A medida que van llegando a Timor Oriental más efectivos de mantenimiento de la paz en virtud del estado de emergencia impuesto tras el atentado con arma de fuego contra el presidente José Ramos Horta, Amnistía Internacional insta al gobierno timorés y a la comunidad internacional a actuar sin demora para poner fin a la cultura endémica de la impunidad, pues de lo contrario no será posible detener el círculo de violencia que está debilitando al país.
Amnistía Internacional considera que el atentado del 11 de febrero es un síntoma del desafío más importante al que se enfrenta el país: el establecimiento de instituciones sólidas para mejorar la seguridad y fortalecer el Estado de derecho. Los atentados contra la vida del presidente Ramos Horta y el primer ministro Xanana Gusmao son consecuencia directa de la falta de medidas tanto del gobierno como de la comunidad internacional para reconstruir de forma efectiva el sistema nacional de justicia penal y civil. Alfredo Reinado, que se enfrentaba a cargos penales por haber participado en los actos violentos de 2006, no debería haber estado todavía en libertad, amenazando la estabilidad del país.
«El gobierno de Timor Oriental y la comunidad internacional deben tomar este abominable incidente como una señal de alarma para que se fortalezcan urgentemente las instituciones clave del país», ha manifestado Catherine Baber, directora del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
«Quienes cometen abusos saben que pueden hacerlo sin sufrir castigo. La falta de confianza de la población civil en que las instituciones del Estado -especialmente el ejército, la policía y el poder judicial- hagan justicia y obliguen a rendir cuentas es uno de los desafíos más acuciantes a que se enfrenta actualmente el país.»