Seis meses de victorias en materia de derechos humanos merecen celebración

Nadie podía haber previsto el comienzo perturbador de 2020 que ha traído la pandemia de COVID-19. Mientras nuestro mundo experimenta sus cambios sociales más profundos en una generación, y la vida queda en suspenso para muchas personas, la lucha por los derechos humanos debe continuar si queremos garantizar un futuro estable, justo y seguro. Aquí echamos un vistazo a los éxitos en materia de derechos humanos que, a pesar de todo, se han cosechado a finales de 2019 y en los primeros meses de 2020…

Diciembre de 2019

Un grupo de niñas que se vieron obligadas a dejar la escuela al quedarse embarazadas, Freetown, Sierra Leona, 2016

A finales de diciembre, el tribunal regional de África Occidental falló en contra de la prohibición de que las niñas embarazadas asistan a la escuela en Sierra Leona. En 2019, Amnistía Internacional se sumó a una demanda judicial contra la prohibición, que ha dado lugar a que miles de adolescentes embarazadas queden excluidas de la escuela. En diciembre, el tribunal ordenó al gobierno de Sierra Leona la anulación inmediata de esa política. Fue un momento histórico en la lucha contra la discriminación en la educación.

Vehículos palestinos circulan ante un tanque de combustible externo de un avión de combate israelí en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, 1 de agosto de 2014

También en diciembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que un examen preliminar había concluido que se habían cometido crímenes de guerra en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), lo que abría el camino para una investigación. Esta decisión representa un paso histórico hacia la justicia en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, después de decenios de crímenes de guerra y otros crímenes de derecho internacional. Amnistía ha producido abundantes trabajos sobre la guerra de 2014 en Gaza, entre ellos una investigación, Black Friday y una herramienta de investigación llamada Plataforma Gaza. Nuestro trabajo se centró en las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por Israel como por grupos armados palestinos, e incluyó un informe sobre ejecuciones sumarias cometidas por Hamás.

Enero

En enero, el gobierno de Bangladesh anunció su intención de brindar oportunidades de escolarización y formación a niños y niñas refugiados rohinyás. El anuncio tuvo lugar dos años y medio después de que la población rohinyá se viera obligada a huir de una campaña de limpieza étnica en Myanmar, y representó una gran victoria para Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, que han hecho campaña por la educación para casi medio millón de niños y niñas rohinyás que viven en campos para personas refugiadas en Bangladesh.

“Se trata de un compromiso importante y muy positivo del gobierno de Bangladesh, que permite a los niños y las niñas acceder a la escolarización y perseguir sus sueños para el futuro. Han perdido ya dos cursos académicos y no están en condiciones de perder más tiempo sin clase”, ha señalado Saad Hammadi, responsable de campañas de Amnistía Internacional para Asia meridional.

Febrero

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó un informe muy esperado en el que se enumeran más de 100 empresas que tienen vínculos con asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania. El informe incluye varias empresas de turismo digital como Airbnb, TripAdvisor, Expedia y Booking.com, sobre las cuales una investigación de Amnistía Internacional concluyó que llevan turismo a los asentamientos y contribuyen a su existencia y expansión.

“Asentar a civiles en territorios ocupados viola el derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra. Nombrar a las empresas que se benefician en el contexto de esta situación ilegal transmite el mensaje claro de la comunidad internacional de que nunca se deben normalizar los asentamientos. Estas empresas se benefician de violaciones sistemáticas de derechos de la población palestina y contribuyen a ellas”, declaró Saleh Higazi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio.

Marzo

En Argentina, el nuevo presidente del país, Alberto Fernández, cumplió su compromiso de tomar medidas para legalizar el aborto, y afirmó que presentaría un proyecto de ley con este fin. Esta decisión tiene lugar después de años de trabajo de campaña de defensores y defensoras de los derechos de las mujeres, incluida Amnistía Internacional.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, afirmó: “El Congreso ahora debe escuchar las demandas de decenas de miles de mujeres que han luchado para tener el control de lo que hacen sobre sus cuerpos. Es hora de que Argentina se una a la lista de países que han legalizado la interrupción del embarazo y diga ADIÓS al aborto clandestino”.

