(Dacca) Amnistía Internacional ha concluido hoy, 10 de enero de 2008, su visita de alto nivel a Bangladesh. La delegación de la organización, encabezada por su secretaria general, Irene Khan, se ha reunido con una amplia gama de grupos y líderes de la sociedad civil y ha escuchado testimonios de supervivientes y víctimas de violaciones de derechos humanos. Ha visitado Rajshahi y Tangail. Se ha entrevistado con el ministro principal, Fakhruddin Ahmedf; el ministro de Asuntos Exteriores, Iftekhar Ahmed Chowdhury, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Mueen Ahmed. También se ha reunido con dirigentes de los principales partidos políticos.
En nombre de la delegación, Irene Khan ha presentado un memorando de recomendaciones al gobierno y los partidos políticos, resumido en la siguiente declaración a la prensa:
Durante decenios, el Estado de derecho se ha visto menoscabado en Bangladesh por la injerencia política, la debilidad de las instituciones y la falta de respeto por los derechos humanos. Los sectores poderosos y privilegiados han podido actuar con impunidad, sin temor a que les hagan rendir cuentas. El abuso de poder ha sido la norma y se ha caracterizado por una creciente vinculación entre la violencia política y la delincuencia organizada. Los sectores más pobres de la población han sido a menudo los más vulnerables a los abusos y los menos capaces de encontrar reparación.
La evaluación que Amnistía Internacional hace hoy de la situación de los derechos humanos y sus recomendaciones para el futuro han de considerarse en ese contexto. Enmarcando la situación actual en la larga historia de violaciones de derechos humanos del país, la organización quiere poner de relieve que es absolutamente necesario llevar a cabo una importante reforma institucional para que se instituya en Bangladesh el Estado de derecho y que este gobierno tiene la oportunidad y la responsabilidad de emprender tal reforma.
Esto no significa que la situación actual de los derechos humanos sea satisfactoria. Al contrario. Amnistía Internacional ha visto que persisten en este régimen algunas pautas ya conocidas de violación de derechos humanos, que el gobierno debe abordar de manera más enérgica que hasta ahora. La organización ha observado también que están surgiendo nuevas pautas de violación de los derechos humanos, de las que es responsable este gobierno y para abordar las cuales apenas se ha hecho nada.
Principales motivos de preocupación
Continúan cometiéndose con impunidad pautas ya conocidas de abusos contra los derechos humanos a mano de la policía, el Batallón de Acción Rápida, las Fuerzas Conjuntas y otros cuerpos encargados de hacer cumplir la ley. El gobierno provisional ha afirmado que el número de ejecuciones extrajudiciales ha descendido en 2007 en comparación con años anteriores. Sin embargo, es motivo de honda preocupación que jamás se haya hecho pública ninguna investigación sobre estos incidentes y que, a juzgar por la información disponible, ningún miembro de las fuerzas armadas haya sido jamás llevado a los tribunales para ser juzgado por estos homicidios. Esta era la situación imperante anteriormente, con el gobierno democrático, y esta es también la situación que existe con el actual gobierno provisional.
El caso de Cholesh Richil es bien conocido: el gobierno nos ha informado de que se ha llevado a cabo una investigación y de que el ejército ha tomado medidas en consecuencia. Sin embargo, a pesar de nuestras enérgicas y reiteradas peticiones, el gobierno no nos ha dado garantías de que se vaya a publicar el informe de la investigación ni de que se vayan a tomar medidas para procesar a los responsables. Resulta sumamente decepcionante, si tenemos en cuenta que este gobierno se ha comprometido a establecer transparencia y rendición de cuentas.
Según informes, Rang Lai Mro, destacado líder de Chittagong Hill Tracts, fue torturado por personal militar tras su detención, en febrero de 2007, así como en una comisaría de policía tras ser declarado culpable, en octubre de 2007. No se han tomado medidas para investigar la presunta tortura.
La delegación de Amnistía Internacional se ha reunido con Jahangir Alam Akash, periodista y activista de derechos humanos que fue detenido y golpeado por el Batallón de Acción Rápida en Rajshahi en octubre de 2007. No sólo no se ha realizado ninguna investigación sobre lo ocurrido, sino que además Akash teme sufrir represalias por haber denunciado públicamente las tácticas del Batallón.
