Desde que tomó el poder hace casi un año, el 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar viene llevando a cabo ataques indiscriminados contra la población civil y obstruyendo el acceso a productos y servicios esenciales para su supervivencia, manifestó hoy Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional entrevistó a cuatro personas civiles desplazadas y a seis trabajadores y trabajadoras humanitarios y otro personal voluntario de respuesta humanitaria. Sus impactantes relatos dejan al descubierto los intentos sistemáticos del ejército para matar de inanición a la población e impedirle el acceso a asistencia médica, en su campaña para aplastar la resistencia armada al golpe de Estado.
Durante más de seis décadas, el ejército ha aplicado una estrategia de “cuatro cortes” en las zonas fronterizas del país, cortando el acceso a recursos esenciales con el objetivo de destruir la base de apoyo de las organizaciones étnicas armadas que luchan por la autodeterminación. Recientemente ha comenzado a aplicar estas prácticas en zonas en las que han emergido nuevas fuerzas populares de defensa, mientras continúa reprimiendo violentamente todas las formas de resistencia al golpe de Estado. El uso de la estrategia de los cuatro cortes por el ejército ha tenido consecuencias devastadoras para la población civil.
Como parte de su guerra contra la resistencia armada, el ejército no sólo ha lanzado ataques aéreos indiscriminados e incendiado centenares de viviendas, sino que también cortado el suministro de artículos y servicios esenciales a población civil de distintos grupos étnicos y zonas geográficas.
La ONU ha señalado que los enfrentamientos armados y la inseguridad posteriores al golpe de Estado han provocado el desplazamiento interno de 284.700 personas y que la cifra de personas necesitadas de ayuda humanitaria ha aumentado en al menos dos millones en 2021, y ha previsto que las necesidades humanitarias continuarán aumentado en 2022.
El 9 de diciembre, la ONU describió “drásticas limitaciones” del acceso humanitario, que incluían cortes de carreteras y un mayor control de los suministros y el personal de ayuda humanitaria.
“Desde que el ejército tomóel poder, la población de Myanmar soporta penalidades extremas. Cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Muchas pasan hambre y se enfrentan a la terrible realidad de tener que sobrevivir sin atención de la salud ni asistencia médica incluso cuando la pandemia continúa”, expresó Emerlynne Gil, directora regional adjunta de Investigación de Amnistía Internacional.
Sobrevivir a duras penas en la selva
En mayo, Katherine estaba entrando en el segundo trimestre de su embarazo cuando en el estado de Kayah estallaron combates entre el ejército y fuerzas combinadas de grupos de resistencia civil y organizaciones étnicas armadas. El ejército respondió al nuevo frente opositor con ataques aéreos, artillería pesada y disparos indiscriminados que obligaron a 100.000 personas a huir de sus casas el 8 de junio, según los cálculos de la ONU.
El 9 de junio, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, advirtió de “muertes masivas por inanición, enfermedad y exposición” en todo el estado cuando el ejército cortó el acceso de la población desplazada a los alimentos, el agua y los medicamentos, incluso mediante el bloqueo de las entregas de ayuda humanitaria.
Cuando los combates llegaron al pueblo de Katherine en el municipio de Demoso, ella y su esposo huyeron a la selva con sus dos hijos. La familia cambió de lugar varias veces por seguridad, y soportó la estación de lluvias durmiendo bajo una lona. Según su esposo, aunque recibieron alimentos de grupos de ayuda humanitaria y otros lugareños, fueron insuficientes.
Alrededor del séptimo mes de embarazo, Katherine empezó a vomitar y a tener mareos, fatiga y dificultad para respirar. En una ocasión sufrió convulsiones. En el octavo mes de embarazo se le hincharon las piernas y dejó de poder caminar. Se puso de parto en octubre. Pese a que la atendió una matrona, ni Katherine ni su bebé sobrevivieron.
“No tuvo acceso a alimentos nutritivos ni a un cobijo abrigado. Mi esposa tuvo dificultades durante el embarazo que la debilitaron y le impidieron dar a luz al bebé”, dijo su esposo.
No tuvo acceso a alimentos nutritivos ni a un cobijo abrigado. Mi esposa tuvo dificultades durante el embarazo que la debilitaron y le impidieron dar a luz al bebé.
esposo de Katherine
En el municipio de Hpruso, estado de Kayah, también comenzaron a producirse desplazamientos masivos en mayo, pero Francis* no pudo huir inmediatamente con su familia porque está paralizado de cintura para abajo. Su esposa y su suegra huyeron corriendo a la selva con sus cuatro hijos, y él se reunió con ellos al día siguiente, cuando unos vecinos de su pueblo regresaron para buscarlo y lo transportaron.
