“El presidente de Sri Lanka Maithripala Sirisena debe detener inmediatamente su plan de ejecutar a cuatro personas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional está consternada por el anuncio del presidente Sirisena de que ha firmado la orden de ejecución de cuatro personas condenadas a muerte por delitos de drogas y de que serán ahorcadas en “un futuro próximo”.
Aunque el presidente confirmó haber firmado las órdenes, no se ha revelado ningún hombre ni se han divulgado detalles de ninguna ejecución prevista ni información sobre los casos. La falta de transparencia no permite saber con certeza si estas personas han agotado las peticiones de indulto ni si se han respetado todas las salvaguardias en la imposición de la sentencia condenatoria y de la condena. Tampoco se ha confirmado si se ha avisado a las cuatro personas afectadas o a sus familias de su ejecución inminente.
De llevarse a cabo las ejecuciones, sería la primera vez que Sri Lanka aplica la pena de muerte desde 1976.
“Nos indigna que el presidente haya firmado las primeras órdenes de ejecución dictadas en Sri Lanka en 43 años. De este modo va a borrar de un plumazo todos los avances que ha hecho el país para dejar de usar la pena cruel, inhumana y degradante por excelencia”, dijo Biraj Patnaik, director de Amnistía Internacional para Asia meridional.
Amnistía Internacional sabía con anterioridad que hay 13 personas presas en riesgo grave de ejecución inminente. No está claro si se han dictado y firmado también sus órdenes de ejecución o si lo serán en el futuro.
Las ejecuciones por delitos de drogas son ilegítimas, pues no cumplen el criterio de “los más graves delitos” —es decir, homicidio intencional— a los que ha de estar restringido el uso de la pena de muerte según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
“En un momento en el que otros países se han dado cuenta de la necesidad de reformar sus políticas de control de drogas y están tomando medidas para reducir el uso de la pena de muerte, Sri Lanka va en dirección contraria. Esto destruirá la reputación internacional del país; esperamos que el presidente Sirisena reconsidere su decisión”, concluyó Biraj Patnaik.
Los Estados tienen la obligación de garantizar que todas las actuaciones judiciales cumplen las normas internacionales de imparcialidad procesal, incluido el derecho a recurrir y a pedir un indulto, así como de asegurarse de que se notifica debidamente a las personas afectadas, a sus familias y a sus representantes legales de cualquier plan de llevar a cabo la ejecución.
Amnistía Internacional se opone rotundamente a la pena de muerte en todas las circunstancias. La organización de derechos humanos pide al gobierno de Sri Lanka que detenga sus actuales planes de ejecución y establezca la suspensión oficial de la aplicación de las condenas a muerte, con miras a abolir por completo la pena capital.
Información complementaria
Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones al presidente Sirisena que detenga sus planes de reanudar las ejecuciones, dejando claro que la pena de muerte no tiene un efecto disuasorio especial frente a la delincuencia. La organización de derechos humanos se opone rotundamente a la pena de muerte en todas las circunstancias, con independencia del delito cometido y del método de ejecución.
En el documento informativo Sri Lanka: Detengan los preparativos para reanudar las ejecuciones Amnistía Internacional pone de relieve que la pena capital se está empleando en Sri Lanka en circunstancias que violan el derecho y la normas internacionales; que, en otros países, carece de un efecto disuasorio especial frente a la delincuencia; que puede cobrarse la vida de personas declaradas culpables en juicios injustos, y que puede afectar de manera desproporcionada a personas pertenecientes a minorías o entornos socioeconómicos más desfavorecidos.
Sri Lanka es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece la abolición de la pena de muerte como objetivo que deben alcanzar los países que conservan todavía este castigo. En lugar de reanudar las ejecuciones, las autoridades de Sri Lanka deben tomar medidas para eliminar la pena de muerte de las leyes del país.