Ante la afirmación de una autoridad del gobierno chino de que todas las personas que estaban internadas en los “centros de formación profesional” de Sinkiang se han “graduado” y han logrado un “empleo estable” y una “vida feliz”, Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional, ha manifestado:
“Aunque pueda parecer un avance, más bien se trata de la última operación de la maquinaria propagandística china para cambiar el discurso sobre sus atroces violaciones de derechos humanos en Sinkiang ante la creciente condena internacional.
Si es verdad que se está liberando de estos represivos campos de detención a las personas uigures y de otras minorías predominantemente musulmanas, el gobierno chino tiene la obligación de demostrarlo.
De lo contrario, la afirmación de que ahora tienen ‘trabajo estable’ quienes han recibido la ‘formación’ implicaría un riesgo extremo de que estén sometidas a trabajos forzados.
Como mínimo, el gobierno debería permitir que expertos independientes de la ONU evalúen la situación y que las personas uigures y de otras minorías étnicas se comuniquen libremente con sus familiares en el extranjero. Hasta ahora se ha negado reiteradamente a hacerlo.
Ahora más que nunca es prácticamente imposible corroborar de manera independiente las afirmaciones del gobierno chino, con las restricciones extremas impuestas a la labor informativa en la región y los intentos de las autoridades de aislarla del mundo exterior.”
Información complementaria
Los medios de comunicación oficiales de China informaron el lunes de que todas las personas que participaban en programas educativos y formativos en Sinkiang ya se han “graduado”. Citaban a una autoridad del gobierno diciendo que todas las personas detenidas habían “logrado un empleo estable y mejorado su calidad de vida y estaban viviendo una vida feliz, con la ayuda del gobierno”.
Amnistía Internacional ha documentado una campaña gubernamental cada vez más intensa de internamiento masivo, vigilancia invasiva, adoctrinamiento político y asimilación cultural forzada contra las personas de etnias uigur y kazaja y de otros grupos étnicos predominantemente musulmanes que viven en Sinkiang. Las autoridades han justificado estas medidas extremas basándose en la necesidad de combatir lo que afirman que es “terrorismo” y garantizar la seguridad nacional.
Obligar a realizar trabajos a las personas internadas en “centros de reeducación” se consideraría trabajo forzado en virtud de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros convenios de derecho internacional.