de la Hermandad Musulmana, y Hassan Malek, fueron condenados a siete años de prisión. Otros 16 acusados recibieron penas de entre tres y cinco años. Cinco de los acusados juzgados in absentia recibieron penas de 10 años de prisión, mientras que los dos restantes fueron condenados a cinco años de prisión cada uno.
Todos los acusados fueron juzgados por cargos de terrorismo y de blanqueo de dinero, que ellos negaron. En concreto, se les acusaba de haber financiado una organización prohibida y haber proporcionado a estudiantes armas y formación militar. Tras la reforma en 2007 del código de justicia militar, pueden apelar ante el Tribunal Supremo de Apelaciones Militares, pero éste sólo puede examinar cuestiones de procedimiento, no los fundamentos del caso. La resolución de hoy, aplazada en dos ocasiones, se ha producido entre informes de que unos 200 partidarios de la Hermandad Musulmana, entre los que se encontraban familiares de los acusados, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad cuando trataban de entrar en el recinto militar en el que se reunía el tribunal. Las fuerzas de seguridad impidieron el acceso al tribunal a observadores internacionales y medios de comunicación, y sólo permitieron la entrada al jefe del equipo legal de los acusados, sin permitir que estuviera presente ningún otro abogado defensor. Según los informes, en un intento de impedir cualquier manifestación contra la resolución del tribunal militar, se desplegó a miles de soldados a lo largo del camino que conduce al recinto del tribunal en Haikstip, y también en las vías principales que van al centro de El Cairo. El juicio, rodeado de una gran expectación, de los 40 hombres –todos ellos civiles– se inició el 26 de abril de 2007, después de que el presidente Mubarak ordenara en febrero del mismo año su procesamiento ante un tribunal militar. Anteriormente, un tribunal civil había desestimado los cargos contra 17 de ellos.
Durante el juicio, se impidió la entrada a la sala a observadores internacionales enviados por Amnistía Internacional y otras organizaciones.
“El juicio de civiles ante tribunales militares, cuyos jueces son miembros en activo de las fuerzas armadas, burla las normas internacionales de justicia procesal, y es inherentemente injusto, independientemente de si a los acusados se les permite el derecho de apelación o no”, ha manifestado Amnistía Internacional, reiterando sus llamamientos previos. “Todos los condenados deben ser juzgados de nuevo sin demora ante un tribunal civil que cumpla las normas internacionales sobre juicios justos, o de lo contrario deben ser puestos en libertad.”