La familia regresó al hogar al cabo de una semana y media, pero pronto tuvo que huir de nuevo porque se reanudaron los combates. En total, pasaron alrededor de un mes en la selva. “La primera vez que huimos, dormimos donde pudimos, sin mantas ni cobijo. Al cabo de uno o dos días, cuando las cosas se calmaron un poco, trajimos unas sábanas y unas mantas [de casa]. Estuvimos todo el tiempo bajo una lona”, dijo Francis.
Su familia y otros vecinos del pueblo no sólo tenían que sobrevivir con los alimentos y el agua que encontraban, sino que tampoco tenían acceso a medicamentos ni a suministros médicos. Su esposa utiliza guantes y catéteres de goma para ayudarlo a orinar y a defecar, pero se les terminaron mientras estaban en la selva.
En junio, una organización benéfica le ofreció un refugio más estable en el que está actualmente con su esposa y sus dos hijos más pequeños. Aunque el refugio ofrece mejores instalaciones y acceso a recursos que la selva, Francis contó que los alimentos seguían siendo limitados. También teme que el lugar pueda ser atacado.
Los dos hijos mayores de Francis están alojados con su abuela y su tía, pero siguen entrando y saliendo de la selva porque los combates entre las fuerzas de seguridad y los grupos de resistencia armados continúan. A Francis le gustaría reunirse con sus hijos, pero le preocupa que eso pudiera ocasionar problemas a quienes le están ayudando. “Si regreso al pueblo y tengo que volver a huir, seré una carga para los demás. Y eso ya no puedo asumirlo, así que he decidido quedarme aquí hasta que la situación mejore”, explicó.
Llevar a los seres queridos a cuestas
En las regiones de Sagaing y Magway y en el estado de Chin, en el noroeste de Myanmar, los combates entre el ejército y grupos de resistencia civil y organizaciones armadas étnicas han desplazado a más de 93.000 personas, según la ONU. El ejército ataca zonas residenciales con ataques aéreos, incendios provocados y disparos indiscriminados.
Tial Lian,* de 30 años, huyó a la selva desde su pueblo en el municipio de Mindat, en el estado de Chin, junto con su esposo, sus dos hijos, su padre y su abuela cuando los enfrentamientos se intensificaron en mayo.
Como su padre, de 77 años, y su abuela, que según sus cálculos tiene más de 100 años, no caminan bien, Tial Lian y su esposo los llevaron a cuestas en la huida. Desde entonces, la familia ha entrado y salido varias veces de la selva, donde Tial Lian y su esposo están construyendo un pequeño refugio con lona. Ha habido veces en que, ante la preocupación de que el llanto de su bebé alertase a los soldados de su ubicación, la pareja se introducía aún más en la profundidad de la selva con los niños, dejando a los dos ancianos solos en el refugio durante varios días.
A veces, las ratas roían la lona, que ofrece poca protección frente a los elementos. “Cuando llueve, la lona que tenemos no soporta el peso del agua. Acabamos empapados nosotros y también las mantas”, explicó Tial Lian. A veces la familia pasa varios días sin comer porque no se atreve a hacer una hoguera cuando hay soldados cerca.
Incluso cuando regresan al pueblo les es difícil acceder a alimentos y medicinas. “Las carreteras para ir a comprar arroz están cortadas, y en el pueblo tampoco lo vende nadie”, dijo Tial Lian.
“Como la carretera está cortada por soldados, tenemos que pagar 1.500 kyats (1 dólar estadounidense, aproximadamente) por suministros que [en condiciones normales] costarían solo 1.000 kyats”, añadió. Además de padecer escasez de arroz, dijo que a veces la familia no tiene acceso a aceite de cocina, sal o pasta de pescado.
Según cálculos de la ONU, la reanudación de los combates a partir de marzo entre la Organización Independentista Kachin y el ejército en el estado de Kachin, el más septentrional de Myanmar, ha desplazado a más de 15.000 personas en todo el Estado.
Hkaw Reng* no ha regresado a su pueblo del municipio de Injangyang desde la intensificación de los combates en marzo. Abandonó su pueblo y caminó durante dos días con su hijo de un año antes de establecer un campamento. Desde entonces han recibido asistencia humanitaria limitada. “Las carreteras están cortadas y estoy en un lugar muy alejado, por lo que es difícil acceder a alimentos y medicamentos”, explicó.
