Amnistía Internacional está alarmada por el número cada vez mayor de ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos del ejército en la región de Agadez, y ha pedido a las autoridades de Níger que pongan fin de inmediato a estos actos.
En las últimas cuatro semanas, las fuerzas de seguridad de Níger han matado ilegítimamente a por lo menos trece civiles en el norte del país. Al parecer, algunas de las víctimas perdieron la vida como represalia del ejército por los ataques del grupo armado de oposición tuareg, el Movimiento por la Justicia de Níger, que se alzó en armas contra el gobierno en febrero de 2007.
Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que las fuerzas armadas han sido directamente responsables de estas ejecuciones extrajudiciales. Según los informes, el 22 de noviembre de 2007, los gendarmes detuvieron a cuatro personas, Bachir Mouhamad y Mariko Kané, jardineros, y Oukhoudane Algha y Hamad Ibrahim, ganaderos, en Tchintébizguint (a 30 km al oeste de Agadez) tras la explosión de una mina. Mientras que los gendarmes querían interrogar a los detenidos, miembros de las fuerzas armadas se apoderaron de ellos. Cinco días después se encontraron los cuatro cadáveres en una fosa común. Según testigos que vieron los cuerpos, tenían señales de heridas de bala en el corazón, la frente y los oídos.
El 9 de diciembre de 2007, las fuerzas de seguridad de Níger detuvieron en una carretera a otras siete personas, entre ellas dos comerciantes árabes -Ibrahim Sidi Amar y Osmane Sidi Rali-, un cocinero, un mecánico y dos conductores, todos ellos tuaregs o hausas, que regresaban a Agadez en automóvil.
Un familiar cercano de uno de los fallecidos declaró a Amnistía Internacional: “Estábamos esperando a nuestros familiares en Agadez cuando vimos sus vehículos conducidos por soldados. Les preguntamos dónde estaban nuestros familiares. Se negaron a contestar y luego, cuando insistimos, accedieron a llevarnos al lugar donde habían sido enterrados los siete.”
Las personas que identificaron los cuerpos afirmaron que vieron en los cadáveres numerosas señales de quemaduras de cigarrillo y de flagelación, así como muchas heridas de bala en la cara y el pecho. Los familiares de algunas de las víctimas han pedido explicaciones a las autoridades y se les ha prometido que se aclararían las muertes.
“Amnistía Internacional pide a las autoridades de Níger que abran investigaciones sobre estos homicidios ilegítimos, que hagan comparecer a los responsables ante la justicia y que resarzan a los familiares de las víctimas. Además, las autoridades deben dejar claro a las fuerzas de seguridad que no tolerarán estos homicidios ilegítimos ni otras violaciones de derechos humanos, y que los responsables tendrán que responder de sus actos ante los tribunales”, declaró Erwin van der Borght, director del Programa de África de Amnistía Internacional.
La organización pide asimismo a las autoridades de Níger y al Movimiento por la Justicia de Níger que se comprometan públicamente a respetar en todo momento el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y que adopten medidas concretas para garantizar la protección de los civiles en las zonas de conflicto. Además, Amnistía Internacional pide a las autoridades de Níger que respeten las normas de derechos humanos.
Estas ejecuciones extrajudiciales, así como el temor a los combates entre el ejército de Níger y miembros del Movimiento por la Justicia de Níger, han provocado el desplazamiento tanto de la población estable como de la nómada. Por ejemplo, todos los habitantes del pueblo de Iférouane (a 350 km al norte de Agadez) han huido del lugar y han buscado refugio en Agadez y en Arlit (a 200 km al norte de Agadez).
“Algunas de estas personas habrán sido acogidas por sus familias o la población local. Sin embargo, les costará encontrar víveres en un momento difícil en el que los precios de los alimentos básicos han subido considerablemente. De continuar así las cosas mucho tiempo, los desplazados se encontrarán en una situación cada vez más precaria”, afirmó Erwin van der Borght.