En respuesta a la noticia de que en Libia hay más de 700 personas refugiadas y migrantes atrapadas en el centro de detención de Qasr bin Ghasher, muy cerca de la zona de Trípoli que está siendo escenario de los intensos enfrentamientos armados, Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha afirmado:
“El gobierno libio debe sacar de inmediato a todas las personas migrantes y refugiadas de estos terribles centros de detención donde están recluidas ilegalmente y sufren atroces torturas y abusos. Las autoridades deben hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de estas personas —mujeres, hombres, niños y niñas— abandonadas sin acceso a comida, agua y otros suministros básicos en medio de la escalada de violencia en Trípoli y en las afueras de la ciudad.
El gobierno libio debe sacar de inmediato a todas las personas migrantes y refugiadas de estos terribles centros de detención donde están recluidas ilegalmente y sufren atroces torturas y abusos.
Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África
“Con su activo apoyo a las autoridades libias en sus iniciativas para poner fin a las travesías por mar y retener a las personas migrantes en Libia, los gobiernos europeos han contribuido a agravar esta crisis. La reanudación del conflicto en Trípoli demuestra una vez más que es fundamental que los Estados miembros de la UE garanticen rutas seguras de salida de Libia para las personas migrantes y refugiadas. Deben asimismo reconsiderar su apoyo a la Guardia Costera Libia, que ha trasladado a incontables personas migrantes y refugiadas a Libia, donde sufren detención arbitraria por tiempo indefinido, tortura, extorsión y violencia sexual, entre otras violaciones graves de derechos humanos.”
La reanudación del conflicto en Trípoli demuestra una vez más que es fundamental que los Estados miembros de la UE garanticen rutas seguras de salida de Libia para las personas migrantes y refugiadas. Deben asimismo reconsiderar su apoyo a la Guardia Costera Libia, que ha trasladado a incontables personas migrantes y refugiadas a Libia, donde sufren detención arbitraria por tiempo indefinido, tortura, extorsión y violencia sexual, entre otras violaciones graves de derechos humanos.
Magdalena Mughrabi
Información complementaria
El 4 de abril, el autoproclamado Ejército Nacional Libio, bajo el mando del general Khalifa Haftar, lanzó una ofensiva para tomar el control de Trípoli. Desde entonces se han intensificado los combates entre sus fuerzas y las milicias aliadas al Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia, internacionalmente reconocido.
Unas 3.000 personas migrantes y refugiadas están atrapadas en centros de detención de Abu Salim, Gharyan y Qasr bin Ghasher, cerca de la zona de los combates. Hasta la fecha, el ACNUR no ha podido facilitar la reubicación de 150 personas desde el centro de detención de Ain Zara hasta sus instalaciones de concentración y salida. El ACNUR ha afirmado que sus intentos de garantizar el traslado de personas refugiadas desde otros centros de detención se han encontrado con obstáculos relacionados con el acceso y la seguridad.
Al menos 18.250 personas se han visto desplazadas por los enfrentamientos armados, con 48 víctimas civiles confirmadas por las Naciones Unidas, incluidas 13 personas muertas y otras heridas.
El viernes 12 de abril, el ACNUR emitió un llamamiento urgente en favor de que las personas refugiadas y migrantes recluidas en los centros de detención quedaran en libertad de inmediato en vista del empeoramiento de la situación de la seguridad.
La Guardia Costera Libia ha devuelto al menos a 19 personas refugiadas y migrantes desde el estallido de la violencia en Trípoli.