Ante el anuncio de Mahdi al Mashat, líder de las autoridades huzíes en Yemen, de la excarcelación de todos los “presos políticos” bahaíes, Lynn Maalouf, investigadora de Amnistía Internacional para Oriente Medio, ha declarado:
“La decisión huzí de excarcelar a todos los presos bahaíes es una señal positiva, y debe ser el primer paso para poner fin a años de sufrimiento de unas personas que nunca deberían haber sido detenidas.
“El indulto de Hamid Haydara, preso de conciencia cuya condena a muerte había sido confirmada hace apenas tres días, es especialmente bien recibido.
“Las autoridades huzíes deben ahora garantizar que se retiran inmediatamente todos los cargos formulados contra todas las demás personas recluidas por sus convicciones profundas o por sus actividades pacíficas.
“En medio de la pandemia de COVID-19, es un alivio que las autoridades huzíes se hayan comprometido a dar prioridad a examinar las condiciones de reclusión. Reiteramos nuestro llamamiento a todas las partes del conflicto a que pongan en libertad inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas sólo por su activismo pacífico o la expresión de sus opiniones políticas”.
Información complementaria
Anoche, Mahdi al Mashat, jefe del Consejo Político Supremo de Yemen con sede en Saná, órgano ejecutivo establecido por los huzíes, pronunció un discurso especial para conmemorar el quinto aniversario del conflicto en curso. Además de anunciar la excarcelación de todos los “presos políticos” bahaíes, recomendó el indulto de Hamid Haydara, preso de conciencia cuya condena a muerte había sido confirmada tres días antes.
Desde la detención inicial de Hamid Haydara en diciembre de 2013, Amnistía Internacional ha documentado la tortura y otros malos tratos a que ha sido sometido bajo custodia de las autoridades huzíes de facto, además de las actuaciones judiciales seguidas contra él, plagadas de irregularidades,, como la detención en espera de juicio excesiva y demoras injustificadas de su juicio.
Amnistía Internacional ha documentado los casos de 66 bahaíes que comparecieron ante el Tribunal Penal Especializado con sede en Saná entre 2015 y 2020. Periodistas, personas que defienden los derechos humanos y miembros de la oposición política y de minorías religiosas son algunas de las personas a las que este tribunal somete a juicios injustos o contra las que formula cargos espurios o falsos.