Juana Tabora sabía que tenía que ayudar a sus vecinos cuando el agua empezaba a inundar las calles, bloqueando las salidas de La Lima, su ciudad en el noroeste de Honduras.
“Estamos rodeados de agua, la gente comenzó a decir ‘ayúdennos, queremos entrar’, entonces abrimos el portón de abajo para que las personas pudieran entrar,” dice Tabora, la dueña de una casa funeraria de dos pisos que convirtió en un albergue improvisado. Ahí se refugiaron alrededor de 30 familias que perdieron sus hogares con la llegada de los huracanes Eta y Iota, los cuales devastaron gran parte de Honduras, Guatemala y Nicaragua en las primeras semanas de noviembre.
Ha llovido sobre mojado en Honduras, un país que ya había sufrido múltiples crisis durante los últimos años: represión estatal, violencia pandillera, problemas económicos, devastación ambiental, emigración masiva y, más recientemente, la pandemia de COVID-19. Los dos huracanes dejaron al menos 94 muertos y casi 4 millones de damnificados en el país y, según analistas, podrían provocar un incremento del nivel de la pobreza de un 10%, superando el 70% de la población.
Si bien la llegada de dos tormentas tan fuertes, separadas por solo dos semanas, fue un desastre natural casi sin precedentes en Honduras, muchas de las personas afectadas consideran que las autoridades les han abandonado a su suerte.
‘Lo peor que hemos vivido’
El impacto de los huracanes fue tan grave que hizo que mucha gente se olvidara, al menos por un momento, de la pandemia que ha cambiado el mundo. Juana Tabora ya había enterrado a muchas víctimas de COVID-19 e incluso tuvo que cerrar su negocio durante un tiempo por la pandemia, pero dejó sus preocupaciones de inmediato para refugiar a quienes necesitaban su ayuda.
“Entiendo que hay personas que vinieron con sus niños pequeños, salvando sus bebés, y la gente no se acuerda de sus mascarillas por la angustia”, dice Tabora. “Al ver la aflicción de las personas ni pensamos en estas cosas… pues venga, puede ser que pueden salvarse aquí, aunque sea un rinconcito”.
Muchas de las personas damnificadas han sufrido estrés postraumático por todo lo que han vivido desde que Eta, el primer huracán, se acercaba. “Uno vive un nerviosismo, una tensión en nosotros,” refleja Tabora. “Preocupación al saber lo que viene por los medios que anuncian que es algo grande y peligrosísimo.”
Sergio Donaire, tapicero de 35 años, llegó a la casa funeraria con su esposa y sus tres hijas, con el agua hasta su pecho, luego de abandonar su hogar, lo cual quedó prácticamente destruido. Dos semanas después, continúa lloviendo fuerte y la familia permanece en la casa funeraria, sin recibir apoyo estatal. “No hay alimentos, no hay donde bañarse, no hay luz,” dice Donaire. “Mis hijas se han enfermado. Han tenido tos y gripe. Incluso yo estuve dos días con fiebre. Todos tenemos miedo… es lo peor que hemos vivido.”
San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país, quedó devastada. El hedor a lodo y animales muertos perdura por todos lados. Abundan escenas surrealistas, como en la colonia Chamelecón, al sur de la ciudad, donde el río se desbordó e inundó el cementerio, abriendo las tumbas y dejando ataúdes flotando sobre el agua.
Dos semanas después de la llegada de Eta, aproximadamente 60 familias seguían viviendo debajo de un puente en una carretera al sureste de San Pedro Sula. Alberto López Ocampo, un granjero de la colonia Asentamientos Humanos, tiene 15 días durmiendo ahí en un colchón, al lado de los 11 gansos, 25 gallinas y 40 patos que pudo rescatar del techo de su casa. Otras 25 ovejas suyas se ahogaron cuando se inundó el terreno.
“Sali de la carrera con mis cuatro niños cuando el agua se subió a las ocho de la noche,” dice López, quien tuvo que separarse de su familia posteriormente, para poder cuidar a los animales. “Llegué al albergue y me dijeron que los dejara libres [a los animales]. ¿Cómo los voy a dejar libres si es lo único que tengo ya? No tengo nada. Perdí todo. Mi casa sigue inundada, se ha inundado de nuevo con el Iota. Va a necesitar reparaciones porque quedó más hundida, más lleno de lodo, con animales muertos adentro.”
Las familias refugiadas debajo del puente se bañan con el agua de lluvia que cae sobre la carretera y hacen del baño en las alcantarillas. “Papel higiénico lo dan unas iglesias que están ayudando, y la gente particular, pero no hay ayuda del gobierno aquí,” explica López. “Ellos no quieren ayudar en nada… bien pueden dar paraguas, uno con un paragua que le den, ya puede salir adelante, pero, así como estamos ahorita, mira, viene más lluvia y nosotros no podemos hacer nada.”
