La crisis de derechos humanos que desde hace unos años afecta a Venezuela ha destrozado la vida de millones de personas. Esto es lo que tienes que saber:
1. Protestas multitudinarias
Cabe rastrear el origen de gran parte de los disturbios actuales en Venezuela al 29 de marzo de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, con el respaldo del presidente Nicolás Maduro, tomó el control de la Asamblea Nacional, donde la mayoría de los escaños es de la oposición. Eso desató unas protestas multitudinarias entre abril y junio que fueron reprimidas por el gobierno de Maduro.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2018 se alcanzó el récord de 12.715 protestas en todo el país. Éstas han continuado en 2019, después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, convocara manifestaciones multitudinarias contra Maduro. Entre el 21 y el 25 de enero, hubo 1.023 manifestaciones en el país.
2. Uso excesivo de la fuerza
Entre abril y julio de 2017, murieron más de 120 personas, unas 1.958 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas en medio de protestas multitudinarias. En el informe de AmnistíaNoches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela, la organización reveló cómo las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados avalados por el gobierno irrumpieron violentamente en los hogares de personas para intimidarlas y así disuadirlas de participar en manifestaciones o cualquier otra forma de protesta.
Del 21 al 25 de enero, al menos 41 personas murieron en circunstancias vinculadas a las protestas multitudinarias, todas ellas por heridas de bala. Más de 900 personas fueron detenidas arbitrariamente, entre ellas 770 cuya detención arbitraria se denunció el 23 de enero. Amnistía Internacional documentó dos casos de personas que habían muerto, y una que había resultado herida de gravedad, a causa del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército.
3. Una política de represión
Aunque las autoridades estatales vienen aplicando una política sistemática de represión durante toda la crisis, las pautas recientes indican que ésta se está intensificando.
La investigación llevada a cabo recientemente por Amnistía Internacional mostró que las fuerzas de seguridad venezolanas bajo el mando de Maduro habían llevado a cabo ejecuciones selectivas a medida que se había ido ampliando su política de represión. Esta situación afectó especialmente a zonas empobrecidas de Caracas y otras partes del país, donde las víctimas fueron presentadas posteriormente como “delincuentes” muertos en enfrentamientos con las autoridades.
De las 41 víctimas muertas en el contexto de protestas a principios de 2019, Amnistía Internacional documentó seis ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad respaldadas por el Estado y uso excesivo de la fuerza por autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro.
En el informe de 2018 Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela, Amnistía reveló que las fuerzas de seguridad usaban medios letales, con intención de matar, contra las personas más vulnerables y socialmente excluidas del país so pretexto de “combatir la delincuencia”.
4. Menores de edad bajo custodia
Las autoridades del Estado vienen utilizando el sistema de justicia para acosar ilegalmente a quienes piensan de manera distinta a ellas. Según la organización venezolana Foro Penal, entre el 21 y el 31 de enero de 2019 fueron detenidas arbitrariamente 988 personas. Entre ellas había 137 niños, niñas y adolescentes, de los que 10 siguen bajo custodia. También se han recibido denuncias de tortura y otros malos tratos a personas detenidas. A 31 de enero de 2019, Foro Penal calculaba que había 942 personas detenidas por motivos políticos. Aunque desde entonces muchas han sido puestas en libertad, la mayoría siguen enfrentándose a juicio.
5. Civiles juzgados en tribunales militares
Las personas detenidas por participar en las protestas son juzgadas a menudo por tribunales militares, lo que es contrario al derecho internacional. Las personas enjuiciadas se enfrentan, entre otros, a cargos relativos a asociación con intención de instigar a la rebelión y ataque a un centinela, concebidos expresamente para personal militar, lo que es otra prueba más de la determinación de las autoridades de silenciar la disidencia. Según Foro Penal, 817 personas fueron juzgadas en tribunales militares entre abril de 2017 y enero de 2019.
6. Tres millones de personas refugiadas y migrantes
Se calcula que más de tres millones de personas han huido de Venezuela desde 2015, el equivalente al 10% de la población, según cifras de la ONU. La mayoría han buscado refugio en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. La mayor parte menciona la negación de sus derechos a la salud y a la alimentación como principal motivo para marcharse del país. En otras palabras, huyen para proteger su vida. Amnistía Internacional ha instado a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a que den a las personas refugiadas venezolanas acceso a los procedimientos para solicitar asilo en sus países.
7. La represión de la libertad de expresión
Ha habido numerosos informes de violaciones del derecho a la libertad de expresión, como la detención arbitraria y/o la expulsión de al menos 19 personas que trabajaban en medios de comunicación, tanto venezolanas como extranjeras. En enero de 2019, al menos 11 periodistas fueron detenidos en una sola semana, y muchos de ellos fueron expulsados o deportados de Venezuela, entre ellos, Jorge Ramos y su equipo de la cadena de TV Univisión. La censura y las órdenes de cierre de emisoras de radio son práctica generalizada. El gobierno cerró 50 medios de comunicación en 2017.
8. La debacle económica
Según la Asamblea Nacional, en 2018 la inflación fue de un impactante 1.698.488 %. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que, en 2019, la tasa de inflación anual alcanzará un 10.000.000 %. Mientras tanto, el salario mínimo oficial en Venezuela es de 6 dólares estadounidenses al mes. Y estos son los ingresos de una gran parte de la población. El resultado inevitable es que muchas personas no pueden costearse productos básicos.
La escasez de suministros básicos como comida y medicamentos ha dejado a millones de personas viviendo en condiciones alarmantes que empeoran cada día. Las medidas adoptadas por las autoridades estatales han afectado a los salarios y a los derechos de las personas trabajadoras. Hasta 2013, las autoridades venezolanas hicieron grandes progresos en el ámbito de los derechos económicos y sociales, pero esta tendencia se ha invertido categóricamente en los últimos años.
9. El gobierno lo niega
Nicolás Maduro ha negado en reiteradas ocasiones que el país esté experimentando una crisis de derechos humanos. Lo que es más perjudicial, se niega a reconocer la escasez de alimentos y medicinas. Las pocas estadísticas oficiales públicas sobre el bienestar de la población contrastan con los informes de organismos independientes.
Dado que las autoridades niegan que haya escasez, no han aceptado la ayuda humanitaria internacional que se ha ofrecido reiteradamente. Esto tiene un efecto catastrófico, sobre todo en las personas más vulnerables.
10. Sanciones estadounidenses perjudiciales
El 28 de enero, el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas que impiden que la compañía petrolera estatal venezolana exporte crudo a Estados Unidos, al mismo tiempo que prohíben a los proveedores estadounidenses vender los productos que Venezuela necesita para procesar sus crudos pesados. Dado que la economía venezolana depende en gran medida de la exportación de petróleo y que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Venezuela, es probable que estas medidas dificulten aún más la vida de las personas que viven en el país.