El anuncio del Pentágono de que ha acusado a seis detenidos «de alto valor» en Guantánamo plantea aún más dudas sobre la conducta de Estados Unidos en la «guerra contra el terror», ha manifestado Amnistía Internacional hoy 11 de febrero de 2008.
«Desde que el 11 de septiembre de 2001 se cometió aquel crimen contra la humanidad, Amnistía Internacional viene solicitando a Estados Unidos que persiga la justicia y la seguridad en un marco de respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho -ha afirmado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos-. Pero el trato recibido por estos seis detenidos en los últimos cinco años o más, así como la propia existencia de las comisiones militares ante las cuales está previsto que comparezcan, demuestran que Estados Unidos no lo ha hecho así en ningún momento.»
Cinco de los seis hombres imputados estuvieron más de tres años bajo custodia secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en lugares desconocidos antes de su traslado a Guantánamo en septiembre de 2006. Fueron víctimas de desaparición forzada, que es un delito en virtud del derecho internacional, y la CIA ha confirmado que al menos uno de ellos, Khalid Sheikh Mohammed, fue sometido a un simulacro de ahogamiento (waterboarding).
«El simulacro de ahogamiento es tortura, y la tortura es un delito internacional. No se ha obligado a nadie a responder de tales crímenes. La impunidad en relación con el programa de la CIA sigue siendo un rasgo distintivo de la conducta estadounidense en la ‘guerra contra el terror’», ha manifestado Rob Freer.
El sexto hombre acusado es Mohamed al-Qahtani, a quien sometieron a torturas y otros malos tratos en Guantánamo a finales de 2002. Pese a haber sido encapuchado y despojado de la ropa y haber sufrido humillación sexual y de otra índole, privación del sueño, música a un volumen insoportable, ruido blanco y temperaturas extremas de frío y calor, el Pentágono concluyó que el trato que había recibido no constituía trato inhumano.
«La actuación de las comisiones militares está sujeta a la influencia general del Pentágono y el presidente -afirmó Rob Freer-. En otras palabras, estos tribunales de calidad inferior carecen de independencia con respecto al poder ejecutivo que ha autorizado y tolerado las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas contra estos detenidos.»
A Amnistía Internacional le preocupa sobremanera que la información obtenida mediante torturas u otros malos tratos forme parte de los argumentos para acusar a estos detenidos. Esto es sólo uno de los defectos de un sistema de comisiones establecido precisamente para obtener condenas sin las garantías que se aplicarían ante tribunales ordinarios. Ningún ciudadano estadounidense podría ser juzgado por estas comisiones militares, lo que las convierte en discriminatorias, en contravención del derecho internacional.
Guantánamo, que ya constituye un icono de ilegalidad, aún puede convertirse en un centro de ejecuciones impuestas en juicios que no cumplen las normas internacionales. El gobierno intenta que estos seis hombres sean condenados a muerte. Amnistía Internacional se opone a la pena capital en cualquier circunstancia. Más de la mitad de los países del mundo ya son abolicionistas en la legislación o en la práctica.
«En cuestión de semanas después de que la Asamblea General de la ONU votó a favor del fin de las ejecuciones, Estados Unidos ha levantado el fantasma de las condenas a muerte en juicios básicamente defectuosos en Guantánamo. La comunidad internacional debe presionar a Estados Unidos para que disuelva estas comisiones militares y celebre juicios ante tribunales imparciales e independientes, sin posibilidad de recurrir a la pena de muerte.»