Tasneem Khalil, periodista y activista de derechos humanos, fue detenido el 11 de mayo de 2007 y sometido, presuntamente, a tortura por haber informado sobre violaciones de derechos humanos y haberse puesto en contacto con organizaciones internacionales de derechos humanos.
Estos casos muestran que persisten pautas ya conocidas de agresión por parte del Estado a defensores de los derechos humanos, activistas sociales, periodistas y otras personas que disienten del gobierno o denuncian violaciones de derechos humanos cometidas por él.
Si el gobierno no da respuestas adecuadas a estos casos tan notorios y de tanta repercusión, en otros menos conocidos habrá menos posibilidades aún de recurrir a la justicia. Es inaceptable.
Las operaciones del Batallón de Acción Rápida se han caracterizado desde su establecimiento, en 2004, por una constante de homicidios, calificados por gobierno de muertes en situaciones de fuego cruzado. Sin embargo, de acuerdo con la Ordenanza de Batallones de Policía Armada (reformada), que regula el Batallón de Acción Rápida, éste disfruta de amplia inmunidad penal. Según el actual Reglamento de Excepción, los miembros de cualquiera de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidas la policía y las fuerzas conjuntas, no pueden ser procesados “por nada hecho de buena fe”. Esta lenguaje, común en muchas leyes relativas a las fuerzas de seguridad, institucionaliza la impunidad. Conceder tan amplia inmunidad al personal encargado de hacer cumplir la ley constituye claramente una violación del derecho internacional.
Amnistía Internacional considera que el uso del ejército en operaciones de mantenimiento del orden no es una solución sostenible y duradera para los problemas relacionados con hacer cumplir la ley. El personal militar no ha recibido la formación necesaria para realizar las funciones propias de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. La respuesta radica en crear una policía reformada y efectiva. Hemos tomado nota del esfuerzo del gobierno provisional por reformar la policía. En nuestro memorando hemos incluido recomendaciones relativas a la reforma.
Amnistía Internacional considera también motivo de preocupación el terrible papel que desempeñan las fuerza armadas en algunas funciones, sin claras normas sobre rendición de cuentas, de las que debería ocuparse en realidad la administración civil.
Amnistía Internacional cree que las denuncias de abusos contra los derechos humanos hechas contra personal de las fuerzas amadas deben investigarse y llevarse a juicio en el sistema civil de justicia penal. Actualmente, sólo los casos de violación y asesinato se llevan a los tribunales civiles. Debe ampliarse esta jurisdicción para que abarque también otras violaciones graves de derechos humanos, en particular la tortura y los malos tratos. Esperamos que la cúpula militar tenga debidamente en cuenta nuestras recomendaciones, pues creemos de este modo se garantizará la justicia y se contribuirá a dar a la ciudadanía la seguridad de que ninguna persona está por encima de la ley en Bangladesh.
La práctica de utilizar a las fuerzas armadas para hacer cumplir la ley y concederles inmunidad penal se instituyó con un gobierno civil elegido democráticamente. Amnistía Internacional insta a todos los partidos políticos a que se comprometan en su programa electoral a poner fin a esta práctica.
Han surgido nuevas pautas de manipulación del debido proceso en casos de corrupción y abuso de poder político
El uso persistente y generalizado de la detención preventiva sin cargos ni juicio no es nuevo en Bangladesh. Varias administraciones se han valido de la Ley de Poderes Especiales de 1974 para detener a críticos y opositores políticos.
El gobierno provisional ha continuado haciéndolo. Ha utilizado dicha ley para detener a destacados políticos y empresarios acusados de corrupción, así como a periodistas y a otras personas acusadas de poner bombas.
La Ley de Poderes Especiales se aplica ahora a delitos tipificados en el Reglamento de Poderes de Excepción de 2007, lo que concede atribuciones de amplio alcance a los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Los detenidos a los que se imputan delitos en virtud del Reglamento se ven privados automáticamente de diversas medidas jurídicas de protección, incluida la libertad bajo fianza.
Amnistía Internacional cree que, en algunos aspectos, las normas de excepción están formuladas de manera demasiado general o se aplican de forma que violan el derecho de debido proceso de los detenidos, por lo que deben revisarse y reformarse con urgencia.
