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ONU: Nueva resolución contra la violencia en Myanmar debe impulsar embargo de armas global

“Todos los países deben dejar de vender armas a Myanmar tras la adopción de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condena el uso de medios letales y de la violencia en el país”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

La resolución, aprobada por una mayoría abrumadora de 119 votos contra1, con 36 abstenciones, pide a los Estados miembros que impidan la entrada de armas en el país, condena enérgicamente el empeoramiento de la represión de quienes se manifiestan de forma pacífica y de la sociedad civil, y pide la libertad inmediata e incondicional de las personas detenidas de forma arbitraria y el fin de las restricciones a la libertad de expresión.

“Hoy, la Asamblea General, como la voz de toda la comunidad internacional, se une al Consejo de Derechos Humanos y al Consejo de Seguridad de la ONU en la condena al baño de sangre que está perpetrando el ejército de Myanmar contra su propio pueblo”, declaró Lawrence Moss, responsable superior de Amnistía Internacional para el trabajo de incidencia con la ONU.

“El ejército de Myanmar debe acatar estas peticiones y el Consejo de Seguridad de la ONU debe actuar para hacer que se cumplan.

“Todos los países deberían tomar en cuenta el llamamiento de la resolución de que se impida la entrada de armas en Myanmar, y el Consejo de Seguridad debe hacer inmediatamente que sea obligatorio mediante la imposición de un embargo de armas global e integral a Myanmar.

“Una señal positiva es que 11 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor de esta resolución. China y Rusia, que se abstuvieron en la votación para adoptar esta resolución, también deberían abstenerse ahora de vetar una resolución del Consejo de Seguridad para imponer un embargo de armas global e integral a Myanmar y de bloquear así la voluntad de la comunidad internacional.

“Todos los Estados deben pedir a China y a Rusia que acaten el llamamiento de la Asamblea General de impedir la entrada de armas en Myanmar y que cooperen para convertirlo en obligatorio para todos los Estados mediante una resolución del Consejo de Seguridad”, añadió Moss.

Según informes, desde que el 1 de febrero un golpe de Estado militar derrocó al gobierno civil elegido en las urnas, 870 manifestantes, transeúntes y otras personas civiles han perdido la vida; más de 4.983 han sido detenidas, y los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica han sido recortados drásticamente con medidas como el cierre de medios de comunicación, Internet y redes sociales. La resolución de la ONU pide que las fuerzas armadas de Myanmar pongan en libertad “de inmediato y sin condiciones” a los líderes y lideresas políticos civiles elegidos y a todas las demás personas detenidas, acusadas o arrestadas arbitrariamente; y pongan fin a las “restricciones impuestas al personal médico, la sociedad civil, los miembros de sindicatos, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y a las restricciones impuestas en Internet y los medios sociales”.

La resolución observa asimismo que la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación sobre supuestos crímenes atroces cometidos en Bangladesh y Myanmar. Amnistía Internacional pide, además, al Consejo de Seguridad que remita la situación de Myanmar en su conjunto a la Corte Penal Internacional e imponga sanciones específicas contra los militares responsables de crímenes de derecho internacional como las violaciones graves relacionadas con la represión de la disidencia tras el golpe de Estado del 1 de febrero.

El texto de la resolución se negoció entre nueve Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y un grupo central de los más de 50 Estados que patrocinaban la resolución.

“Tras negociar este texto, el hecho de que cuatro Estados de la ASEAN —Brunéi, Camboya, Laos y Tailandia— no lo hayan apoyado cuando se llamó a votar no es un buen augurio para el éxito del proceso de diálogo y mediación que la ASEAN dice liderar”, concluyó Moss.

“Durante ocho semanas, la ASEAN no ha implementado su propia declaración consensuada del 24 de abril y ni siquiera ha nombrado a su enviado o enviada especial. Ahora la ASEAN no ha sido capaz de adoptar una postura unida a favor de la libertad de las personas detenidas arbitrariamente y en contra de la entrada de armas en Myanmar.

“Los Estados de la ASEAN deben utilizar toda su influencia bilateral y regional para asegurarse de que Myanmar cumple estas demandas, pero la comunidad internacional no puede seguir esperando solamente a la ASEAN. El Consejo de Seguridad de la ONU debe actuar para hacer que se cumplan los llamamientos de la Asamblea General a Myanmar”.