Las autoridades tunecinas deben investigar exhaustivamente y sin demora las circunstancias del secuestro, la desaparición forzada y el retorno forzoso a Argelia de Slimane Bouhafs, activista argelino a quien la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) había reconocido la condición de refugiado en Túnez, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Según el derecho internacional de los derechos humanos, Túnez debe proteger a las personas refugiadas y no expulsarlas ni devolverlas a un país donde corran peligro de ser perseguidas.
La organización pide a las autoridades argelinas que lo pongan en libertad de inmediato y le permitan salir de Argelia. Slimane Bouhafs ya estuvo encarcelado en Argelia por ejercer su derecho legítimo a la libertad de expresión en unos comentarios que publicó en Facebook que se consideraron ofensivos para el islam. Su familia cree que corre grave peligro de sufrir malos tratos en las cárceles de Argelia, como ya le ha ocurrido anteriormente.
“Tras pasar dos años encarcelado injustamente en Argelia, Slimane Bouhafs fue a Túnez en busca de seguridad, pero parece que no se alejó lo suficiente del alcance del gobierno argelino”, ha manifestado Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“El gobierno tunecino es corresponsable de lo que le ocurra y debe aclarar su papel en su secuestro y retorno, que equivale a una devolución (refoulement) y sienta un preocupante precedente para Túnez. Según el derecho internacional, ninguna persona debe ser objeto de devolución a un país donde pueda estar en grave peligro de sufrir persecución o violaciones de derechos humanos.”
Slimane Bouhafs, cristiano converso, fue condenado el 6 de septiembre de 2016 a tres años de cárcel por “ofender al Profeta” y “denigrar el credo y los preceptos del islam”, en aplicación del artículo 144 bis 2 del Código Penal de Argelia, por unos comentarios que publicó en Facebook considerados ofensivos para el Islam y el profeta Mahoma. Durante su juicio en primera instancia se le negó el acceso a representación letrada, a la que no pudo acceder hasta la vista de apelación. Slimane Bouhafs pasó casi dos años en la cárcel y quedó en libertad en 2018 gracias a un indulto presidencial. Entonces fue a Túnez y en 2020 el ACNUR le reconoció la condición de refugiado.
Un familiar suyo, que pidió quedar en el anonimato por miedo a sufrir represalias, dijo a Amnistía Internacional que a Slimane Bouhafs lo habían secuestrado en el barrio de Hay Tahrir, donde reside, el 25 de agosto a la una de la tarde, y que los vecinos vieron cómo tres hombres vestidos de civil aparcaban un automóvil negro delante de su casa.
“El conductor se quedó en el vehículo mientras los otros tres fueron a su apartamento, lo obligaron a salir y después se fueron. Uno de ellos llevaba un maletín, aparentemente con sus pertenencias. Los vecinos acudieron inmediatamente a la policía y dijeron lo que habían visto”, dijo.
Durante cuatro días, la familia no tuvo noticias de su paradero y temió que hubiera sido sometido a desaparición forzada por las autoridades de Argelia o de Túnez o por algún grupo armado no estatal. El 29 de agosto, supieron, a través de contactos no oficiales, que estaba bajo custodia en una comisaría de Argel. El 1 de septiembre, compareció ante el juez de instrucción del tribunal de Sidi M’hamed de Argel, y éste ordenó su ingreso en prisión por seis cargos que aún no se conocen.
Ni las autoridades tunecinas ni las argelinas han hecho declaración alguna sobre Slimane Bouhafs, ni tampoco han aclarado si fue expulsado o extraditado a Argelia a petición del gobierno argelino.
ACNUR respondió oficialmente, expresando su “gran preocupación por los informes sobre la expulsión a su país de origen de un refugiado reconocido por ACNUR en Túnez”, añadiendo que la organización estaba pendiente de la evolución del caso y solicitando que las autoridades estudiaran estos informes.
Según el derecho internacional, ninguna persona debe ser devuelta a un país donde pueda correr un peligro grave de sufrir persecución o violaciones graves de derechos humanos.
Amna Guellali, directora adjunta para Oriente Medio y el Norte de África
El posible conocimiento de Túnez de su traslado forzoso a Argelia, o su connivencia o cooperación con dicho traslado a pesar de la condición de refugiado de Slimane Bouhafs constituiría una grave violación del principio de no devolución y del derecho internacional sobre personas refugiadas. El reconocimiento de Slimane Bouhafs como refugiado por el ACNUR supone haber encontrado que tiene razones fundadas para temer sufrir persecución si regresa a Argelia.
Además, la Convención contra la Tortura, en la que Túnez es Estado Parte, prohíbe explícitamente extraditar a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
Con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Túnez también está obligada a proteger el derecho a la vida de las personas que se encuentran en su territorio y sometidas a su jurisdicción, lo que incluye proporcionar la protección necesaria a aquéllas que se encuentran particularmente en peligro, como las refugiadas, y responder con rapidez y eficacia cuando alguien es objeto de una amenaza concreta, así como investigar adecuadamente las amenazas de muerte.
Aunque aún se desconocen los cargos presentados contra Slimane Bouhafs, los medios de comunicación argelinos se han hecho eco de fuentes oficiales anónimas que confirman que está siendo investigado por su presunta pertenencia al Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia (MAK), recientemente clasificado como grupo terrorista por las autoridades de Argelia.
Desde abril de 2021, las autoridades argelinas vienen recurriendo cada vez más al uso de los amplios cargos de “terrorismo” y “conspiración contra el Estado” para procesar a defensores y defensoras de los derechos humanos y a activistas de Hirak El 18 de mayo, el Consejo Superior de Seguridad Nacional (HCNS), órgano consultivo que asesora al presidente de la república sobre asuntos de seguridad, anunció que la organización política de oposición Rachad y el grupo MAK quedaban clasificados como “entidades terroristas”. En junio se modificó el Código Penal para ampliar la definición de terrorismo y que incluyera “el intento de obtener poder o de cambiar el sistema de gobierno por medios inconstitucionales”. El 18 de agosto, el HCNS, presidido por el presidente argelino Tebboune, decidió detener a todos los miembros de ambos movimientos, a los que las autoridades acusan de implicación en los incendios de la región de la Cabilia en los que murieron decenas de personas, hasta su “total erradicación”.
“Las autoridades argelinas deben poner en libertad de inmediato a Slimane Bouhafs y garantizar que no es sometido a malos tratos en prisión. En ningún caso debe devolverse a una persona que ha sido reconocida como refugiada al lugar del que ha huido”, ha afirmado Amna Guellali.