La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha encabezado hoy, 15 de noviembre de 2007, una delegación de destacadas figuras del derecho y el periodismo que ha presentado una petición en la Alta Comisión sobre Pakistán de Londres para exigir el restablecimiento de los derechos humanos y la justicia en este país. En la petición, dirigida al general Pervez Musharraf, se exige que se respete plenamente la libertad de expresión en Pakistán, se deje en libertad a las personas detenidas arbitrariamente en aplicación del estado de excepción, se restablezca la independencia del poder judicial, se haga justicia a las víctimas de desaparición forzada y no se instituyan tribunales militares para juzgar a civiles. La secretaria general de Amnistía Internacional ha manifestado: “El general Musharraf debe poner fin de inmediato a esté atentado atroz contra la vibrante comunidad de derechos humanos, las instituciones de justicia y los medios de comunicación independientes de Pakistán. En nombre de la ‘guerra contra el terror’, está destruyendo las garantías mismas de la estabilidad que afirma defender”. El secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas del Reino Unido, Jeremy Dear, ha señalado: “Las ventas de radios y antenas parabólicas se han disparado en los últimos días en Pakistán, lo que demuestra el gran valor que da la gente a las noticias independientes. Unos medios de comunicación libres son vitales para mantener la confianza pública en la democracia, y las acciones del presidente Musharraf no hacen más que agravar los problemas del país, creando un clima de temor y sospecha. Los periodistas han de poder trabajar sin amenazas ni hostigamiento. Pakistán tiene que cumplir sus obligaciones internacionales y poner fin a esta agresión a los medios de comunicación”. Irene Khan y Jeremy Dear han presentado la petición acompañados también del presidente del Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados Acreditados ante los Tribunales Superiores de Inglaterra y Gales, Mark Muller QC. l Amnistía Internacional pide también que todos los demás Estados suspendan de inmediato toda forma de cooperación con Pakistán en materia de seguridad, incluida la ayuda militar, hasta que se levanten en el país las medidas de excepción que violan el derecho internacional de los derechos humanos. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA En su calidad de jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Musharraf suspendió el pasado 3 de noviembre la mayor parte de las disposiciones de la Constitución, incluido el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida y a tener un juicio justo. Se arrogó el poder de reformar la Constitución sin ningún procedimiento parlamentario y proclamó un “orden constitucional provisional”, que prohíbe a todos los tribunales dictar órdenes contra el presidente, el primer ministro o cualquier persona que ejerza el poder bajo la autoridad de éstos. De acuerdo con el nuevo orden, los actuales miembros de los órganos judiciales superiores quedan, de hecho, retirados de su cargo hasta que hagan un nuevo juramento de acatamiento de aquél Sólo 5 de los 17 magistrados del Tribunal Supremo han hecho el juramento. Muchos jueces del Supremo y de los Tribunales Superiores Provinciales están ya abajo arresto domiciliario. Desde entonces se ha detenido arbitrariamente en todo Pakistán a centenares de abogados, activistas de derechos humanos y trabajadores políticos. Se ha impedido a los canales de noticias de radio y televisión independientes emitir dentro del país. Se han promulgado nuevas leyes que restringen la libertad de prensa y los medios de comunicación electrónicos y cuya infracción se pena con tres o cuatro años de prisión y grandes multas.