Américas: La región no debe dejar pasar la oportunidad para liderar la protección del medio ambiente

Hoy, 26 de septiembre, cierra el plazo para que los países firmen el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Para que este tratado entre en vigor, es necesario que al menos once países lo ratifiquen, por lo que solo se requiere uno más para sumarse a los diez países que ya lo han hecho.

“Este acuerdo nació de la necesidad de atender de manera urgente la emergencia climática que enfrentamos. Cuando el tratado se abrió a firmas hace exactamente dos años, también se abrió la esperanza de que América Latina y el Caribe hicieran historia con una normativa innovadora que podría contribuir en la protección al medio ambiente y a quienes lo defienden. Los países de la región no deben dejar pasar esta importante oportunidad”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Celebramos que 23 países, que representan más de dos tercios del total, se hayan sumado a la firma, y que diez Estados hayan respondido con la urgencia que amerita la crisis ambiental ratificando el acuerdo. Países como Costa Rica o Santa Lucía están a punto de unirse –está en manos del poder legislativo– y de convertirse en la última ratificación que abrirá la posibilidad de implementar políticas necesarias para la protección medioambiental de la región y del planeta.

“Pese a que la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú podría ser un avance substancial en la política de los Estados de la región frente a la emergencia climática y la crisis de violencia en contra de personas defensoras del medio ambiente, la lentitud de algunos Estados para ratificarlo demuestra el desinterés que aún existe en varios países en la región de tomar medidas para construir una política ambiental más participativa, accesible y justa.”

Organizaciones de la sociedad civil de toda América Latina y el Caribe han formado coaliciones y trabajado de manera conjunta, en un esfuerzo de coordinación casi inédito con gran participación de personas jóvenes, para exhortar a los Estados de la región a firmar y ratificar el Acuerdo.

Pese a que la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú podría ser un avance substancial en la política de los Estados de la región frente a la emergencia climática y la crisis de violencia en contra de personas defensoras del medio ambiente, la lentitud de algunos Estados para ratificarlo demuestra el desinterés que aún existe en varios países en la región de tomar medidas para construir una política ambiental más participativa, accesible y justa
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado medioambiental regional de América Latina y el Caribe. Su propósito es establecer nuevas normas de protección del medio ambiente y los derechos humanos que garanticen el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en materia ambiental en la región. Además, es el primer tratado internacional que incluye medidas específicas para proteger a las personas defensoras de los derechos ambientales.

“La importancia de ese tipo de normativa para la región es indiscutible. Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras y México figuran entre los países más peligrosos del mundo para defender derechos humanos y el medio ambiente. Si bien hay avances en las discusiones sobre el Acuerdo en Colombia y México, en Brasil, Guatemala y Honduras el retraso es tal que más bien parece demostrar una falta de voluntad política”, dijo Erika Guevara Rosas.

“Desde Amnistía Internacional reiteramos la importancia de la implementación de normativas internacionales que fortalezcan la protección del medio ambiente y de las personas que lo defienden. Instamos a que los Estados de la región muestren su liderazgo en construir una política ambiental más participativa, accesible y justa en las Americas, adhiriéndose a la mayor brevedad al Acuerdo de Escazú.”

Representantes de las Naciones Unidas ya señalaron que la pandemia de COVID-19 debe considerarse como una llamada de atención para repensar nuestra relación con el medio ambiente, por lo que esta crisis no debe ser una excusa, si no una motivación más para avanzar en la protección de nuestro planeta.

Información adicional:

De los 23 países que firmaron el Acuerdo, solo diez lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Otros 12 países han firmado el acuerdo, pero aún no lo han ratificado: Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucia.

Desde Amnistía Internacional reiteramos la importancia de la implementación de normativas internacionales que fortalezcan la protección del medio ambiente y de las personas que lo defienden
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

En la lista de los países que no lo firmaron ni ratificaron están Chile, El Salvador, Cuba, Honduras, Bahamas, Barbados, Dominica, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.

La organización internacional Global Witness, en su último informe “Defender el Mañana”, sitúa a Colombia, Brasil, México, Honduras y Guatemala en el primer, tercer, cuarto, quinto y sexto puesto respectivamente en número de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente en 2019.

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org