Alrededor de abril, Hkaw Reng descubrió que estaba embarazada, pero aún no ha recibido ninguna atención prenatal. Le preocupa cómo va a dar a luz al bebé, porque podría tardar horas en llegar a un centro médico y en el camino tendría que pasar por puestos de control militares.
Corte del acceso de suministros
Seis miembros de equipos de respuesta humanitaria locales describieron distintas formas en que el ejército limita duramente la respuesta humanitaria, como detener a trabajadores y trabajadoras de ayuda humanitaria y confiscar o destruir alimentos, medicamentos y suministros de ayuda humanitaria o restringir su transporte.
“El ejército niega a la población ayuda humanitaria esencial que salva vidas. La asfixia, al privarle de acceso al sustento —las rutas de suministro de alimentos y productos médicos— y amenazar a personal médico cuyo único objetivo es salvar vidas”, manifestó Emerlynne Gil.
En noviembre, la ONU describió un contexto de seguridad “frágil” en el sudeste de Myanmar y “fuertes restricciones” del acceso humanitario.
En el municipio de Moebye, en el estado meridional de Shan, donde estallaron combates a finales de mayo, en la madrugada del 8 de junio un equipo de respuesta humanitaria formado por jóvenes locales intentó enviar suministros de socorro a personas desplazadas escondidas en la montaña, según uno de los miembros del equipo. La persona, que no se ha identificado por temor a represalias, dijo que él y otros miembros del equipo de respuesta cargaron un furgón con sacos de arroz en una escuela que se estaba utilizando como almacén. Pero, cuando el furgón arrancó, los soldados comenzaron a dispararle. El furgón nunca llegó a su destino.
“Tuvimos que huir a toda prisa y no pudimos trasladar los suministros”, dijo.
Esa noche, vio a distancia cómo un grupo de soldados vaciaban el almacén y quemaban todo el contenido. Destruyeron más de 80 sacos de arroz, así como otros alimentos, suministros médicos y bidones de gasolina. Los soldados también destruyeron una ambulancia identificada con su distintivo correspondiente y otro vehículo. “Lo quemaron todo excepto los baños portátiles”, dijo el miembro del equipo de respuesta humanitaria.
El ejército niega a la población ayuda humanitaria esencial que salva vidas. La asfixia, al privarle de acceso al sustento —las rutas de suministro de alimentos y productos médicos— y amenazar a personal médico cuyo único objetivo es salvar vidas.
Emerlynne Gil, directora regional adjunta de Investigación de Amnistía Internacional
Los militares también apuntaron y dispararon a las montañas, dijo, lo que obligó a personas que ya habían sido desplazadas de sus hogares a volver a desplazarse en busca de otro lugar. Aunque no tenían suficiente comida, temían salir de su escondite para ir a buscar más.
Este miembro del equipo de respuesta también explicó que, a principios de octubre, un conductor que transportaba suministros de alimentos destinados a personas internamente desplazadas en Moebye fue detenido entre las localidades de Nyaung Shwe y Pekon. “[Los soldados] confiscaron todos los suministros de comida seca y el camión y detuvieron al conductor y su ayudante.”
También según su testimonio, el ejército bloqueó el transporte de suministros médicos a Moebye desde principios de octubre, y su equipo no ha recibido artículos de socorro donados procedentes de Yangon. “La situación no es segura, así que no nos atrevemos a ir a recoger las donaciones, y ningún conductor se atreve tampoco a transportarlas.”
Su equipo ya no viaja al mercado de la localidad cercana de Loikaw para adquirir los productos, y ha retrasado la distribución de algunos artículos debido a los riesgos. Además, están teniendo dificultades para transferir fondos para comprar artículos, porque pocos agentes de envío de dinero se atreven a ayudarles por temor a ser atacados.
En ocasiones, este equipo voluntario de respuesta, que también colabora con profesionales de la salud para suministrar clínicas móviles y servicios de respuesta de emergencia, se veía obligado a retrasar o suspender estos servicios por miedo a las detenciones.
Una trabajadora de una organización de la sociedad civil de la localidad vecina de Pekon, donde también hay enfrentamientos y desplazamientos desde finales de mayo, contó a Amnistía Internacional que allí el ejército había empezado a cortar las carreteras en junio. “Al principio utilizábamos otras rutas, pero luego también las cortaron. Ahora transportamos [los productos de ayuda humanitaria] poco a poco, pero en algunas zonas no hemos podido transportar nada”, dijo.
Los militares también inspeccionan de forma habitual el contenido de los vehículos en puestos de control aleatorios. “Últimamente, han restringido totalmente el transporte de cualquier medicamento. Cuando la gente encarga suministros médicos, [las fuerzas de seguridad] abren los paquetes en la carretera y los confiscan”, explicó.
