«Perdí mi casa, mi arroz y mis pertenencias, ropas y utensilios. Incendiaron todas las casas y las destruyeron con una excavadora y un bulldozer. Se quedaron con planchas de acero ondulado y de madera que estaban en buen estado. Incluso se llevaron bidones para agua y saquearon nuestros corrales. Nunca nos habían desalojado así.» Mujer de Sihanoukville que se quedó sin casa el 20 de abril de 2007.
Amnistía Internacional ha dicho hoy, 11 de febrero, que los desalojos forzosos son una de las violaciones de derechos humanos más extendidas que afectan a los camboyanos tanto en zonas rurales como urbanas. Se sabe que al menos 150.000 camboyanos en todo el país que viven en peligro de sufrir un desalojo forzoso tras disputas por la tierra, apropiamientos de terreno y proyectos de desarrollo.
En marcado contraste con la retórica de las políticas del gobierno en favor de los pobres, y vulnerando leyes y normas internacionales de derechos humanos, miles de personas, especialmente las que viven en la pobreza, han sido desalojadas por la fuerza de sus hogares y tierras, según revela el nuevo informe que hoy presenta Amnistía Internacional, titulado Rights Razed – Forced evictions in Cambodia.
Las autoridades camboyanas no sólo no están protegiendo -ni en la ley ni en la práctica- a la población contra los desalojos forzosos, sino que participan activamente en estas prácticas ilegales.
«Las autoridades han jugado un papel decisivo en la demolición de pueblos, el incendio de casas y la desposesión de las personas pobres de sus hogares sin el debido proceso y a instancias de quienes ejercen el poder económico y político», ha dicho Catherine Baber, directora del Programa Regional para Asia y el Pacífico de Amnistía Internacional. «Está claro que las leyes pertinentes casi nunca se aplican o se aplican arbitrariamente, y que las autoridades no han protegido los derechos humanos de personas afectadas por desalojos forzosos».
El informe Rights Razed muestra que a los grupos afectados no se les ha ofrecido ofrece ninguna oportunidad de participar en una verdadera consulta antes del desalojo, que han recibido poca o ninguna información sobre los desalojos previstos y que no han tenido acceso a una vivienda alternativa adecuada. Además, se les ha dejado sin posibilidad de recurrir a la justicia. Los casos que aparecen en el informe muestran también cómo, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades han optado por el desalojo mucho antes de explorar el resto de las alternativas.
«Si el gobierno de Camboya no toma de inmediato medidas eficaces para garantizar la protección de su población, especialmente la que vive en la pobreza, contra los desalojos forzosos, su programa de reducción de la pobreza sonará a falso. Camboya necesita urgentemente poner fin a todos los desalojos forzosos», ha dicho Catherine Baber.
Amnistía Internacional pide al gobierno camboyano que: * Ponga fin a todos los desalojos forzosos e introduzca una suspensión de todos los desalojos masivos hasta que haya leyes y políticas que exijan que cualquier desalojo se efectúe con total respeto a las leyes y normas internacionales de derechos humanos. * Se asegure de que las personas víctimas de desalojos forzosos tienen acceso, al menos, a un nivel mínimo de alojamiento, agua potable, higiene, servicios de salud y educación, si es necesario mediante la prestación de ayuda humanitaria. * Cumpla sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de ofrecer a las personas afectadas por los desalojos una oportunidad real de participar y ser consultadas.
Notas a los directores
Información complementaria
Un desalojo forzoso es «el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos», según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido que los desalojos forzosos son una grave violación de derechos humanos, y también -como en los casos presentados aquí- se asocian a otras violaciones de derechos humanos.
Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros tratados internacionales de derechos humanos que prohíben los desalojos forzosos y las violaciones de derechos humanos relacionadas, Camboya tiene la obligación de poner fin a los desalojos forzosos y de proteger de ellos a la población.