“El trato cruel e inhumano dispensado en prisión a Gasser Abdel Razek, director ejecutivo de Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR), es indignante y muestra la determinación de las autoridades egipcias de intensificar esta represión contra quienes defienden los derechos humanos”, ha declarado Amnistía Internacional. Ayer, Gasser Abdel Razek compareció ante un fiscal para ser interrogado y se celebró una reunión se representantes diplomáticos ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para hablar de la respuesta internacional.
El mismo día, las autoridades judiciales añadieron a Mohamed al Baqer, defensor de los derechos humanos y fundador del Centro Adalah de Derechos y Libertades, a la “lista de terroristas” durante cinco años, junto con el destacado bloguero y activista Alaa Abdelfatah y otras figuras políticas de la oposición, sin acusarlos de un delito ni darles la oportunidad de impugnar las pruebas.
“En lugar de responder a los llamamientos internacionales para que pongan fin a los ataques sin precedentes contra EIPR, las autoridades egipcias siguen sumando violaciones de derechos humanos al maltratar deliberadamente a Gasser Abdel Razek en régimen de aislamiento sin acceso a productos de primera necesidad como castigo por su liderazgo en derechos humanos. EIPR lleva 18 años documentando este tipo de violaciones y luchando contra ellas, y su personal está pagando ahora un alto precio”, afirmó Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“La detención de personal de EIPR tras una reunión con representantes diplomáticos, el trato punitivo dispensado a Gasser Abdel Razek en reclusión y la calificación de quienes defienden los derechos humanos de “terroristas” son los ejemplos más reciente de lo profunda y catastrófica que es ya la crisis de los derechos humanos en Egipto. Los Estados y los actores de la ONU no pueden seguir tolerando una situación en la que se aísla y ahoga con impunidad a la sociedad civil; deben, de palabra y de obra, exigir mejoras significativas en la situación de los derechos humanos en Egipto. Como parte de esta respuesta general, es hora de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tome medidas inmediatas para establecer un mecanismo de vigilancia para Egipto.”
En lugar de responder a los llamamientos internacionales para que pongan fin a los ataques sin precedentes contra EIPR, las autoridades egipcias siguen sumando violaciones de derechos humanos al maltratar deliberadamente a Gasser Abdel Razek en régimen de aislamiento sin acceso a productos de primera necesidad como castigo por su liderazgo en derechos humanos.
Philip Luther
Amnistía Internacional teme que Gasser Abdel Razek esté deliberadamente recluido en condiciones precarias como castigo por su trabajo de derechos humanos. Desde que fue trasladado a la prisión de Liman Tora el 20 de noviembre, Gasser Abdel Razek, veterano defensor de los derechos humanos y padre de dos hijos, está en régimen de aislamiento en una celda fría y se le niega ropa de abrigo y un colchón. Se le han confiscado todos sus personales y su dinero. Las autoridades penitenciarias le impiden salir de su celda, incluso para hacer ejercicio. Tampoco le permiten comprar productos de primera necesidad en el economato de la prisión. Ayer, Gasser Abdel Razek compareció ante la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado para ser interrogado de nuevo. Las autoridades penitenciarias le afeitaron la cabeza por completo, una medida poco habitual para detenidos preventivos, lo que suscita aún más preocupación por el trato discriminatorio y punitivo.
Gasser Abdel Razek, el director de la Unidad de Justicia Penal Karim Ennarah y el director administrativo Mohamed Basheer están recluidos pendientes de que se investiguen los cargos falsos de “terrorismo” formulados en su contra exclusivamente como consecuencia del trabajo de derechos humanos de EIPR. Los tres fueron detenidos arbitrariamente entre el 15 y el 19 de noviembre como represalia por una reunión con representantes diplomáticos occidentales celebrada este mes. Un cuarto miembro del personal, Patrick George Zaki, está en prisión desde que fue detenido en febrero de 2020 al regresar de Italia, donde estaba estudiando.
Las autoridades egipcias recurren habitualmente a cargos infundados de “terrorismo” para encarcelar a defensores y defensoras de los derechos humanos y someterlos a medidas punitivas sin juicio. El defensor de los derechos humanos Mohamed al Baqer y las defensoras Esraa Abdelfatah, Mahienour al Masry y Solafa Magdy están recluidos pendientes de investigación en la misma causa y por cargos similares de “terrorismo”.
La detención de personal de EIPR tras una reunión con representantes diplomáticos, el trato punitivo dispensado a Gasser Abdel Razek en reclusión y la calificación de quienes defienden los derechos humanos de “terroristas” son los ejemplos más reciente de lo profunda y catastrófica que es ya la crisis de los derechos humanos en Egipto.
Philip Luther
Amnistía Internacional ha documentado el uso habitual y sistemático por las autoridades egipcias de la legislación antiterrorista para enjuiciar a miles de personas que las critican pacíficamente y suspender las garantías de un juicio justo. Múltiples expertos de la ONU han expresado preocupación por la forma en que las leyes antiterroristas de Egipto facilitan los abusos contra los derechos humanos y porque quienes defienden estos derechos en este país corren grave riesgo de contraer la COVID-19. Egipto ya tomaba represalias contra la sociedad civil por relacionarse con personal de la ONU. Sin embargo, que sepa Amnistía, este es el primer caso de represalias contra la sociedad civil por relacionarse con un grupo de representantes diplomáticos, por lo que supone una intensificación de la represión por parte de las autoridades.
El 20 de noviembre, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó gran preocupación “porque los ataques a personas que defienden los derechos humanos y otros activistas, así como las nuevas restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica impuestas en el país, están teniendo un profundo efecto disuasorio en una sociedad civil egipcia ya debilitada”. Ese mismo día, el secretario general, a través de su portavoz, respaldó esta declaración. El 23 de noviembre, Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones, participó en una reunión organizada por varios embajadores y embajadoras de derechos humanos para debatir la forma de responder a las detenciones de personal de EIPR y al contexto general de represión de la sociedad civil.
“Las autoridades egipcias usan habitualmente cargos infundados de ‘terrorismo’ para recluir y difamar a quienes defienden los derechos humanos ante los ojos de la opinión pública egipcia y de la comunidad internacional. En realidad, las autoridades egipcias consideran terrorismo el trabajo legítimo de derechos humanos, como defender los derechos LGBTI, oponerse a la pena de muerte, defender a minorías religiosas y promover el derecho a la salud”, concluyó Philip Luther.
“La comunidad internacional debe mostrar a Egipto que rechaza rotundamente equiparar la defensa de los derechos humanos con el terrorismo y seguir exigiendo la libertad inmediata e incondicional de todas las personas que defienden estos derechos detenidas en Egipto.”