Aunque la meta de combatir los delitos económicos y el abuso de poder político es importante, la aplicación de procedimientos que restringen el debido proceso y violan, por tanto, las normas internacionales de derechos humanos no contribuirá, a la larga, a su consecución. No se puede jamás recurrir a un estado de excepción para justificar la privación arbitraria de la libertad o la negación de principios fundamentales de juicio justo.
Amnistía Internacional pide al gobierno de transición que respete escrupulosamente el debido proceso y el Estado de derecho, cumpla las normas sobre juicios justos, ponga fin a la detención arbitraria y restablezca las disposiciones relativas a la libertad bajo fianza.
La organización pidió a los anteriores gobiernos elegidos democráticamente que anularan la Ley de Poderes Especiales de 1974 y pide ahora al gobierno provisional que la suspenda hasta que se someta a examen su anulación en un nuevo Parlamento.
El estado de excepción
Ciertos derechos humanos se han visto restringidos por las disposiciones de excepción. Se teme en particular por la libertad de prensa y la libertad de expresión, reunión y asociación. El derecho internacional permite la anulación o restricción de estos derechos durante un estado de excepción, pero impone estrictas limitaciones a tal medida. Amnistía Internacional cree que algunas de las restricciones impuestas por medio del Reglamento de Poderes de Excepción superan lo permisible conforme al derecho internacional en la actual situación de Bangladesh.
La organización considera que las actuales normas y restricciones de la libertad de expresión, reunión y asociación están formuladas de manera demasiado general y se aplican selectivamente, lo que crea incertidumbre y temor.
Amnistía Internacional ha protestado por la detención y procesamiento de diversos profesores universitarios de Rajshahi y Dacca. La organización considera que los profesores de Rajshahi han sido presos de conciencia y cree que los cuatro profesores de la Universidad de Dacca, que están siendo juzgados actualmente, también lo son, por lo que pide que sean puestos en libertad de inmediato y sin condiciones.
Pedimos al gobierno provisional que revise y reforme con urgencia las restricciones impuestas en virtud del estado de excepción al derecho de expresión, reunión y asociación.
Creemos que tal reforma ha de ser un primer paso para levantar el estado de excepción. Éste es por naturaleza una situación temporal y no puede utilizarse, por tanto, como modo de gobierno a largo plazo. El futuro
Mañana se cumple un año del establecimiento del estado de excepción. Es una oportunidad para que el gobierno provisional anuncie públicamente su compromiso con el respeto de los derechos humanos, reconozca en qué está fallando, comunique en qué aspectos ha hecho avances y establezca un plan claro de medidas concretas de reforma en materia de derechos humanos para 2008.
En nuestras reuniones con el ministro principal, el jefe del Estado Mayor del Ejército y el ministro de Asuntos Exteriores, todos ellos hicieron hincapié en que se comprometían a garantizar la celebración de elecciones libres e imparciales antes de que acabe 2008. También pusieron de relieve su lucha contra la corrupción y en favor de la reforma electoral.
Amnistía Internacional está convencida de que ningún esfuerzo por atajar la corrupción o llevar a cabo una reforma electoral tendrá éxito sin un compromiso enérgico e inequívoco con el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos por parte de todas las instituciones y funcionarios del Estado. La cultura de impunidad y falta de rendición de cuentas que persiste desde hace decenios debe acabar. Para ello es necesaria una reforma institucional. Es una empresa larga, pero el gobierno provisional tiene una oportunidad única para llevar a cabo reformas clave en materia de derechos humanos.
Amnistía Internacional reconoce los importantes pasos que el gobierno provisional ha dado ya para separar el poder judicial del ejecutivo, emprender reformas políticas, introducir legislación sobre el derecho a la información y establecer una comisión nacional de derechos humanos. Nuestro memorando contiene recomendaciones detalladas sobre cada una de estas cuestiones.
En particular
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Amnistía Internacional insta al gobierno provisional a que garantice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se establece de acuerdo con los principios internacionales pertinentes, en virtud de los cuales ha de ser independiente del gobierno y diversa en su composición y tener un mandado amplio, atribuciones adecuadas de investigación y recursos suficientes. Su mandato ha de incluir la investigación de los abusos cometidos por miembros de las fueras armadas y de seguridad. Nos complace señalar que el ministro principal se ha mostrado de acuerdo con esto último.
