Iran’s authorities have erected the tall walls seen in the picture on the right to replace the lower walls with vertical bar railings seen in the picture on the left side and as a result, the Khavaran mass grave site is no longer visible from the outside. ©Private

Irán: Los muros construidos en torno a las fosas de víctimas de masacre muestran la necesidad urgente de una investigación internacional

Los Estados implicados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben pedir a las autoridades iraníes que dejen de ocultar las fosas comunes de las víctimas de las “masacres penitenciarias” de 1988 y abrir inmediatamente una investigación internacional sobre la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de miles de disidentes, hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

Durante los últimos meses, las autoridades iraníes han construido muros de hormigón de dos metros de altura en torno a las fosas comunes de Javarán, a las afueras de Teherán, donde se cree que están enterrados los restos de varios centenares de disidentes políticos ejecutados en secreto en 1988. Esta construcción hace temer seriamente que las autoridades puedan destruir o alterar más fácilmente el emplazamiento de la fosa común lejos de la vista del público, ya que el lugar ya no es visible desde el exterior y su entrada está custodiada por agentes de seguridad que sólo permiten la entrada a familiares de las víctimas durante determinados días.

“Las autoridades iraníes no pueden simplemente construir un muro alrededor de la escena de un crimen y pensar que se borrarán y olvidarán todos sus crímenes. Durante 34 años, las autoridades han ocultado y destruido de manera sistemática y deliberada pruebas esenciales que podrían servir para establecer la verdad sobre la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en 1988 y para que las víctimas y sus familiares obtengan justicia y reparación”, ha manifestado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

La conciencia de la humanidad debería conmocionarse al saber que miles de disidentes políticos continúan sometidos a desaparición forzada en Irán, mientras quienes deberían ser investigados por graves crímenes de derecho internacional han accedido a los más altos cargos ejecutivos y judiciales desde donde continúan infligiendo sufrimiento a los familiares de las víctimas. Esta aberración debe terminar de una vez por todas, y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe establecer urgentemente un mecanismo de investigación independiente para descubrir la verdad y como paso para llevar ante la justicia a los presuntos responsables.”

También se han colocado cinco cámaras de seguridad tanto dentro del emplazamiento de la fosa común como en el exterior, en la calle, para intimidar a los familiares que están de luto y para disuadir a la población de que vayan a visitar el lugar para rendir homenaje.

Las fosas comunes de Javarán están ubicadas en un emplazamiento a las afueras de Teherán que también contiene varias tumbas individuales de disidentes políticos ejecutados a principios de la década de 1980, y en el cementerio de Golestan Javid, donde la perseguida minoría bahaí entierra a sus seres queridos.

Amnistía Internacional ha revisado fotografías y grabaciones de vídeo y cámaras de seguridad de los nuevos muros para corroborar los testimonios de familiares que han visitado el emplazamiento de la fosa común desde finales de mayo de 2022.

Las autoridades iraníes no pueden simplemente construir un muro alrededor de la escena de un crimen y pensar que se borrarán y olvidarán todos sus crímenes.

Diana Eltahawy, Amnistía Internacional

Durante más de tres decenios, las autoridades iraníes han tratado de encubrir pruebas de las masacres penitenciarias arrasando con excavadoras repetidamente los emplazamientos, presuntos o confirmados, de fosas comunes y destruyendo señalizaciones ad hoc de las fosas y árboles plantados por familiares.

Se ha prohibido sistemáticamente a familiares, sobrevivientes y defensores y defensoras de los derechos humanos congregarse en emplazamientos de fosas comunes para recordar a las víctimas y se les ha impedido erigir memoriales y depositar flores. Algunas de estas personas personas han sido procesadas y encarceladas como represalia por pedir verdad y justicia.

Se han transformado algunos emplazamientos de fosas comunes en vertederos. En abril de 2021, las autoridades iraníes también presionaron a miembros de la perseguida minoría bahaí para que enterraran a sus seres queridos en el emplazamiento de la fosa común de Javarán.

A fin de seguir ocultando la suerte y el paradero de las víctimas, las autoridades también se han negado a expedir certificados de defunción y han eliminado sus nombres de los registros de sepultura.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe escuchar las peticiones de una investigación internacional formuladas por expertos

En septiembre de 2020, un grupo de expertos de la ONU, incluido el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, advirtió de que las violaciones de derechos humanos pasadas y presentes asociadas a las masacres penitenciarias cometidas en Irán en 1988 “podrían constituir crímenes de lesa humanidad” y de que pedirá una investigación internacional si estas violaciones persisten.

En agosto de 2021, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias reiteró su preocupación por la actual ocultación de lugares de enterramiento, recordó que el crimen de desaparición forzada continúa hasta que se establezca la suerte y el paradero de las personas afectadas, y pidió una investigación internacional.

“Los Estados implicados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tienen la obligación moral de apoyar a los familiares, las víctimas y las personas sobrevivientes de las atrocidades cometidas en Irán, incluidas las masacres penitenciarias de 1988, y escuchar las peticiones de los expertos y establecer un mecanismo internacional de investigación. Los miembros de la comunidad internacional, incluidos aquellos que participan en las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear, no deben eludir alzar la voz para obtener un beneficio político. Deberían adoptar medidas concretas para abordar la actual crisis de impunidad sistémica en un país en el que se ha producido el ascenso a la presidencia de la república de Ebrahim Raisi, quien debe ser investigado por crímenes de lesa humanidad”, ha declarado Diana Eltahawy.

Información complementaria

Ni un solo funcionario ha comparecido ante la justicia en Irán por los crímenes contra la humanidad pasados y presentes asociados a las “masacres penitenciarias” de 1988; y algunos de los implicados ocupan o han ocupado cargos de poder en el país. El actual presidente de la República y ex presidente de la Magistratura Ebrahim Raisi fue miembro de la “comisión de la muerte” que llevó a cabo la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de varios miles de disidentes políticos en las cárceles de Evin y Gohardasht, cerca de Teherán, entre finales de julio y principios de septiembre de 1988.

Otros miembros de las denominadas “comisiones de la muerte” que deben ser investigados por crímenes de lesa humanidad son: Alireza Avaei (ministro de Justicia de 2017 a 2021); Hossein Ali Nayyeri, (presidente del Tribunal Supremo Disciplinar para Jueces); Mohammad Hossein Ahmadi (actualmente miembro de un organismo constitucional clave); y Mostafa Pour Mohammadi (ministro de Justicia de 2013 a 2017 y en la actualidad asesor de alto nivel presidente de la Magistratura).