Activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial se enfrentan a detenciones arbitrarias, ataques y persecución por su trabajo, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
En un nuevo informe publicado hoy por Amnistía Internacional sobre el país —que preside hasta final de mes el Consejo de Seguridad de la ONU y se someterá al examen periódico universal (EPU) en mayo—, la organización pone de relieve que las autoridades no han respetado ni puesto en práctica los compromisos contraídos para garantizar que defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas trabajen en un entorno sin intimidación, acoso, violencia ni detenciones.
El presidente Teodoro Obiang Nguema, cuyo país actualmente preside el Consejo de Seguridad de la ONU, debería aprovechar esta oportunidad para demostrarle al mundo el compromiso de su gobierno con la mejora de su atroz historial de derechos humanos. Un primer paso sería que las autoridades investigaran de forma minuciosa, independiente, transparente y efectiva todas las amenazas y ataques contra activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, y llevaran ante la justicia a los presuntos responsables.
Marta Colomer, responsable de campañas de Amnistía Internacional para África Occidental
“Hace cinco años, las autoridades prometieron acabar con el hostigamiento, la intimidación y la detención de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y miembros de la oposición. Desgraciadamente, estas violaciones de los derechos humanos se siguen produciendo. Los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica se han ido reprimiendo progresivamente”, ha afirmado Marta Colomer, responsable de campañas de Amnistía Internacional para África Occidental.
“El presidente Teodoro Obiang Nguema, cuyo país actualmente preside el Consejo de Seguridad de la ONU, debería aprovechar esta oportunidad para demostrarle al mundo el compromiso de su gobierno con la mejora de su atroz historial de derechos humanos. Un primer paso sería que las autoridades investigaran de forma minuciosa, independiente, transparente y efectiva todas las amenazas y ataques contra activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, y llevaran ante la justicia a los presuntos responsables.”
En el informe se ponen de relieve varios casos de defensores y defensoras que han sufrido esta situación en los últimos cinco años, como Alfredo Okenve, vicepresidente del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID), a quien unos hombres armados sin identificar golpearon con palos y con las culatas de sus armas el 27 de octubre de 2018. Los agresores lo abandonaron en una zona apartada a las afueras de Bata (provincia Litoral), llevándose su teléfono móvil y su cartera con sus documentos.
Antes de la agresión, Alfredo Okenve y Enrique Asumu, presidente del CEID, habían sido detenidos e interrogados por el ministro de Seguridad Nacional, al día siguiente de que las autoridades impidieran a Asumu embarcar en un vuelo que hacía el trayecto desde la capital, Malabo, a la ciudad de Bata. Los activistas no fueron llevados ante un juez en el plazo de 24 horas, ni se presentaron cargos contra ellos en 72 horas, como dispone la ley, y al final quedaron en libertad.
Ramón Esono Ebalé, caricaturista y activista, cuyo trabajo se considera crítico con la situación de los derechos humanos en el país, lleva varios años viviendo en el extranjero. En agosto de 2017 regresó a Guinea Ecuatorial para renovar su pasaporte, y el 16 de septiembre fue detenido cuando salía de un restaurante con dos ciudadanos españoles.
Los tres fueron esposados y, tras confiscarles sus teléfonos móviles, fueron interrogados por más de una decena de agentes de seguridad, que les preguntaron por qué estaban en el país y que relación había entre ellos. Los dos ciudadanos españoles quedaron en libertad. El cargo de “falsificación de moneda” contra Ramón Esono se retiró después de que el principal testigo se retractara de su declaración contra él y admitiera que le habían pedido que lo acusara falsamente de actividades de falsificación. Ramón Esono quedó en libertad el 7 de marzo de 2018. No obstante, no pudo salir de Guinea Ecuatorial hasta el 28 de mayo de 2018, cuando recibió por fin su nuevo pasaporte.
El informe también documenta los ataques contra miembros de la oposición y activistas políticos. Figura entre ellos Joaquín Eló Ayeto, miembro del partido de oposición Convergencia para la Democracia Social, que ha sido detenido varias veces. El 29 de noviembre de 2016, el activista fue golpeado brutalmente por dos militares, tras haber publicado un artículo sobre la negativa de uno de ellos a pagar un peaje de carretera. Tras el incidente, Ayeto demandó a los dos militares. Un juez le dijo que sus artículos estaban dando una mala imagen al país, y después lo arrestaron y lo mantuvieron detenido más de un mes.
Durante los cinco primeros días de su detención estuvo en régimen de aislamiento. Cuando se reanudó el año judicial, el tribunal decidió dejarlo en libertad. Jamás le han dicho por qué fue detenido. El 27 de junio de 2017, Joaquín Eló fue detenido de nuevo, esta vez por participar en un acto exigiendo justicia por el asesinato de un joven taxista. Una semana después, quedó en libertad.
Es hora de que Guinea Ecuatorial cumpla sus obligaciones internacionales de derechos humanos, lo que incluye garantizar que se respetan plenamente los derechos de activistas y defensores y defensoras de estos derechos.
Marta Colomer
“Durante muchos años, el gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema se ha visto reiteradamente implicado en graves violaciones de derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Esto debe acabarse ya”, ha afirmado Marta Colomer.
“Es hora de que Guinea Ecuatorial cumpla sus obligaciones internacionales de derechos humanos, lo que incluye garantizar que se respetan plenamente los derechos de activistas y defensores y defensoras de estos derechos.”