Desde que Vladimir Putin regresó a la presidencia en 2012, las nuevas leyes y políticas represivas y las represalias contra activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos han tenido un efecto paralizador en el fundamental trabajo de derechos humanos realizado en el país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe titulado Unfair Game: Persecution of Human Rights Defenders in Russia Intensifies, publicado hoy.
“Trabajar sobre los derechos humanos en la Rusia actual es como atravesar un campo de minas. Cada día constituye una nueva amenaza para quienes defienden los derechos humanos: palizas brutales a manos de agresores ‘desconocidos’ a quienes nunca se encuentra, procesamiento penal y encarcelamiento por un delito que no se ha cometido, parálisis económica mediante congelación de cuentas bancarias y multas desorbitadas, o atención intrusiva de los medios de comunicación contra familiares cercanos”, ha manifestado Natalia Prilutskaya, investigadora de Amnistía Internacional sobre Rusia.
Cada día constituye una nueva amenaza para quienes defienden los derechos humanos: palizas brutales a manos de agresores ‘desconocidos’ a quienes nunca se encuentra, procesamiento por un delito que no se ha cometido, parálisis económica mediante congelación de cuentas bancarias y multas desorbitadas, o atención intrusiva de los medios de comunicación contra familiares cercanos.
Natalia Prilutskaya, investigadora de Amnistía Internacional sobre Rusia
El informe expone la amplia gama de medios que las autoridades han utilizado en los últimos siete años para restringir, obstaculizar o detener el trabajo de derechos humanos en Rusia. Entre esos medios se encuentran la aprobación de nuevas leyes restrictivas, la persecución de defensores y defensoras de los derechos humanos y la aprobación de los ataques y amenazas contra activistas.
Según el informe, entre quienes más ataques reciben se encuentran quienes protegen los derechos humanos en Chechenia y los activistas LGBTI de Rusia, contra quienes se han registrado crueles agresiones. Por ejemplo, Igor Kochetkov, de San Petersburgo, cuya organización Red LGBT Rusa sacó a la luz los delitos cometidos contra hombres gays en Chechenia, recibió amenazas de muerte en enero de 2019 mediante un vídeo que se distribuyó en las redes sociales. Hasta el momento no hay ningún indicio de que la policía haya investigado el tema de manera efectiva.
Desde que el director del Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial, Oyub Titiev, fue detenido y encarcelado por posesión de drogas, en unos cargos de motivación política, en Chechenia ha sido casi imposible realizar trabajo de derechos humanos, multitud de activistas han abandonado su labor y los pocos que quedan actúan en su mayoría desde lugares lejanos. Estas restricciones han tenido un fuerte impacto en el resto del Cáucaso Septentrional.
“Pedimos a las autoridades que pongan fin a las represalias y las campañas difamatorias que se han convertido en su modus operandi, y que investiguen de manera imparcial y efectiva todos los delitos cometidos contra activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. También deben derogar las leyes excesivamente restrictivas que socavan el trabajo de las ONG, y deben cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por Rusia respecto a proteger a quienes protegen los derechos de otras personas”, ha manifestado Natalia Prilutskaya.