Un grupo de expertos y una experta en derechos humanos de la ONU ha escrito al gobierno iraní advirtiendo de que las violaciones de derechos pasadas y en curso relacionadas con las masacres en prisiones de 1988 podrían constituir crímenes de lesa humanidad, y de que, si persisten estas violaciones, pedirán una investigación internacional. Amnistía Internacional acoge con satisfacción este impulso para la rendición de cuentas la víspera del Día de los Derechos Humanos.
“La comunicación de los expertos y la experta de la ONU es trascendental. Es un punto de inflexión en la larga lucha de las familias de las víctimas y de quienes sobrevivieron, respaldada por organizaciones iraníes de derechos humanos y por Amnistía Internacional, para poner fin a estos crímenes y obtener verdad, justicia y reparación”, ha declarado Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Destacados expertos y una experta en derechos humanos de la ONU han enviado ahora un mensaje inequívoco y pendiente desde hace tiempo: no es posible seguir sin abordar ni castigar los crímenes en curso de desaparición forzada masiva derivados de las ejecuciones extrajudiciales secretas de 1988”, prosiguió Diana Eltahawy.
Décadas de crímenes de lesa humanidadEntre finales de julio y principios de septiembre de 1988, miles de disidentes políticos encarcelados de todo Irán fueron objeto de desaparición forzada y luego ejecutados extrajudicialmente en secreto.
Desde hace más de 30 años, las autoridades iraníes ocultan sistemáticamente las circunstancias que rodearon sus muertes y el paradero de sus restos, sometiendo así a las víctimas, incluidas las que perdieron la vida y sus familiares sobrevivientes, al crimen de desaparición forzada.
En su comunicación de 18 páginas, que fue enviada primero en privado al gobierno iraní el 3 de septiembre de 2020, los expertos y la experta expresan su gran preocupación por la presunta negativa continua a revelar la suerte y el paradero de estas personas.
La comunicación de los expertos y la experta de la ONU es trascendental. Es un punto de inflexión en la larga lucha de las familias de las víctimas y de quienes sobrevivieron, respaldada por organizaciones iraníes de derechos humanos y por Amnistía Internacional, para poner fin a estos crímenes y obtener verdad, justicia y reparación.
Diana Eltahawy
También manifiestan su alarma por la negativa de las autoridades a facilitar a las familias certificados de defunción precisos y completos, la destrucción de fosas comunes, las amenazas y el hostigamiento a que se sigue sometiendo a las familias, la ausencia de investigaciones y enjuiciamientos por las muertes, y las declaraciones del gobierno en las que niegan o trivializan los casos y equiparan criticar los homicidios a apoyar el terrorismo.
La comunicación subraya que estas desapariciones forzadas siguen cometiéndose hasta que se determine la suerte y el paradero de las personas afectadas.
Exigir rendición de cuentas
En consonancia con su petición de investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre todos los casos; la exhumación y devolución de los restos a las familias; la identificación y enjuiciamiento de los perpetradores; y la provisión de un recurso efectivo a las víctimas, los expertos y la experta de la ONU han pedido a Irán que facilite información detallada, entre otras cosas, sobre:
- si los nombres de las personas ejecutadas se incluyeron en registros públicos de entierro;
- las medidas adoptadas para identificar, reconocer, proteger y recordar las fosas comunes profanadas;
- información conocida sobre la identidad de las personas enterradas en cada fosa, así como datos sobre personas no identificadas;
- cualquier disposición que permita a las familias celebrar actos de conmemoración y homenaje en los lugares de enterramiento; y
- disposiciones legales para proteger a las familias y a quienes defienden los derechos humanos que piden información sobre la suerte y el paradero de las víctimas de desaparición forzada y exigen justicia.
Los expertos y la experta de la ONU también afirmaron que, si el gobierno iraní sigue negándose a cumplir sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, pedirán a la comunidad internacional que actúe para investigar los casos, incluso mediante el establecimiento de una investigación internacional.
Desde la publicación del informe de 2018 de Amnistía Internacional Blood-soaked secrets: Why Iran’s 1988 prison massacres are ongoing crimes against humanity, la organización viene pidiendo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establezca un mecanismo internacional independiente, imparcial y efectivo para abordar la impunidad por los crímenes de lesa humanidad y otros crímenes de derecho internacional identificados en el informe.
“El alcance y la solidez del análisis experto de la ONU es un paso crucial para nuestra petición de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU actúe para poner fin a la impunidad por estos crímenes de lesa humanidad pasados y en curso”, concluyó Diana Eltahawy.
Información complementaria
Los expertos y la experta de la ONU firmantes de la comunicación de septiembre de 2020 son miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán; el relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Amnistía Internacional ha recopilado datos sobre la participación en las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de varias personas que siguen ocupando altos cargos de poder, entre ellas: el actual presidente de la Magistratura, Ebrahim Raisi; el actual ministro de Justicia, Alireza Avaei; el exministro de Justicia y actual asesor del presidente de la Magistratura, Mostafa Pour Mohammadi; el presidente del Tribunal Disciplinario Supremo para los Jueces, Hossein Ali Nayyeri; y Mohamamd Hossein Ahmadi, miembro de la Asamblea de Expertos, órgano constitucional que tiene la facultad de nombrar y destituir al líder supremo de Irán.