Debe establecerse un plazo claro para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté operativa y sea transparente. Ha de iniciarse también un proceso inclusivo de selección de sus miembros. La dirección de la Comisión será decisiva para su supervivencia, por lo que el gobierno debe ocuparse de manera especial de garantizar que se selecciona bien.
Poder judicial
El gobierno provisional ha tomado importantes y satisfactorias medidas para separar el poder judicial del ejecutivo. Sin embargo, para garantizar la independencia del poder judicial no basta con separarlo del ejecutivo. El gobierno provisional debe garantizar que los nombramientos de los cargos judiciales se hacen por méritos, que la inmovilidad en el cargo está garantizada y que las prácticas de patrocinio e injerencia políticos acaban.
Reforma de la policía
El mantenimiento efectivo del orden necesita del apoyo de las comunidades locales; sin embargo la falta de confianza de la ciudadanía en la policía es un problema generalizado, y no puede resolverse si no se lleva a cabo una reforma efectiva, competente y profesional de la policía. Será una empresa larga, pero hay algunas iniciativas clave que el gobierno provisional puede ya tomar. Amnistía Internacional le anima a que, además de elaborar un proyecto de Ordenanza de la Policía, considere la posibilidad de establecer un mecanismo independiente de quejas contra la policía para grantizar la rendición de cuentas en el sistema policial y de proporcionarle independencia operativa respecto del poder ejecutivo para que desempeñe su función sin injerencias políticas.
Libertad de información
Amnistía Internacional acoge con satisfacción que el gobierno provisional se haya comprometido a promulgar legislación sobre el derecho a la información. En Bangladesh, donde la pobreza extrema y la falta de acceso a servicios básicos son fenómenos generalizados, el derecho a la información puede ser de gran importancia para algunos de los grupos más vulnerables y marginados.
Sin embargo, la legislación propuesta sólo aportará beneficios si se ajusta a las normas internacionales, se establece debidamente con los mecanismos y medios adecuados y se da a conocer a la ciudadanía. Por tanto, Amnistía Internacional insta al gobierno provisional a que someta el proyecto de legislación a una amplia consulta.
Consulta
Este gobierno es provisional, es decir, una administración temporal y sin mandato popular. Es absolutamente necesario que se comunique con la ciudadanía y se granjeé su apoyo. Amnistía Internacional le pide que establezca consultas periódicas, amplias y sustanciales con grupos de la sociedad civil, incluidas organizaciones de base, sobre toda propuesta de reforma en materia de derechos humanos y de acción contra la impunidad. Los derechos humanos son empresa del pueblo, cuya experiencia y opiniones darán valor al trabajo del gobierno provisional, por lo que no deben considerarse un complemento, sino una parte esencial de él
El gobierno provisional debe también entablar un diálogo con los partidos políticos, no sólo sobre la reforma política, sino también sobre la reforma en materia de derechos humanos. Y la sociedad civil debe también se muy rigurosa al pedir a los partidos políticos tanto que demuestren un claro compromiso con los derechos humanos como que vigilen la actuación del gobierno provisional con respecto a los derechos humanos. Los partidos políticos deben comprometerse en el periodo previo a las elecciones a apoyar y tomar iniciativas que mejoren la protección y el respeto de los derechos humanos. Tras las elecciones, deben garantizar que el Parlamento consolida las reformas por medio de legislación cuando sea necesario.
La historia de Bangladesh en materia de derechos humanos sigue un hilo de rojo de impunidad y negación de los abusos contra tales derechos que se remonta a los crímenes de guerra y de lesa humanidad de 1971. Hay ahora un nuevo llamamiento a hacer justicia, que no debe politizarse para convertirlo en una caza de brujas contra personas concretas, sino que ha de aprovecharse en tanto que oportunidad imparcial y transparente para proporcionar la verdad, justicia y reparación a las víctimas y curar las heridas de la psique nacional. Este gobierno que no ha sido elegido democráticamente debe tener el valor de hacer lo que los gobiernos que si lo fueron no hicieron: pedir asesoramiento y ayuda a la ONU para que establezca una comisión independiente de investigación. Esta medida seria un símbolo patente del nuevo compromiso de Bangladesh con los derechos humanos y el Estado de derecho.
Que el 11 de enero sea un día de renovada esperanza.