En respuesta al anuncio de que se ha designado a Egipto para codirigir el examen de la Estrategia Global de la ONU contra el Terrorismo, Simon Crowther, asesor jurídico de Amnistía Internacional, ha manifestado:
“Esta medida sitúa a Egipto —país con un largo y atroz historial de abusos contra los derechos humanos— en perfecta posición para eliminar la disposiciones de la estrategia de la ONU contra el terrorismo que protegen los derechos humanos de la persona. Tendrá consecuencias catastróficas.
Esta medida sitúa a Egipto —país con un largo y atroz historial de abusos contra los derechos humanos— en perfecta posición para eliminar la disposiciones de la estrategia de la ONU contra el terrorismo que protegen los derechos humanos de la persona. Tendrá consecuencias catastróficas.
Simon Crowther, asesor jurídico de Amnistía Internacional
“Se ha tomado en el contexto de los intentos de Egipto de reducir a largo plazo la protección de los derechos humanos en general en el ámbito de la ONU, incluso con reiterados esfuerzos por alterar y menoscabar la capacidad de los expertos de derechos humanos de la organización para realizar su trabajo.
“Basta examinar el terrible historial interno de Egipto en materia derechos humanos para ver la verdadera magnitud de la amenaza que representa la medida. Las autoridades utilizan de manera habitual el pretexto de la lucha contra el terrorismo para detener de manera arbitraria a miles de opositores políticos, someterlos a desaparición forzada y tortura y violar su derecho a un juicio justo, así como para perseguir a quienes defienden los derechos humanos, incluso con represalias por relacionarse con las Naciones Unidas.”
Información complementaria
El 21 de noviembre de 2019 se seleccionó a Egipto y España para codirigir un examen de la Estrategia Global de la ONU contra el Terrorismo.
La próxima semana, el 27 de noviembre, Amnistía Internacional publicará un informe en el que se pone de relieve cómo la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado de Egipto hace uso indebido de la legislación antiterrorista para procesar a miles de personas que expresan pacíficamente opiniones críticas y violar su derecho a un juicio justo.