Según fuentes oficiales de Yirol, una mujer de 20 años ha sido asesinada en Sudán del Sur por negarse a casarse con el hombre que su familia había elegido para ella. Las letales consecuencias de este matrimonio forzado no hacen sino subrayar la necesidad de poner fin urgentemente a esta práctica, muy extendida en Sudán del Sur, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Obligar a alguien a casarse contra su voluntad es una clara violación de la propia Constitución de Sudán del Sur, así como de las obligaciones contraídas por este país en materia de derechos humanos.
Joan Nyanyuki, directora de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos
“Obligar a alguien a casarse contra su voluntad es una clara violación de la propia Constitución de Sudán del Sur, así como de las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por este país”, ha dicho Joan Nyanyuki, directora de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“Este tipo de matrimonios no sólo es ilegal, sino también inhumano, como el homicidio. Pedimos al gobierno que haga rendir cuentas inmediatamente a los responsables.”
En Sudán del Sur, muchas familias obligan a casarse a sus hijas por la dote, incluso a niñas menores de 18 años. En noviembre de 2018, una muchacha que tenía 16 o 17 años fue obligada a casarse tras una polémica subasta en Facebook. Según un estudio de 2017 realizado por UNICEF, el 52% de las muchachas de Sudán del Sur están casadas al llegar a los 18 años.
“La práctica patriarcal de obligar a niñas y mujeres jóvenes a casarse es una cruel manifestación de la gran desigualdad existente entre hombres y mujeres en Sudán del Sur. En vez de ser lideresas hábiles e inspiradoras y miembros de la sociedad, las mujeres y las niñas son tratadas como mercancías comunitarias”, ha dicho Joan Nyanyuki.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Sudán del Sur que tome medidas urgentes para terminar con el matrimonio precoz, el matrimonio forzado y el matrimonio infantil, y para garantizar que se exigen responsabilidades a las personas que perpetran esta atroz forma de violencia de género y violan las leyes del país. Los derechos de las mujeres y las niñas deben ser protegidos.