El llamamiento a restablecer la pena de muerte incluido en el discurso del presidente Duterte sobre el estado de la nación no hará sino empeorar el clima de impunidad en el país en el contexto de la mortífera campaña del gobierno contra las drogas; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
“Los homicidios extrajudiciales siguen siendo muy habituales en Filipinas. Hablar de restablecer la pena de muerte para los delitos relacionados con drogas es abominable, y se corre el riesgo de agravar el actual clima de impunidad”, ha dicho Butch Olano, director de Amnistía Internacional Filipinas.
En el discurso que ha pronunciado hoy, el presidente Duterte pide al Congreso que restablezca la pena de muerte para los delitos relacionados con drogas. Aplicar la pena de muerte por delitos relacionados con drogas contraviene el derecho y las normas internacionales.
Los homicidios extrajudiciales siguen siendo muy habituales en Filipinas. Hablar de restablecer la pena de muerte para los delitos relacionados con drogas es abominable, y se corre el riesgo de agravar el actual clima de impunidad
Butch Olano, director de Amnistía Internacional Filipinas
Duterte ha expresado su apoyo a la pena de muerte semanas después del homicidio de una niña de tres años en una operación policial.
“El estado de nuestra nación es de duelo. No deberíamos enterrar a nuestros hijos entre redadas policiales mortíferas y mal planteadas”, dijo Butch Olano. “Este discurso fue una oportunidad perdida para hacer balance del trágico homicidio de la niña de tres años Myca Ulpina, y de miles más. El presidente abordó el asunto de las drogas pero no se enfrentó a la verdad. El país necesita un enfoque que ofrezca justicia a las familias de miles de víctimas de homicidio ilegítimo, y servicios médicos y sociales efectivos para quienes los necesiten.”
En el informe que ha publicado este mes, ‘They just kill’: Ongoing extrajudicial executions and other violations in the Philippines’ ‘war on drugs’, Amnistía Internacional muestra que la “guerra contra las drogas” del gobierno filipino sigue siendo una guerra criminal contra los pobres en la que se cometen abundantes homicidios —de personas pobres y marginadas en su mayoría— sin que se lleven a cabo investigaciones fiables, imparciales y eficaces sobre ellos. Sólo se ha dictado una sentencia condenatoria contra agentes de policía hasta la fecha, a raíz de la muerte por disparos de Kian delos Santos, de 17 años, en agosto de 2017.
“El homicidio de Kian se convirtió en el símbolo de los horrores de la ‘guerra contra las drogas’, y los fallos condenatorios de los agentes de policía fueron un pequeño paso hacia la justicia que merece la población filipina”, ha dicho Butch Olano. Ahora el país se tambalea con el trágico homicidio de Myca Ulpina. Sólo tenía tres años. Si esta tragedia no lleva al gobierno a cambiar de rumbo, será una prueba más de su flagrante desprecio por la vida humana.”
Myca Ulpina murió durante una operación policial llevada a cabo a finales de junio en la provincia de Rizal, en la que también resultó muerto un agente de policía. El gobierno sostiene que la niña fue utilizada por su padre como escudo humano durante una operación encubierta; la madre de la niña asegura que la policía irrumpió en el domicilio familiar sin orden judicial mientras la familia dormía.
El gobierno filipino ha reconocido al menos 6.600 homicidios cometidos por la policía, pero las pruebas apuntan a que muchas más personas han muerto a manos de desconocidos armados que probablemente estaban vinculados a la policía. Amnistía Internacional ha concluido que esta oleada de homicidios ilegítimos, muchos de los cuales fueron ejecuciones extrajudiciales, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La investigación de Amnistía Internacional ha demostrado que las familias tienen miedo a sufrir represalias de la policía si se atreven a alzar la voz.
Butch Olano
“El gobierno insiste en que las desconsoladas familias deben presentar demandas ante los tribunales si piensan que la policía ha actuado ilegalmente durante las operaciones antidroga”, ha afirmado Butch Olano. “Pero la investigación de Amnistía Internacional ha demostrado que las familias tienen miedo a sufrir represalias de la policía si se atreven a alzar la voz. Además, no disponen de informes policiales, fundamentales para sustentar sus acusaciones, y el coste de las actuaciones judiciales es prohibitivo para las familias sin recursos.”
“La guerra a los pobres emprendida por el gobierno no acaba con los homicidios. Somete a familias y comunidades enteras a un infierno en vida, y todo para proteger una política cruel y represiva que no hace nada para proteger a la población de los riesgos de las drogas”, ha explicado Butch Olano.
En su discurso sobre el estado de la nación, el presidente Duterte tampoco expresó el compromiso de su gobierno para cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que publicará un informe en junio de 2020 sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas —incluidos los homicidios ilegítimos perpetrados en el contexto de la “guerra contra las drogas”— conforme al mandato de una resolución adoptada este mismo mes por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Esta investigación de la ONU ofrece esperanza a los miles de familias que han perdido a seres queridos en la llamada ‘guerra contra las drogas’“, ha dicho Butch Olano. “Mientras las autoridades nieguen a estas familias su derecho a obtener justicia, la presión internacional sobre los artífices de esta campaña criminal seguirá creciendo.”