Amnistía Internacional ha calificado de “muy deficiente” un informe sobre la actuación de Israel en la guerra de julio y agosto de 2006 con Hezbolá, publicado ayer, 30 de enero de 2008, por la Comisión Winograd.
La organización ha manifestado que no se investiga en el informe un aspecto esencial de la guerra: el hecho de que la política del gobierno y las estrategias militares no discriminaran entre la población civil libanesa y los combatientes de Hezbolá ni entre bienes e infraestructura civiles y objetivos militares.
“Ha sido otra oportunidad perdida de examinar la política y las decisiones subyacentes a las graves violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra, cometidas por las fuerzas israelíes”, ha señalado Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“La Comisión sólo ha tratado de manera simbólica el homicidio indiscriminado de numerosos libaneses que no participaban en las hostilidades y la destrucción deliberada y gratuita de bienes e infraestructura civiles en escala masiva” ha afirmado Smart.
Aunque no tenía las atribuciones de un mecanismo oficial de investigación, la Comisión Winograd estaba facultada para citar a testigos y recomendar el procesamiento de los funcionarios que considerara responsables de actuación delictiva premeditada o negligente.
Sin embargo, la Comisión optó por limitar su labor al examen de la estrategia militar y las decisiones políticas, sin hacer ningún intento serio de investigar las violaciones del derecho humanitario internacional, incluidos crímenes de guerra, cometidas por las fuerzas israelíes y recomendar medidas para hacer rendir cuentas a los responsables de tales violaciones. Recomienda el establecimiento de mecanismos para garantizar la eficacia de los combates dentro del marco de las normas jurídicas humanitarias internacionales, la apertura de investigaciones militares cuando se tema que se ha violado el derecho humanitario internacional y una mejor preparación para responder a los problemas humanitarios derivados de las acciones militares. Sin embargo, ha hecho prácticamente caso omiso de los indicios de violación grave del derecho internacional disponibles, afirmando que las interpretaciones del derecho internacional humanitario son controvertidas, que no ha tenido capacidad para examinar el volumen de datos existente, que esas presuntas violaciones estaban siendo investigadas ya por otros organismos y que este tipo de acusaciones se utilizan como propaganda contra Israel. En cambio, ha examinado detenidamente las estrategias militares y la forma de llevar a cabo ciertas operaciones, incluso en casos en que se estaban investigando ya por otras vías.
Basándose en sus propias investigaciones sobre el terreno y su análisis del modo en que se desarrollaron las hostilidades en 2006, Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que fue la población civil libanesa, no los combatientes de Hezbolá, la que más alto precio pagó como consecuencia de los ataques del ejército israelí. De las alrededor de 1.190 personas que murieron, la inmensa mayoría eran civiles que no participaban en las hostilidades, incluidos centenares de menores. La gran mayoría de las viviendas, bienes e infraestructura alcanzados en los ataques aéreos y de artillería israelíes también eran civiles.
Otras organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos, así como organismos de la ONU, que examinaron la situación han llegado a la misma conclusión. En su informe del 10 de noviembre de 2006, la comisión de investigación de la ONU determinó que había habido una significativa constante de uso excesivo, indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas de Defensa Israelíes contra personas y bienes civiles libaneses, no habiéndose distinguido entre civiles y combatientes ni entre bienes civiles y objetivos militares. Asimismo, en octubre de 2006, en otra investigación llevada a cabo por cuatro expertos independientes de la ONU, se comunicó que la información disponible indicaba claramente que en muchos casos Israel había incumplido su obligación jurídica de distinguir entre objetivos militares y civiles y aplicar plenamente el principio de proporcionalidad.
Asimismo, el lanzamiento de centenares de miles de bombas de racimo, que se calcula que contenían cuatro millones de bombas más pequeñas, en los últimos días de la guerra dejó un legado mortal. Estas bombas continúan causando víctimas entre la población civil, los trabajadores humanitarios y los miembros de los equipos de despeje de minas, que, nunca mejor dicho, arriesgan su vida para eliminar las bombas sin explotar.
“Aunque la Comisión Winograd ha recomendado que el ejército revise su política sobre el uso de bombas de racimo para asegurarse de que no va en contra del derecho internacional humanitario ni la disciplina militar, no ha propuesto ninguna medida concreta al respecto”, ha explicado Smart.
La persistente negativa del gobierno israelí a revelar los datos relativos a los ataques con bombas de racimo y las coordenadas exactas de los lugares donde sus fuerzas los llevaron a cabo ha hecho que la ya peligrosa labor de despeje de minas resulte aún más mortal y más lenta. Hasta la fecha 40 personas (27 civiles y 13 miembros de los equipos de despeje) han muerto y 243 (200 civiles y 34 miembros de los equipos de despeje) ha resultado heridas a causa de bombas si explotar, y el Centro de la ONU para la Coordinación de Actividades Relativas a las Minas ha identificado más de 900 zonas contaminadas por restos sin explotar pero aún mortales de bombas de racimo y otros tipos de material lanzado por la fuerzas israelíes en el sur de Líbano.
Amnistía Internacional ha instado al gobierno israelí a: * Facilitar al Centro de la ONU para la Coordinación de Actividades Relativas a las Minas los datos relativos a los ataques con bombas de racimo y las coordenadas exactas de las zonas donde sus fuerzas los llevaron a cabo. * Iniciar una investigación independiente e imparcial sobre los datos que indican que sus fuerzas cometieron graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario durante el conflicto, incluidos crímenes de guerra, y garantizar que los responsables son llevados ante la justicia. * Revisar su interpretación de las normas y principios relativos a los conceptos de objetivo militar, ventaja militar y proporcionalidad para garantizar que es plenamente compatible con el derecho internacional humanitario y para asegurarse de que el ejército israelí cumple con su deber de tomar precauciones cuando efectúa ataques, así como en sus operaciones de defensa, y no lleva a cabo ataques que constituyan castigos colectivos. * Anunciar la suspensión del uso de todas las armas de racimo y garantizar de todos modos que jamás y en ninguna circunstancia vuelven a utilizarse tales armas en zonas civiles.
La organización ha instado, asimismo, a Hezbolá, cuyas fuerzas también cometieron crímenes de guerra durante el conflicto de 2006, a: * Renunciar a su política ilegítima de ataques de represalia con cohetes contra la población civil de Israel y garantizar que sus combatientes cumplen totalmente con la obligación de tomar precauciones en los ataques y en las operaciones de defensa, incluida la precaución de hacer todo lo posible para que se los distinga de las personas no combatientes. * Garantizar que Ehud Goldwasser y Eldad Regev, soldados israelíes capturados por combatientes de Hezbolá el 12 de julio de 2006, reciben un trato humano en todo momento y tienen de inmediato acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).