Ante los informes sobre la decisión del Tribunal Revolucionario, adoptada el 7 de septiembre, de imponer a cuatro periodistas y tres activistas de derechos laborales entre 6 y 18 años de cárcel y, en un caso, 74 latigazos por cargos falsos relacionados con la seguridad nacional, Philip Luther, director de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado:
Estas indignantes condenas sólo son las últimas impuestas por el cruel sistema de justicia iraní y ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades por los derechos de periodistas y trabajadores.
Philip Luther
“Estas indignantes condenas sólo son las últimas impuestas por el cruel sistema de justicia iraní y ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades por los derechos de periodistas y trabajadores.”
Pedimos a las autoridades iraníes que anulen estas injustas sentencias y crueles condenas y pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a estas siete personas.
Philip Luther
Estas personas están sufriendo persecución y castigo por su labor de defensa de los derechos humanos y por divulgar violaciones de derechos humanos. Es una vergonzosa injusticia que debe ser corregida. Pedimos a las autoridades iraníes que anulen estas injustas sentencias y crueles condenas y pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a estas siete personas.
La comunidad internacional —incluidos los Estados de la UE—, que mantiene un diálogo constante con Irán, debe redoblar sus esfuerzos y exigir a las autoridades iraníes que dejen inmediatamente de actuar contra periodistas y personas que defienden los derechos humanos y pongan fin a su campaña, cada vez más despiadada, para aplastar lo poco que queda de la sociedad civil iraní.”
Información complementaria
Según la información publicada en medios de comunicación, el 7 de septiembre, la Sección 28 del Tribunal Revolucionario de Teherán dictó sentencia contra siete personas detenidas en 2018 tras participar en manifestaciones pacíficas en favor de derechos laborales o tras documentar estas protestas y divulgarlas.
Entre estas siete personas se encuentran los activistas de los derechos laborales Esmail Bakhshi y Sepideh Gholian, detenidos en varias ocasiones en 2018 por participar en protestas pacíficas de trabajadores por el impago de salarios en la empresa de caña azucarera de Haft Tappeh, en la provincia de Juzestán, y por afirmar que habían sufrido torturas tras su primer arresto, en noviembre de 2018.
El tribunal condenó a Esmail Bakhshi a un total de 13 años y medio de prisión y 74 latigazos tras declararlo culpable de “propagación de mentiras”, “insultos al líder supremo” y “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”. A Sepideh Gholian y a los periodistas Amirhossein Mohammadifard, Sanaz Alahyari, Asal Mohammadi y Amir Amirgholi les impuso sendas penas de 18 años de cárcel tras declararlos culpables de “pertenencia a un grupo con el fin de alterar la seguridad nacional”, por su trabajo para la revista online Gam —que informa sobre cuestiones de justicia social, incluidos derechos laborales— así como de “difusión de propaganda contra el sistema” y “propagación de mentiras”.
De acuerdo con las normas de Irán sobre ejecución de las penas, que establecen que quien sea declarado culpable de tres o más delitos deberá cumplir la condena más larga de las impuestas por cada delito, cada uno tendrá que cumplir siete años de prisión. Por la misma razón, no es previsible que se ejecute la pena de flagelación impuesta a Esmail Bakhshi.
El Tribunal condenó al activista de derechos laborales Mohammad Khanifar a seis años de cárcel por “difusión de propaganda contra el sistema” y “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”.