Otra trabajadora de una organización de la sociedad civil relató dificultades similares para distribuir ayuda humanitaria en los municipios de Loikaw, Demoso y Hpruso del estado de Kayah. “Los soldados nos paran e inspeccionan a fondo cuando enviamos alimentos y lonas para refugios y, a veces, no nos dejan pasar. Cuando transportamos suministros, no podemos hacerlo abiertamente”, comentó.
Su organización ha retirado las banderas blancas que llevaba a la vista en sus vehículos para indicar que realiza labores de asistencia humanitaria. Además, para evitar llamar la atención de los militares, ahora compra la ayuda en pequeñas cantidades.
El miedo a sufrir un ataque o a quedar atrapado entre fuego cruzado también ha retrasado o frenado a su equipo a la hora de acceder a ciertas zonas del municipio de Demoso. “Tenemos que buscar carreteras seguras que el ejército desconozca”, dijo. “Paramos en un lugar y guardamos la mercancía; cuando la ruta está despejada, reanudamos el viaje.”
Miedo generalizado
Los equipos de respuesta humanitaria del noroeste de Myanmar se encuentran con impedimentos similares, y la ONU informó el 9 de diciembre de escasez de alimentos, combustible y suministros médicos.
Un voluntario de un equipo de respuesta de emergencia de Mindat, en el estado de Chin, contó que su grupo había sido incapaz de hacer llegar alimentos y ayuda médica a muchos lugares del municipio a causa de los cortes de carreteras, y que el equipo entrega artículos de socorro en pequeñas cantidades en motocicleta o a pie para reducir su visibilidad después de que uno de sus miembros fuera detenido cuando regresaba de entregar ayuda humanitaria a personas desplazadas.
Una trabajadora de una organización de la sociedad civil contó que en el municipio de Kalay, en la región de Sagaing, el ejército había bloqueado todas las carreteras principales y las fuerzas de seguridad sometían a controles exhaustivos a los vehículos que circulaban en la zona.
“Prohíben todos los artículos que puedan ser de ayuda [para las personas internamente desplazadas], y detienen a la gente. Hay veces en que no nos atrevemos a ayudar y nos limitamos a esperar”, explicó. Su organización ha renunciado por completo a enviar medicamentos porque ha oído que el ejército los confisca todos a la entrada de la ciudad.
El riesgo de transportar mercancías también ha dificultado el encontrar un conductor en las zonas con combates activos en el estado de Chin y la región de Sagaing, donde opera su organización, contó. “Hubo veces en que tuvimos que negociar y rogar [a los conductores] que entregaran los alimentos”, afirmó.
Prohíben todos los artículos que puedan ser de ayuda [para las personas internamente desplazadas], y detienen a la gente. Hay veces en que no nos atrevemos a ayudar y nos limitamos a esperar.
Trabajadora de una organización de la sociedad civil
Un médico voluntario del municipio de Yinmarbin, en la región de Sagaing, dijo que su equipo no podía transportar libremente medicamentos ni equipos médicos. “A veces, [nuestros proveedores] nos los envían, pero no los recibimos”, explicó. Forma parte de una red que proporciona asistencia médica móvil a comunidades afectadas por el conflicto y a miembros heridos de las fuerzas populares de defensa, así como ayuda alimentaria a personas desplazadas en la región de Sagaing.
En septiembre el ejército cortó el acceso a Internet en 24 municipios del centro y el noroeste de Myanmar, incluido Yinmarbin. El médico voluntario dijo que, a consecuencia de ello, su equipo accede con retraso a la información sobre la situación en el terreno, lo que había supuesto un grave obstáculo para su respuesta médica, especialmente en zonas en las que a veces el ejército bloquea las redes telefónicas.
Él y sus compañeros de equipo también corren riesgos de seguridad. Contó a Amnistía Internacional que, en julio, unas instalaciones médicas temporales habían sido alcanzadas por bombas y disparos del ejército, y el personal voluntario y los pacientes habían tenido que salir huyendo. Además, habían detenido a al menos tres voluntarios de su red.
Estos relatos son representativos de lo que está ocurriendo en todo el país y demuestran que el ejército de Myanmar priva sistemáticamente a la población civil de suministros y medicamentos que ésta necesita de forma acuciante.
“Si las fuerzas armadas continúan esta campaña brutal contra su propia gente, se perderán más vidas. El ejército debe permitir el pleno acceso del personal de ayuda humanitaria a las regiones afectadas”, expresó Emerlynne Gil.
Nota: *Los nombres se han modificado para proteger la seguridad de las personas entrevistadas.