Diez años después de la revolución tunecina, que desató una oleada de levantamientos en todo Oriente Medio y el Norte de África, las víctimas siguen luchando por obtener justicia y reparación por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la revolución del 17 de diciembre de 2010 al 14 de enero de 2011, ha manifestado Amnistía Internacional en una detallada declaración.
Los sucesivos gobiernos tunecinos han eludido dar prioridad a la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. La impunidad por los actos de tortura y otros malos tratos o por el uso excesivo de la fuerza cometidos en el pasado ha contribuido a un ciclo interminable de abusos.
Estos juicios podrían ser la última oportunidad de obtener rendición de cuentas por los delitos cometidos y administrar justicia a las víctimas y sus familias. Sin embargo, los procesos se han visto notablemente socavados por la persistente obstrucción del sector de seguridad.
Amna Guellali
Desde mayo de 2018 se han iniciado al menos 10 juicios relativos a la violenta represión de la revolución ante las salas penales especializadas creadas por la Ley Orgánica para el Establecimiento y la Organización de la Justicia Transicional con el fin de abordar los crímenes cometidos en el pasado, pero no se ha dictado ninguna sentencia. Ha habido funcionarios y exfuncionarios del Ministerio del Interior que se han negado a responder a las citaciones de comparecencia.
“Estos juicios podrían ser la última oportunidad de obtener rendición de cuentas por los delitos cometidos y administrar justicia a las víctimas y sus familias. Sin embargo, los procesos se han visto notablemente socavados por la persistente obstrucción del sector de seguridad. Los funcionarios de seguridad han hecho caso omiso de las citaciones y órdenes judiciales, incitados por sus sindicatos, que han pedido el boicot de los procedimientos”, ha manifestado Amna Guellali, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Hay funcionarios o exfuncionarios del Ministerio del Interior acusados de homicidio arbitrario de manifestantes y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante la revolución que desafían al sistema judicial al no comparecer reiteradamente en las vistas judiciales, lo cual ilustra la sensación de impunidad de que siguen gozando en Túnez hoy día.”
La creación de los mecanismos de justicia transicional seguirá siendo uno de los legados destacados de la revolución de Túnez. Amnistía Internacional insta a las autoridades tunecinas a apoyar el proceso llevando a los presuntos perpetradores ante la justicia y ofreciendo garantías para el procesamiento diligente de los acusados por los homicidios y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas contra manifestantes pacíficos.
Durante la revolución de Túnez, las fuerzas de seguridad mataron a 132 manifestantes e hirieron a 4.000, según la Comisión Nacional encargada de investigar los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante la revolución. Tras la revolución se adoptó una ley de justicia transicional por la que se creó una comisión de la verdad denominada Comisión de la Verdad y la Dignidad. Esta comisión inició su trabajo en 2016, tomando testimonio a miles de víctimas y testigos, y dos años después remitió a los tribunales especiales 12 actas de acusación formal que dieron lugar a 10 juicios.
Durante los dos últimos años ha habido al menos 23 vistas relativas a juicios celebrados ante las salas penales especializadas en distintos tribunales, en lugares como Túnez capital, Le Kef y Sidi Bouzid. Decenas de víctimas y testigos han declarado en los tribunales, a menudo en ausencia de los acusados. Sin embargo, hasta el momento ningún caso ha llegado a la fase de alegaciones, y no se ha dictado ninguna sentencia.
Mientras el riesgo de rotaciones judiciales obstaculiza aún más los juicios en curso, el Consejo Superior Judicial debe garantizar que los jueces de las salas penales especializadas pueden llevar a cabo su labor, y que la rotación anual de jueces no afecta negativamente a los juicios en curso ni da lugar a demoras indebidas.
Amna Guellali
Uno de los manifestantes, muerto en Thala el 8 de enero de 2011, era Marwen Jamli, de 19 años. Su padre, Kamel Jamli, contó a Amnistía Internacional que él y su familia habían pasado años yendo y viniendo al tribunal militar de Kef, luego al de Túnez y ahora al de Kasserine, con la esperanza de obtener justicia.
“Nuestros hijos no murieron en vano; es nuestro deber luchar ahora por la justicia para que nadie más tenga que sufrir lo que estamos sufriendo. Ellos sacrificaron sus vidas, y nosotros haremos también los sacrificios necesarios […] Seguiremos yendo a Kasserine por mucho que nos cansemos y envejezcamos. Sabemos quiénes mataron a nuestros hijos en Thala, sabemos que siguen en el servicio activo, y eso es algo con lo que tenemos que vivir a diario hasta que se haga justicia. Como mínimo tienen que confesar, contar la verdad sobre lo que hicieron y expresar remordimiento.”
Mimoun Khadhraoui, cuyo hermano, Abdel Basset Khadhraoui, murió por disparos de la policía en las calles de Túnez el 13 de enero de 2011, dijo que él y su familia nunca abandonarían su búsqueda de la verdad.
“[…] Quienes más creen en el proceso de justicia transicional son las familias de los mártires de la revolución. La prueba es que seguimos aquí 10 años después. Estamos cansados y frustrados, pero no nos rendiremos. Esto va más allá de nuestro derecho a la justicia o del caso de mi hermano: es el derecho del pueblo tunecino a la verdad y la justicia.”
Túnez tiene la obligación, en virtud del derecho internacional, de garantizar el derecho a un remedio efectivo para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Esto incluye el derecho a la verdad (determinar los hechos), la justicia (investigar los abusos cometidos en el pasado y procesar a los presuntos responsables) y la reparación (ofrecer una reparación plena y efectiva a las víctimas y sus familiares en sus cinco formas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición).
“Mientras el riesgo de rotaciones judiciales obstaculiza aún más los juicios en curso, el Consejo Superior Judicial debe garantizar que los jueces de las salas penales especializadas pueden llevar a cabo su labor, y que la rotación anual de jueces no afecta negativamente a los juicios en curso ni da lugar a demoras indebidas”, ha manifestado Amna Guellali.