Según nuevos testimonios recopilados por Amnistía Internacional, China acosa de forma sistemática a la comunidad uigur y a otros grupos étnicos musulmanes incluso después de que hayan abandonado el país.
Los estudios de casos, publicados hoy, revelan cómo China acosa a miembros de la diáspora uigur y de otras comunidades en todo el mundo a través de sus embajadas en el extranjero, mediante aplicaciones de mensajería y con llamadas telefónicas amenazadoras.
“These chilling accounts from Uyghurs living abroad illustrate how the far-reaching shadow of repression against Muslims from China extends far beyond its borders,” said Patrick Poon, Amnesty International’s China Researcher.
“Los miembros de la comunidad uigur y de otras minorías no están a salvo ni siquiera después de huir de la persecución en Sinkiang. El gobierno chino sabe cómo localizarlos e intimidarlos y, finalmente, intenta llevarlos de nuevo a China, donde les espera un destino terrible. Para conseguir su devolución el gobierno chino llega incluso a presionar a otros gobiernos.”
A lo largo de un año, entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, Amnistía Internacional ha recopilado información de unas 400 personas uigures, kazajas, uzbekas y de otros grupos étnicos predominantemente musulmanes que viven en 22 países diferentes en los cinco continentes. Sus historias revelan el acoso y el miedo diario que sufren estas comunidades.
Varias personas uigures entrevistadas por Amnistía Internacional explicaron que las autoridades locales en Sinkiang amenazan a sus familiares en China para reprimir las actividades de la diáspora uigur. Otras dijeron que las autoridades chinas utilizan aplicaciones de mensajería en las redes sociales para seguirlas, contactarlas e intimidarlas.
Los testimonios demuestran el alcance global de la campaña china contra personas de etnia uigur, kazaja y otros grupos originarios de Sinkiang, y cómo las embajadas y consulados chinos tienen que recopilar información sobre estos grupos étnicos establecidos en otros países.
Es fundamental que todos los países que acogen a la diáspora de Sinkiang en todo el mundo adopten medidas para protegerla de la intimidación.
Patrick Poon, Amnistía Internacional
Desde 2017, China ha llevado a cabo una campaña sin precedentes de detenciones masivas de personas uigures, kazajas, uzbekas y de otros grupos étnicos predominantemente musulmanes en Sinkiang.
Se calcula que un millón o más de personas han sido internadas en centros de “transformación mediante la educación” o de “formación profesional”, donde han soportado toda una serie de violaciones de derechos humanos.
Esta misma semana se filtró a varios medios de comunicación extranjeros un documento del gobierno chino de 137 páginas que incluía los datos personales de residentes de Sinkiang, entre ellos sus hábitos religiosos y relaciones personales, como medio para determinar si debían ser internados en campos de “reeducación”. Los datos filtrados confirman los indicios de abusos documentados previamente por Amnistía Internacional.
“A pesar de que China continúa negando la existencia de campos de internamiento, cada vez hay más indicios de que las personas devueltas a Sinkiang corren un peligro real de ser enviadas a dichos campos y, por consiguiente, de sufrir graves violaciones de derechos humanos”, ha afirmado Patrick Poon.
“Es fundamental que todos los países que acogen a la diáspora de Sinkiang en todo el mundo adopten medidas para protegerla de la intimidación de las embajadas y agentes chinos y que paren las devoluciones a China.”
Según el Congreso Mundial Uigur, entre 1 y 1,6 millones de personas uigures viven fuera de China. En Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán hay importantes comunidades uigures. En otros países como Afganistán, Alemania, Arabia Saudí, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Países Bajos, Rusia, Suecia y Turquía viven comunidades más pequeñas.