La respuesta estatal
Dos días antes de la llegada del primer huracán, el gobierno hondureño seguía promocionado una feria de turismo para reactivar la economía, en vez de avisar a la población que tomara medidas preventivas. Desde entonces, ha sido acusado de no hacer lo suficiente para proteger la salud y dignidad de las personas afectadas y garantizar su acceso a asistencia humanitaria.
Las autoridades nacionales dicen que salvaron a 34 personas varadas en sus techos con helicópteros militares y civiles, además de llevar a cabo dos rescates acuáticos. La Fuerza Área colombiana ha ofrecido su apoyo, evacuando a otras 97 personas en un helicóptero Black Hawk. Marlon Matute, represente de la alcaldía de San Pedro Sula, afirma que el gobierno local ha abierto 100 albergues municipales en la ciudad y que está dando apoyo monetario, alimentación y productos higiénicos a las personas afectadas.
El presidente Juan Orlando Hernández ha visitado familias afectadas para entregar ayuda humanitaria y declaró la construcción de represas una prioridad nacional. “El pueblo hondureño debe saber que la Operación ‘No Están Solos’ llegará hasta el último rincón que fue afectado por las tormentas para devolvernos la dignidad que fue enlodada, pero no se ha perdido”, escribió en Twitter. El 26 de noviembre anunció que había mandado al Congreso Nacional la Ley de Vacuna Gratuita para todos contra el COVID-19, para “permitir que sea de acceso para todos, voluntaria y sin costo”.
Dinorah Nolasco, directora de salud en el departamento de Cortés, donde se encuentra San Pedro Sula, dice que la región ha vivido crisis constantes durante los últimos dos años: “venimos de una emergencia de dengue, pasamos a una emergencia de COVID y ahora estamos con esta tragedia. Es un desastre que estamos viviendo, pero ahí estamos tratando de levantarnos.”
Con nubes de mosquitos, grandes cuerpos de agua, y cadáveres de animales en todas partes, más la falta de sanitación provocada por los daños, Nolasco está alerta por posibles brotes de malaria y leptospirosis. Pero la preocupación principal sigue siendo la pandemia que ha cobrado casi 3.000 muertos y más de 100.000 casos de COVID-19 en un país de 9,5 millones de habitantes.
“Todos los albergues están realizándose evaluaciones medicas diariamente y a todo paciente sospechoso por COVID se le está haciendo pruebas, tanto pruebas rápidas de antígenos como pruebas de PCR en tiempo real,” dice Nolasco. “Tratamos de darles consejería, tratamos de aislarles y tratamos de darles manejo psicológico hasta donde se puede, porque obviamente ahorita no solo ha habido daños materiales y perdidos humanos, sino ha habido mucho daño psicológico en la población.”
Solidaridad entre la comunidad LGBT
En una entrevista telefónica desde Tegucigalpa, la capital del país, Erick Martínez Salgado, defensor de los derechos de la comunidad LGBT, afirma que la respuesta del gobierno ante los huracanes y la pandemia ha sido debilitada por una falta de planificación y por la corrupción histórica de las instituciones estatales. Martínez lamenta que el gobierno no haya tomado medidas diferenciadas que toman en cuenta las necesidades de las personas LGBT, ni las de otras poblaciones marginalizadas, cómo los pueblos indígenas y las personas con discapacidades.
El defensor explica que la pandemia y los huracanes han agudizado la pobreza que viven muchos miembros de la población LGBT de Honduras, que históricamente ha sufrido altos niveles de discriminación, exclusión y violencia —sobre todo las personas transgénero que dependen desproporcionadamente de la economía informal y del trabajo sexual. Además, advierte que “en los albergues provisionales no están aplicando protocolos diferenciados para las mujeres transexuales… No deberían de ponerlas en lugares de convivencia donde solo hay hombres… esto puede dispararse en acciones discriminatorias o de violencia hacia la comunidad LGBT”.
Martínez habla con orgullo sobre la solidaridad que la comunidad LGBT ha mostrado con las mujeres trans en las zonas costeras más afectadas por los huracanes. Dice que el grupo Movimiento de Diversidad en Resistencia recaudó mil dólares para comprarles alimentos, ropa y calzado, mientras que refugiadas trans en ciudades estadounidenses como Washington DC y Miami les han enviado dinero para víveres. Sin embargo, Martínez cuestiona por qué “la ciudadanía está sustituyendo las funciones del gobierno en asistencia humanitaria”.
