En respuesta a la sentencia dictada hoy por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordena a Myanmar que adopte “medidas provisionales” para prevenir actos de genocidio contra la comunidad rohinyá, Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional, ha declarado:
La decisión de hoy transmite un mensaje a los altos mandos de Myanmar: el mundo no tolerará sus atrocidades, y no aceptará ciegamente su retórica vacía sobre la sobre la realidad actual del estado de Rajine.
Nicholas Bequelin
“La decisión de hoy transmite un mensaje a los altos mandos de Myanmar: el mundo no tolerará sus atrocidades, y no aceptará ciegamente su retórica vacía sobre la sobre la realidad actual del estado de Rajine. Se calcula que a 600.000 rohinyás que permanecen en ese estado se les niegan de forma habitual y sistemática sus derechos más fundamentales. Estas personas corren un riesgo real de sufrir nuevas atrocidades”.
“Myanmar debe cumplir la resolución de la CIJ y tomar medidas inmediatas para poner fin a las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo contra la comunidad y para impedir la destrucción de pruebas.”
“La decisión se ha anunciado tan sólo unos días después de que Myanmar publicara un informe resumido de las conclusiones de la ‘Comisión Independiente de Investigación’ establecida por el gobierno. La Comisión no fue ni independiente ni imparcial, y no puede considerarse un esfuerzo creíble para investigar estos crímenes contra la población rohinyá. Mientras tanto, no se ha realizado ningún esfuerzo por investigar las graves y amplias violaciones de derechos humanos cometidas contra otras minorías étnicas o en otros puntos del país.”
“Hasta que todas las personas responsables de violaciones graves de derechos humanos —incluidas las que tienen responsabilidad de mando— rindan cuentas de sus actos, estos atroces crímenes seguirán imperando. El Consejo de seguridad de la ONU debe remitir urgentemente la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional.”
Información general
El 11 de noviembre de 2019, Gambia presentó una causa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que acusaba a Myanmar de incumplir sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención sobre el Genocidio, de 1948. La denuncia incluía una petición urgente para que la Corte ordene “medidas provisionales” destinadas a prevenir todos los actos que puedan constituir delito de genocidio contra la población rohinyá o contribuir a él, y proteger a la comunidad frente a nuevos daños mientras se juzga el caso.
Las vistas públicas sobre las medidas provisionales se celebraron en La Haya del 10 al 20 de diciembre de 2019. La delegación de Myanmar, encabezada por la consejera de Estado y lideresa de facto Aung San Suu Kyi, rechazó las acusaciones de genocidio e instó al tribunal a rechazar el caso y denegar las medidas provisionales.
El lunes 20 de enero de 2020, la Comisión Independiente de Investigación establecida por el gobierno de Myanmar presentó su informe final al presidente de Myanmar. La Comisión concluyó que, aunque las fuerzas de seguridad de Myanmar podían haber sido responsables de crímenes de guerra y “uso desproporcionado de la fuerza”, no había indicios de intención genocida. El informe completo aún no se ha hecho público.