España anunció un proyecto de ley para definir como violación el sexo sin consentimiento, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. El cambio legal se produce tras una serie de casos de violación en grupo que han tenido gran repercusión y en los que el sistema de justicia ha defraudado a las víctimas. Uno de ellos fue el caso llamado de “La Manada”, que desencadenó protestas generalizadas e impulsó el compromiso del gobierno de reformar la legislación. El proyecto de ley incluye otras medidas para prevenir y responder a la violencia sexual y está en espera de tramitación ante el Parlamento. Amnistía ha pedido a los países europeos que definan como violación el sexo sin consentimiento, por ejemplo a través de la campaña Hablemos del SÍ.

Sólo 9 de los 31 países europeos del Espacio Económico Europeo y Suiza analizados por Amnistía Internacional definen como violación el sexo sin consentimiento. Más allá del cambio legal, el proyecto de ley propuesto incluye otras medidas muy esperadas para prevenir y responder a la violencia sexual en España.

También en marzo, el maestro espiritual iraní Mohammad Ali Taheri se reunió con su familia en Canadá. Había sido detenido en mayo de 2011 en Irán y condenado a muerte por establecer el grupo espiritual Erfan-e Halgheh. Tras un considerable clamor y llamamientos globales de Amnistía Internacional, su sentencia condenatoria y su condena a muerte fueron anuladas y quedó finalmente en libertad en 2019, tras lo cual huyó del país. Después de llegar a Canadá publicó en Facebook una nota de agradecimiento a la membresía de Amnistía por su incansable trabajo de campaña.

En Líbano, una nueva Constitución brindó la oportunidad de mejorar la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes. La consulta nacional sobre la reforma del sistema de kafala, que vincula la residencia legal del trabajador o trabajadora a su contrato con la entidad empleadora, fue organizada por la Organización Internacional del Trabajo, en colaboración con el Ministerio de Trabajo de Líbano, y puso en marcha una conversación muy necesaria sobre las medidas que se precisan para garantizar la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Amnistía Internacional hace campaña por la abolición del sistema de kafala en los países de Oriente Medio.

En Uganda, el Tribunal Constitucional anuló partes de una ley que concedía a la policía poderes excesivos para prohibir las reuniones públicas y las protestas. Fue un rayo de esperanza para la oposición política, los defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas asediados del país.

Abril

Wang Quangzhang, abogado de derechos humanos chino, se reunió con su familia después de cuatro años y medio en prisión. Se actuó contra él por su trabajo en el que destapaba corrupción y violaciones de derechos humanos, y Amnistía hizo campaña por su liberación desde que fue condenado por primera vez.

En Arabia Saudí se entrevió cierto progreso cuando las autoridades anunciaron planes para dejar de usar la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento de cometerse el delito. La pena capital será sustituida por una pena máxima de 10 años de prisión. Sin embargo, las personas menores de edad condenadas en virtud de la legislación antiterrorista, con frecuencia usada indebidamente, todavía pueden ser ejecutadas. Amnistía Internacional sigue instando a Arabia Saudí a abolir totalmente la pena de muerte en toda circunstancia.

Componente de una bomba planeadora guiada en el escenario de un ataque aéreo de Estados Unidos contra tres agricultores en las proximidades de la población de Darusalaam, en la región de Baja Shabelle, Somalia, 12 de noviembre de 2017

El mando estadounidense en África (AFRICOM) publicó su primer informe trimestral sobre denuncias de bajas civiles por ataques aéreos estadounidenses en Somalia, entre las que figuraban dos incidentes incluidos en la investigación de Amnistía. Tras la publicación del informe, varios congresistas estadounidenses actuaron para hacer rendir cuentas al Pentágono/AFRICOM. El informe se publica después de nuestras acciones de campaña durante más de un año en pro de mayor transparencia de AFRICOM, entre ellas un informe pionero, The Hidden US War in Somalia, que ayudó a impulsar la primera admisión de bajas civiles en Somalia que haya hecho Estados Unidos.

Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral “Se trata de un paso bienvenido, aunque largamente demorado, para proporcionar verdad y rendición de cuentas a las víctimas de los ataques aéreos de Estados Unidos y a sus familias en Somalia y otros lugares. Resulta escandaloso que para tomar esta medida haya hecho falta más de una década de guerra aérea secreta de AFRICOM en Somalia.”

Mensajes de solidaridad con Nazanin Zaghari Ratcliffe, en el exterior de la embajada de Irán, Londres. Nazanin está recluida en Irán desde el 3 de abril de 2016.

Irán liberó temporalmente de prisión a Nazanin Zaghari-Ratcliffe, trabajadora británica de una organización benéfica, en respuesta a la crisis de la COVID-19. Nazanin fue detenida en el aeropuerto Imán Jomeini de Teherán en abril de 2016 cuando se disponía a subir a un avión para regresar a Reino Unido después de visitar a su familia. Después de 45 días de reclusión en régimen de aislamiento, sin acceso a representación letrada, Nazanin fue sometida a un juicio profundamente injusto y condenada a cinco años de prisión por “pertenencia a un grupo ilegal” en relación con su trabajo benéfico.

Kate Allen, directora de Amnistía Internacional Reino Unido, manifestó:

“Está fuera de toda duda que Nazanin no debe ser devuelta en ningún caso a la prisión de Evin. Hay numerosos informes de COVID-19 en las cárceles iraníes, donde las personas detenidas suplican que se les faciliten cosas básicas como jabón para ayudar a combatir la enfermedad.”

En Alemania, tuvo lugar un juicio histórico en el caso de dos ex agentes de seguridad del gobierno sirio acusados de crímenes de lesa humanidad, incluidas tortura y violación. El juicio fue el primero de su clase, y representó un gran paso hacia la justicia para las decenas de miles de personas detenidas ilegítimamente, torturadas y muertas en prisiones y centros de detención del gobierno sirio.

Mayo

A principios de mayo, un tribunal francés absolvió a un agricultor procesado por ayudar a solicitantes de asilo. En 2017, Cédric Herrou fue declarado culpable de facilitar la circulación, estancia y entrada irregulares de personas refugiadas y migrantes en la frontera franco-italiana. La causa de Cédric Herrou fue emblemática de cómo los actos de solidaridad se han criminalizado en Europa. Tras su absolución, Rym Khadraoui, investigadora de Amnistía, afirmó:

“No es sólo una victoria de la justicia, sino también del sentido común. Cédric Herrou no hizo nada malo, sólo actuó en solidaridad con personas abandonadas en condiciones terribles por los Estados europeos. La repercusión de la decisión de hoy se sentirá mucho más allá de esta sala.”

También en mayo, una investigación del Security Lab de Amnistía protegió a más de un millón de personas en Qatar de la divulgación de sus datos personales. Amnistía desveló graves deficiencias en la aplicación de rastreo de contactos que Qatar ha puesto en marcha para hacer el seguimiento de COVID-19, y cuya descarga por todas las personas consideran obligatoria las autoridades. Las deficiencias han permitido ciberataques para acceder a información muy sensible, lo que pone a las personas en riesgo de sufrir ataques maliciosos. Las autoridades qataríes corrigieron rápidamente la deficiencia después de nuestro aviso.

Aunque Qatar introdujo cambios que parecen resolver el problema, Amnistía no ha podido verificar plenamente si esto es así. E incluso ahora, la aplicación de Qatar, como tantas otras que se están introduciendo, sigue siendo muy problemática debido a la falta de garantías de privacidad.