Una nueva oleada de migración
La destrucción en Honduras, combinada con las afectaciones del cambio climático que han dificultado la agricultura de subsistencia durante los últimos años, más un posible cambio en la política migratoria de la nueva administración del presidente electo Joe Biden en Estados Unidos, podría impulsar una nueva oleada de migración.
Sandro Mejía tiene 20 años viviendo en San Pedro Sula, pero ahora no ve otra opción que buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos. Dice que casi se ahogó cuando el agua se subió el primer día y ahora su único techo es un puente.
“Ayer cumplí 58 años y no me tomé ni una Coca-Cola,” cuenta Mejía. “No tengo nada, estoy arruinado ahora. Primero la pandemia de coronavirus, ahí perdí el dinero, y luego estas dos tormentas y ya no se puede vivir en este país… Desde la pandemia me quedé sin trabajo. Todo se cerró. Ya llevo casi un año sin trabajo porque no hay empleo en este país. Todo se perdió… aquí estamos sepultados en vida.”
Mejía acusa al gobierno de haber abandonado a las personas damnificadas. “No hay derechos para este pueblo, no hay salud, no hay trabajo, no hay nada,” agrega, mientras saborea una baleada donada por un transeúnte. “Ahora solo me queda emigrar a Estados Unidos, porque estando Donald Trump no podía entrar… no le daba oportunidades de empleo a nadie, pero ahora sí las cosas van a cambiar con Joe Biden.”
Sentado en un sillón rojo debajo del puente, Zaida Ramos, madre soltera de dos niñas, concuerda: “De parte del gobierno no hay un bocado rico que se haiga comido por acá, es el pueblo ayudando el pueblo. Honduras está perdido.” Ella también quisiera buscar asilo a Estados Unidos, ya que lo considera “un país de oportunidades”.
Víctimas de la falta de protección ambiental
Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la defensora ambiental Berta Cáceres, quien fue asesinada en 2016 a raíz de su oposición a la presa hidroeléctrica Agua Zarca, considera que la destrucción que los huracanes causaron fue exacerbada por recientes políticas del gobierno hondureño. La activista nativa lenca, quien sucedió su madre como coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, ha señalado que la proliferación de la minería y del monocultivo durante los últimos años ha dañado las barreras naturales que antes protegían el país ante condiciones climáticas extremas.
“Las afectaciones climáticas que hemos vivido en estas últimas semanas en nuestro país tienen que ver con el mal manejo de los bienes comunes en la naturaleza, los cuales son vistos como mercancías, donde hay un consumo desmedido de los mismos para el lucro de grupos económicos,” dice Zúñiga, en un mensaje de voz. “Es una señal clara del desequilibrio en la naturaleza y es un llamado urgente para buscar unas formas de relacionamiento más harmónicas y respetuosas. Es un llamado a tomar acciones frente a esto y lo que vienen diciendo los pueblos indígenas y las organizaciones que luchan por la justicia climática.”
Oponerse a la explotación de la tierra, y la violación de los derechos de sus habitantes, significa arriesgarse la vida. Según la organización Global Witness, 14 defensores ambientales fueron asesinados en Honduras el año pasado, la tasa per cápita más alta del mundo. No obstante, hasta ahora el gobierno se ha negado a firmar el Acuerdo De Escazú, un tratado regional sobre derechos ambientales y la protección de los activistas que defienden la naturaleza, que ha sido ratificado por 11 países de América Latino y el Caribe desde su adopción en 2018.
Citando los científicos que han relacionado el cambio climático con la fuerza extrema de los huracanes que han dañado tanto a Centroamérica en los últimos meses, Zúñiga afirma que “hay que depositar la responsabilidad sobre quienes han dado estos resultados, que son los grandes países y potencias económicas y bueno, también el llamado ‘proceso de modernidad’, para que los pueblos que más hemos contribuido a la defensa del territorio dejemos de cargar sobre nuestros hombros [los efectos] de la contaminación de quienes no asumen lo que tienen que hacer.”
Zúñiga concluye advirtiendo que, “mientras no pare la contaminación, mientras no pare la depredación, mientras no se reconozcan los derechos de quienes han defendido hasta ahora el territorio, pues las perspectivas van a ser bastantes complejas. Entonces Nuestra propuesta es seguir concientizando a las personas que viven en estos países para que se hagan esfuerzos importantes y más serios y reales de la mitigación de los impactos ambientales que todo el mundo está sufriendo. La solidaridad y el abrazo entre los pueblos siempre va a ser la manera para llegar a alcanzar este mundo soñado.”
oficina de prensa de Amnistía Internacional esjefe de prensa para las Américas de Amnistía Internacional. Encarni Pindado es fotoperiodista independiente.
Este reportaje fue publicado originalmente por Newsweek Español