Amnistía Internacional condena las detenciones en masa de más de un millar de tamiles a manos de la policía de Sri Lanka. Al parecer, estas detenciones se han realizado en respuesta a los atentados suicidas perpetrados en Colombo el 28 de noviembre de 2007 y cuya autoría el gobierno ha atribuido a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.
Amnistía Internacional siente honda preocupación por el hecho de que las detenciones se han practicado de manera arbitraria y discriminatoria, utilizando los amplios poderes conferidos por la normativa de emergencia. Es posible que las personas detenidas permanezcan recluidas en condiciones inhumanas, que no tengan acceso a abogados, a un tribunal y a sus familias, y que corran peligro de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o de detención arbitraria prolongada.
Según los informes, “a los tamiles los cargaron en autobuses y se los llevaron para interrogarlos”. Más de 400 de las personas detenidas, entre ellas 50 mujeres, han sido llevadas al campo Boosa, cerca de Galle (en el sur del país), un centro que, según los informes, está abarrotado y carece de instalaciones higiénicas adecuadas y de agua potable.
Aunque el gobierno tiene el derecho de poner en práctica medidas de seguridad, al hacerlo nunca debe violar derechos fundamentales. Según los informes, las personas detenidas permanecen recluidas como “sospechosas” en virtud de la normativa de emergencia, y no se han presentado cargos formales contra ninguna de ellas. Los abogados han hablado a Amnistía Internacional de la falta de claridad que rodea el tipo de órdenes de detención por las que se encuentran recluidas. Esto contradice una directiva presidencial emitida en julio de 2006 según la cual debe informarse a la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka de cualquier detención y del lugar de reclusión en un plazo de 48 horas, y debe permitirse a las familias que se comuniquen con las personas detenidas.
Amnistía Internacional desea recordar a las autoridades de Sri Lanka que toda detención o reclusión debe ser estrictamente conforme a las obligaciones que el Estado ha contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y en particular del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Sri Lanka es parte.
Las autoridades de Sri Lanka deben:
poner inmediatamente en libertad a las personas detenidas, a menos que las acusen de delitos comunes reconocibles y que un tribunal civil ordene su puesta bajo custodia;
derogar o revisar la normativa de emergencia para hacerla conforme al derecho y las normas internacionales de derechos humanos;
cumplir la directiva presidencial de Sri Lanka sobre la inscripción de detenidos en un registro e informar a las familias de las personas detenidas y a la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka del lugar donde se encuentran recluidas.