El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe adoptar una resolución en la que establezca una visita internacional de investigación a Sin-kiang, la región de China donde hasta un millón de miembros de la comunidad musulmana túrquica están siendo detenidos arbitrariamente. Así lo ha manifestado un grupo de organizaciones no gubernamentales en una declaración conjunta dirigida a los Estados miembros de la ONU hoy.
China debe reconocer que sólo una visita internacional de investigación puede separar los hechos de la ficción y aclarar las cosas.
Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional
Durante el próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, del 25 de febrero al 22 de marzo de 2019, el Consejo examinará el informe final del examen periódico universal de China, celebrado en noviembre de 2018, en el que las autoridades chinas negaron las denuncias de violaciones graves de derechos humanos cometidas en Sin-kiang.
“La magnitud de los abusos presuntamente cometidos en Sin-kiang exige un escrutinio inflexible por parte del Consejo de Derechos Humanos —ha manifestado Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch—. La integridad del Consejo de Derechos Humanos exige que los Estados no permitan que China se oculte tras su pertenencia al Consejo o tras su poder económico para eludir la rendición de cuentas.”
Las autoridades chinas han recluido a uigures y a otros miembros de la comunidad musulmana túrquica —fuera de todo proceso legal— en campos de “educación política” por su presunta deslealtad al gobierno y al Partido Comunista Chino. En esos campos, estas personas son sometidas a adoctrinamiento político forzado, malos tratos y, en algunos casos, tortura, y son obligadas a renunciar a su fe. Numerosos expertos de la ONU, órganos de vigilancia de los tratados y el alto comisionado para los derechos humanos han expresado su honda preocupación por la situación en Sin-kiang, y han pedido acceso sin restricciones a la región.
China no ha respondido positivamente a estas peticiones. En diciembre y enero, el gobierno organizó visitas para algunos periodistas y diplomáticos a lo que calificó de simples “centros de formación profesional”. Tras esas visitas, los medios de comunicación estatales chinos afirmaron que los visitantes habían concluido que las condiciones eran “impresionantes” y que los detenidos estaban “con buen ánimo”.
“China ha tenido múltiples oportunidades a lo largo del último año para responder a las graves cuestiones en torno a la espantosa situación de Sin-kiang, y en todas las ocasiones han dado explicaciones que desafían la credibilidad —ha manifestado Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional—. China debe reconocer que sólo una visita internacional de investigación puede separar los hechos de la ficción y aclarar las cosas.”
La resolución propuesta instaría al alto comisionado para los derechos humanos a enviar una visita de investigación encargada de evaluar la situación e informar al Consejo de Derechos Humanos en su próximo periodo de sesiones. La resolución debe asimismo aplaudir la manifestación de voluntad de China de permitir el acceso de expertos internacionales, y subraya que dicho acceso debe ser independiente, sin restricciones y sin supervisión. Además, hay que recordar a China sus obligaciones, como miembro del Consejo de Derechos Humanos, de “aplicar las normas más estrictas [en materia de] derechos humanos” y “cooperar plenamente con el Consejo”.
La declaración ha sido emitida por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos y el Congreso Uigur Mundial, y cuenta con el respaldo de una amplia diversidad de organizaciones tanto de la región como del resto del mundo.
“El deterioro de los derechos humanos en el país es desde hace mucho un motivo de preocupación, pero esta situación es un punto de inflexión. Ningún país del mundo debe poder eludir las consecuencias de detener arbitrariamente a un millón de sus propios habitantes —ha manifestado Philip Lynch, director del Servicio Internacional para los Derechos Humanos—. Una resolución que ordene una visita de investigación es el mínimo indispensable que los miembros del Consejo de Derechos Humanos deben aprobar si se toman en serio su obligación de promover los derechos humanos.”
“La comunidad uigur y otras comunidades musulmanas llevan demasiado tiempo sufriendo una fuerte represión a manos de las autoridades chinas —ha manifestado Dolkun Isa, presidente del Congreso Nacional Uigur—. Ahora pedimos que el Consejo de Derechos Humanos actúe y revele la verdad.”