El gobierno de Sudán del Sur es un obstáculo para que las víctimas de crímenes contra la humanidad consigan justicia

De Alice Banens

“Los fiscales jamás presentarán cargos contra el gobierno, pues rinden cuentas ante él. Tampoco presentarán cargos contra los grupos armados de oposición, pues la actuación de estos grupos está fuera [del sistema de justicia], y cuando pisan Yuba lo hacen en virtud de algún acuerdo político que los protege de cualquier actuación procesal.”

Así describía un abogado de Sudán del Sur el sistema de justicia durante una visita de investigación que Amnistía Internacional realizó al país este año, y nadie lo ha desmentido.

Actualmente no hay ninguna perspectiva de que se consiga justicia en los tribunales de Sudán del Sur por los crímenes cometidos durante el conflicto, especialmente encarnizado, que comenzó con los combates entre el gobierno y los grupos armados de oposición en diciembre de 2013. Miles de personas han sido asesinadas y violadas por las fuerzas del gobierno y de la oposición, y millones se han visto obligadas a desplazarse, lo que ha causado un trágico desastre humanitario y la mayor crisis de refugiados del continente.

Haciendo gala de un gran cinismo, las autoridades se han asegurado de que, sean cuales sean las fuerzas que hayan perpetrado los crímenes, las víctimas no tengan a dónde acudir en busca de justicia y de reparaciones.

No se ha encausado a ningún presunto perpetrador de las altas jerarquías. Muy al contrario, los dirigentes del país están haciendo todo lo posible para evitar que se haga justicia y se rindan cuentas por estos crímenes. Haciendo gala de un gran cinismo, las autoridades se han asegurado de que, sean cuales sean las fuerzas que hayan perpetrado los crímenes, las víctimas no tengan a dónde acudir en busca de justicia y de reparaciones.

El presidente y sus aliados más cercanos controlan los tribunales ordinarios del país. Designan a fiscales que obedecen las órdenes del ejecutivo y —vulnerando las leyes de Sudán del Sur— no abren de oficio investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos cuando no existe ningún demandante. A veces se destituye a los jueces cuya actuación se considera contraria a los intereses del gobierno, mientras la vigilancia del Servicio de Seguridad Nacional (SNB) mantiene un clima de temor.

Los tribunales militares no son una opción viable para la rendición de cuentas. En primer lugar, según las leyes de Sudán del Sur no tienen jurisdicción sobre crímenes cometidos por militares contra civiles, aunque las órdenes presidenciales hicieron caso omiso de esta normativa en el caso del Hotel Terrain. En este enjuiciamiento —el único llevado a cabo por crímenes cometidos en el conflicto— 10 soldados de baja graduación fueron declarados culpables de la violación y la agresión sexual de varias trabajadoras de ayuda humanitaria y del asesinato de un periodista sursudanés, en un proceso judicial de dudosas garantías. En segundo lugar, los tribunales militares tampoco tienen independencia, pues sus decisiones deben ser confirmadas o rechazadas por el comandante en jefe, el presidente: un requisito legal que, irónicamente, sí se cumplió.

Ante ciertos acontecimientos demasiado importantes para negar que hubieran ocurrido o demasiado graves para ignorarlos, el presidente ha establecido comisiones de investigación especiales, cuyos resultados rara vez se hacen públicos y que no han dado lugar a enjuiciamientos.

En varias ocasiones, posiblemente cuando los acontecimientos eran demasiado importantes para negar que hayan ocurrido o demasiado graves para ignorarlos, el presidente ha establecido comisiones de investigación especiales. Lo hizo en respuesta al enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno y de la oposición en Yuba en diciembre de 2013; cuando se produjo el ataque a un campamento de la ONU donde se protegía a personas internamente desplazadas en Malakal en febrero de 2016; y ante la oleada de agresiones sexuales en Bentiu en noviembre de 2018. Sin embargo, los resultados de estas comisiones rara vez se hacen públicos y no han dado lugar a enjuiciamientos por crímenes perpetrados contra la ciudadanía de Sudán del Sur.

Ante la falta de voluntad política respecto a la rendición de cuentas y el control que el presidente ejerce sobre el sistema de justicia, ¿cómo pueden conseguir las víctimas justicia en su propio país? El gobierno y los líderes de la oposición hacen oídos sordos a las peticiones de justicia. Dos dirigentes en disputa lo dejaron claro en un artículo de opinión conjunto publicado en The New York Times en junio de 2016, titulado South Sudan needs truth, not trials (Sudán del Sur necesita verdad, no juicios).

Lamentablemente, esto significa que, a corto plazo, cualquier esperanza de que se haga justicia debe buscarse fuera de Sudán del Sur.

Lamentablemente, esto significa que, a corto plazo, cualquier esperanza de que se haga justicia debe buscarse fuera de Sudán del Sur. El acuerdo de paz de 2015 y su versión reforzada de 2018 contemplan la creación de un Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, instituido conjuntamente por el gobierno de Sudán del Sur y la Unión Africana. Se trataría de un tribunal “internacionalizado” compuesto por jueces de Sudán del Sur y de otros Estados africanos con el mandato de enjuiciar a personas responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes de derecho internacional o delitos tipificados por las leyes de Sudán del Sur. Pero este tribunal aún no se ha creado.

En abril de 2019, cuando millones de habitantes de Sudán del Sur soportaban una grave escasez de alimentos, el gobierno culpó a los donantes internacionales de no “poner dinero” para implementar el acuerdo de paz, y al mismo tiempo tuvo la desvergüenza de gastar 3,7 millones de dólares en contratar a una empresa dedicada al cabildeo radicada en Estados Unidos para, entre otras cosas, retrasar y en definitiva bloquear la creación del Tribunal Híbrido.

El gobierno de Sudán del Sur no deja otra opción a la Unión Africana, los Estados vecinos y otros actores internacionales que buscar vías fuera del país para que las víctimas del conflicto consigan justicia.

Se trata de un gobierno que, mientras gasta dinero en dinamitar el acuerdo de paz, culpa a otros Estados por no darle suficiente dinero para implementar ese mismo acuerdo. Un gobierno que se desentiende del sufrimiento de su población que se muere de hambre y gasta grandes cantidades para negarles la justicia. El gobierno de Sudán del Sur no deja otra opción a la Unión Africana, los Estados vecinos y otros actores internacionales que buscar vías fuera del país para que las víctimas del conflicto consigan justicia. La justicia para los habitantes de Sudán del Sur será un camino largo y difícil, pero la historia nos enseña que la justicia alcanza a quienes tratan de escapar de ella.

 

Alice Banens es asesora jurídica de Amnistía Internacional y coautora del nuevo informe de Amnistía Internacional “Do you think we will prosecute ourselves?”: No prospects for accountability in South Sudan.

Este artículo de opinión se publicó originalmente en el semanario The EastAfrican.