Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí.

Los Estados miembros de la ONU deben exigir que las defensoras de los derechos humanos sean puestas en libertad en Arabia Saudí

Los Estados deben adoptar una postura clara contra las violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí uniéndose a una declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que se aborda la represión del gobierno contra activistas pacíficos, incluido un grupo de defensoras de los derechos humanos detenidas que se sabe que han sido torturadas y sometidas a abusos sexuales, ha dicho Amnistía Internacional.

Está previsto que en esta crucial declaración, que se realizará en la sesión del Consejo de Derechos Humanos del jueves, se aborde el uso por parte de Arabia Saudí de la legislación antiterrorista para perseguir a personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y reunión, así como el homicidio de Jamal Khashoggi.

“Esta iniciativa en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ofrece la oportunidad poco frecuente de que los Estados adopten una postura pública firme contra la serie de violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno de Arabia Saudí. Los Estados que permanezcan en silencio se arriesgan a abdicar de su responsabilidad en un momento crucial y enviar el peligroso mensaje de que Arabia Saudí puede continuar cometiendo atroces abusos sin tener que rendir cuentas por ello”, ha afirmado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Los Estados, incluidos los aliados fundamentales de Arabia Saudí, deben utilizar esta declaración conjunta para exigir la libertad inmediata e incondicional del grupo de defensoras de los derechos humanos detenidas y de todas las demás personas detenidas únicamente por criticar al gobierno.”

Los Estados que permanezcan en silencio se arriesgan a abdicar de su responsabilidad en un momento crucial y enviar el peligroso mensaje de que Arabia Saudí puede continuar cometiendo atroces abusos sin tener que rendir cuentas por ello.

Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos, Arabia Saudí debe mantener los estándares más elevados en cuanto a la promoción y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno se ha abstenido sistemáticamente de aplicar recomendaciones clave para abordar su terrible historial de derechos humanos.

La semana pasada, la fiscalía de Arabia Saudí anunció que había concluido sus investigaciones sobre los casos de un grupo de defensores y defensoras de los derechos humanos que llevaban detenidos sin cargos desde mayo de 2018, y que estas personas pronto serían acusadas formalmente y llevadas ante los tribunales.

Los cargos enumerados por el fiscal coinciden con los que, según la propia fiscalía, varias defensoras de los derechos humanos habían confesado el año pasado. Al menos 10 defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidas varias de las activistas, fueron sometidos a tortura, incluidos abusos sexuales, y a otros malos tratos durante los primeros tres meses que pasaron detenidos el año pasado, además de permanecer en régimen de incomunicación, sin acceso a familiares ni a asistencia letrada. Entre las defensoras de los derechos humanos detenidas en Arabia Saudí el año pasado figuran Loujain al Hathloul, Eman al Nafjan, Aziza al Yousef, Samar Badawi, Nassima al Sada, Shadan al Anezi y Nouf Abdulaziz.

Las autoridades saudíes han negado reiteradamente que ningún activista haya sido torturado.

“Las autoridades saudíes tienen un pésimo historial en lo que se refiere a garantías procesales. Hasta que sean puestos en libertad, Arabia Saudí debe permitir a organismos de observación independientes el acceso inmediato y sin trabas a los activistas detenidos para investigar estas impactantes denuncias de tortura”, ha afirmado Heba Morayef.

El homicidio del periodista Jamal Khashoggi es otro significativo ejemplo de hasta qué extremos están dispuestas a llegar las autoridades saudíes para reprimir la disidencia pacífica.

El gobierno de Arabia Saudí también ha restringido severamente la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, ha detenido a defensores y defensoras de los derechos humanos, clérigos y disidentes y ha pedido la ejecución de activistas y clérigos que se enfrentan a juicios manifiestamente injustos. A pesar de las limitadas reformas, las mujeres siguen sufriendo discriminación sistémica en la legislación y en la práctica bajo un represivo sistema de tutela.

“La comunidad internacional tiene la obligación de pedir responsabilidades a Arabia Saudí por su terrible historial de derechos humanos. Los miembros del Consejo de Derechos Humanos tienen la responsabilidad concreta de actuar colectiva y firmemente como primer paso hacia la rendición de cuentas de Arabia Saudí por su larga lista de deplorables abusos”, ha afirmado Heba Morayef.